Se conoce como «Semana Santa de 1987» a una sublevación de miembros del Ejército Argentino bajo la conducción del teniente coronel Aldo Rico, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Fue el primero de un total de las cuatro sublevaciones «carapintadas», como se los conoció. Los sublevados exigían una amnistía que impidiera el enjuiciamiento de aquellos que habían cometido crímenes de lesa humanidad durante el régimen de terrorismo de Estado que había gobernado el país entre 1976 y 1983. Durante los cuatro días que duró la crisis, las Fuerzas Armadas mostraron que no estaban dispuestas a obedecer órdenes del gobierno constitucional para reprimir a los militares sublevados. En contraposición, millones de personas salieron a la calle en las ciudades argentinas, decididas a enfrentar el levantamiento y defender la democracia, mientras que todos los partidos políticos -y muy especialmente el peronismo y el radicalismo-, así como sectores sindicales, empresariales y estudiantiles, se movilizaron unitariamente para apoyar el gobierno democrático encabezado por el presidente Alfonsín. La sublevacion finalizó el domingo de Pascuas, sin derramamiento de sangre, cuando los sublevados depusieron sus armas, luego de recibir garantías de que el gobierno presentaría una Ley de Obediencia Debida cerrando los juicios -lo hizo dos semanas después-, de que el jefe del Ejército sería removido y reemplazado por otro más cercano a los sublevados, y que la sublevacion sería tipificado con la figura atenuada de «motín». La crisis finalizó con un discurso considerado histórico de Alfonsín ante la multitud reunida en la Plaza de Mayo, en el que dijo: «¡Felices Pascuas (…) la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina!»."¡Felices pascuas!" es la frase con la que comienza el discurso. Antes de darlo por finalizado dice "para evitar derramamiento de sangre di instrucciones, a los mandos del Ejército, para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos, dar gracias a Dios, la casa está en orden, y no hay sangre en la Argentina". Otras dos sublevaciones carapintadas se realizaron en enero y en diciembre de 1988 y el último se realizó en 1990.
Antecedentes En 1912 fue sancionada la ley de sufragio secreto y obligatorio para varones que permitió que en 1916 llegara al poder el primer gobierno democrático de la historia argentina, con la elección de Hipólito Yrigoyen, que inició el período conocido como «primeras presidencias radicales». El período fue interrumpido por el golpe de Estado cívico-militar de 1930 que derrocó a Yrigoyen y estableció en el poder a una dictadura. Fue el primero de una serie de golpes de Estado, e intentos de golpes de Estado, que se extendieron durante casi todo el , interrumpiendo todas las experiencias democráticas encabezadas por radicales (1930, 1962 y 1966) y peronistas (1955 y 1976). Los golpes de Estado fueron apoyados e incluso organizados y financiados por gobiernos extranjeros, principalmente Estados Unidos, en aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional durante la Guerra Fría.
La última dictadura tomó el poder mediante el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, autodenominándose «Proceso de Reorganización Nacional». Ejecutó un plan sistemático de terrorismo de Estado, a partir de una red de grupos de tareas y centros clandestinos de tortura y exterminio que tuvo como resultado miles de personas desaparecidas, asesinadas, violadas, torturadas, secuestradas y exiliadas, así como cientos de bebés sustraídos y privados de su identidad. En 1982 «el Proceso» colapsó como consecuencia de la derrota argentina en la Guerra de Malvinas y no pudo evitar convocar a elecciones libres en 1983. Pese a ello, el poder militar y sus apoyos civiles nacionales e internacionales continuaban intactos, al igual que el Plan Cóndor que coordinaba internacionalmente la represión ilegal, la Guerra Fría y la Doctrina de la Seguridad Nacional de Estados Unidos. Hasta 1985 todos los países fronterizos con Argentina estuvieron gobernados por dictaduras cívico-militares (Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). En esas condiciones, Raúl Alfonsín de la Unión Cívica Radical ganó las elecciones de 1983 y puso de inmediato en marcha una política de derechos humanos inédita internacionalmente, que anuló la ley de autoamnistía sancionada por la dictadura antes de irse, investigó detalladamente los crímenes de lesa humanidad cometidos y ordenó promover el juicio a los máximos jerarcas de la dictadura, en lo que se ha conocido como Juicio a las Juntas. A los fines de la investigación, Alfonsín creó la Conadep que recopiló miles de testimonios directos de crímenes de lesa humanidad y los publicó en un informe que lleva el título de Nunca más, que impacto fuertemente en la sensibilidad pública. En 1985 se realizó el Juicio a las Juntas, que concluyó con la condena de cinco de los nueve dictadores acusados; dos de ellos a cadena perpetua. La sentencia adoptó la doctrina jurídica penal que equipara la autoría mediata a la inmediata, ordenando enjuiciar a todos los autores mediatos e inmediatos de los delitos probados en juicio (punto 30 del fallo).
Factores de poder militar y civil, nacionales e internacionales, comenzaron a presionar de manera creciente a las autoridades democráticas para evitar los juicios, obtener la impunidad y neutralizar la adhesión de la opinión pública a la causa de los derechos humanos. El plan inicial de Alfonsín era abrir la instancia judicial solo para enjuiciar a las tres primeras juntas militares, sosteniendo una «teoría de los tres niveles de responsabilidad»: «los que habían dado las órdenes, los que la habían cumplido en un clima de horror y coerción, los que se habían excedido en el cumplimiento».. Pero la sentencia en el Juicio a las Juntas dio por tierra con ese plan y consagró el principio de que eran igualmente responsables los autores mediatos e inmediatos. Cientos de militares, policías y otras personas que cometieron crímenes de lesa humanidad fueron enjuiciados en 1985 y 1986.
Alfonsín entonces elaboró a fines de 1986 un proyecto de Ley de Punto Final que impuso un brevísimo plazo de sesenta días de caducidad de las acciones penales. La ley de Punto Final generó una fuerte oposición popular, liderada por las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, con manifestaciones callejeras de decenas de miles de personas. Por otra parte el efecto de la ley fue el opuesto al esperado, debido a que se presentaron cientos de denuncias, obligando a los jueces y fiscales a realizar las citaciones y acusaciones en el brevísimo plazo establecido. Más de 3600 personas, mayoritariamente militares, estaban involucrados en causas por crímenes de lesa humanidad.En 2022 la Procuraduría de la Nación contabilizó un total de 3.631 personas acusadas de crímenes de lesa humanidad, de los cuales 1023 habían fallecido y 396 habían sido desprocesados.
Así se llegó a 1987. En los primeros meses se produjeron varios hechos que mostraban un nerviosismo creciente en las Fuerzas Armadas. En febrero, el procesamiento del capitán Enrique Pedro Mones Ruiz generó un manifiesto público firmado por oficiales intermedios cuestionando los juicios por crímenes de lesa humanidad por afectar el honor y la dignidad de las Fuerzas Armadas. También en febrero de 1987 varios marinos procesados fueron recibidos como héroes en la poderosa base de la Marina en Puerto Belgrano, por la tropa y las máximas autoridades.
Desarrollo Preparativos El presidente Raúl Alfonsín estaba al tanto de que en las filas militares existían movimientos preparatorios de un levantamiento. En febrero de 1987 se realizó una cena entre militares, entre los que estaban los tenientes coronel Aldo Rico, Luis Polo, Enrique Venturino y Ángel León, en la que los oficiales juraron sublevarse cuando fuera citado a prestar declaración alguno de sus subordinados: «Si llaman a declarar a uno de los nuestros, nos plantamos todos», fue el compromiso. Rico era un «héroe de Malvinas», jefe de comandos, que no estaba involucrado en causas por violaciones de derechos humanos durante la dictadura y que había sido recientemente sancionado por escribir una carta reclamando una amnistía.
José Luis Vila, jefe del servicio de inteligencia paralela de Alfonsín, organizado por Enrique "Coti" Nosiglia, cuenta que ellos sabían que la habitación del Hospital Militar Central donde estaba el general Ramón Camps, ya condenado a cadena perpetua, se había convertido en una especie de oficina donde se recibían a los militares acusados por delitos de lesa humanidad, se le entregaba a cada uno 50 mil dólares y se le indicaba que si era citado por la justicia no se presentara a la citación y buscara refugio en algún regimiento.
Simultáneamente el 20 de febrero se realizó una reunión en la Quinta de Olivos para elaborar una estrategia para responder a una sublevación militar. El plan A consistía en destituir de inmediato al jefe militar que tenía el mando sobre los insurrectos y como Plan B se estableció cercar a los rebeldes con tropas leales, cortar los servicios de energía, gas, agua y víveres, desplegar una campaña de desprestigio en los medios de comunicación contra los amotinados y finalmente, atacarlos. La inminencia de un levantamiento militar llevó a Alfonsín a ordenar la confección de un proyecto que diera fuerza de ley a la teoría de los tres niveles de responsabilidad. El proyecto ya había sido elaborado por Horacio Jaunarena dos años antes (antes de ser ministro de Defensa) pero Alfonsín había ordenado su archivo cuando el diario Clarín reveló el proyecto y lo publicó en tapa.
La revista Cabildo, muy cercana a las posturas militares, en su número de marzo relataba la situación en estos términos:
El 23 de marzo Alfonsín dio un importante discurso en la localidad cordobesa de Las Perdices en el que denunciaba la actividad desestabilizadora de «los nazis de siempre», y anunciaba que en breve el gobierno presentaría un proyecto de ley para eximir de responsabilidad a aquellos autores de delitos de lesa humanidad que «debían cumplir órdenes en circunstancias tales que prácticamente constituían una coerción». A comienzos de abril, cuando era inminente su citación judicial, el mayor Ernesto Barreiro viajó de Córdoba a Buenos Aires por recomendación del coronel Polo, para reunirse con el teniente coronel Aldo Rico, para planear la sublevación. Miércoles 15 de abril
El miércoles 14 de abril de 1987 el entonces mayor Ernesto Barreiro decidió no presentarse ante la justicia en una causa en la que había sido denunciado como uno de los torturadores del centro clandestino de detención La Perla y buscó refugio en el Regimiento 14 de Infantería Aerotransportada ubicada en la Guarnición de Ejército Córdoba que se sublevó con el fin de evitar que Barreiro sea sometido a juicio penal. Exigía «una solución política a los juicios militares», que se apartara de lo que establecía el Código Penal. Barreiro había sido jefe de torturadores en centro clandestino de La Perla y sería dos décadas después condenado por cientos de asesinatos y torturas, e incluso por el robo de bebés. El año anterior se había descubierto en el interior de dicha guarnición una carga de dinamita colocada para asesinar al presidente Alfonsín, que horas después iba a pasar por ese lugar.
Inicialmente el gobierno evaluó que el incidente iba a ser controlado rápidamente, razón por la cual el presidente Alfonsín decidió trasladarse para pasar la Semana Santa en la estancia La Encarnación de la familia Bigatti, a 20 km de Chascomús, su ciudad natal. Cumpliendo con los planes preestablecidos para un caso similar, el ministro Horacio Jaunarena dispuso la baja de Barreiro y ordenó al general Antonio Fichera, comandante del III Cuerpo de Ejército con jurisdicción en Córdoba, que recuperara el regimiento.