La organización territorial de Chile corresponde a la división que se hace del territorio chileno con fines políticos y administrativos, según lo definido por la Constitución de 1980. Este cuerpo legal establece que el país corresponde a un estado unitario, cuya administración es funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada, en su caso, de conformidad con la legislación vigente. Los órganos del Estado deben promover el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional.
Para el gobierno y la administración interior del Estado, el territorio de la República de Chile se divide actualmente en 16 regiones, que a su vez se subdividen en 56 provincias; para los efectos de la administración local, las provincias se subdividen en 346 comunas.
A contar del 6 de septiembre de 2018, se agregó la región de Ñuble, capital Chillán, que está integrada por tres provincias —Diguillín, Itata y Punilla—. Esta nueva región se creó con la antigua provincia de Ñuble de la región del Biobío.Ley 21033 CREA LA XVI REGIÓN DE ÑUBLE Y LAS PROVINCIAS DE DIGUILLÍN, PUNILLA E ITATA Consultado el 07 de junio de 2018.
Historia
La división político-administrativa de Chile se ha caracterizado por una permanente evolución en el tiempo. Ya antes de la formación del país, la administración colonial estableció divisiones que permitieran administrar de mejor forma el territorio. Durante el , la Gobernación estuvo formada por 12 corregimientos, los cuales variaron en los años siguientes con la segregación de territorios hacia otras divisiones del Imperio español. En 1786, las reformas borbónicas reemplazaron los corregimientos por dos intendencias, Santiago y Concepción, subdivididas en partidos. Dentro de las primeras medidas del primer Congreso Nacional de 1811 fue crear una nueva Intendencia de Coquimbo.
Una vez alcanzada la independencia, diversos modelos de organización del nuevo país fueron propuestos e implantados brevemente. Durante los primeros años se mantuvo en gran medida la división de origen español, apenas con algunos cambios de nombres a cada unidad administrativa. La primera gran reforma vino de la mano de las Leyes Federales de 1826, que dieron origen a 8 provincias: Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé. Aunque el ensayo federalista duró unos pocos meses, sirvió de base para la propuesta de división de la Constitución de 1828.
thumb|left|Antiguo mapa de la Provincia de Atacama (creada en 1843) y sus cuatro departamentos: Chañaral, Copiapó, Freirina y Vallenar. La victoria en la guerra civil dio paso a la implementación de la Constitución de 1833, que se mantendría vigente por casi un siglo. La carta fundamental definió la división política del país en provincias, conformada sucesivamente por departamentos, subdelegaciones y distritos. El desarrollo del país, el crecimiento de la población y la importante expansión del territorio nacional a mediados del forzaron la creación de nuevas provincias y sus respectivas subdivisiones. Para apoyar los procesos de colonización en el sur del país, se crearon territorios de colonización como los de Llanquihue, Angol y Magallanes. Mientras los dos primeros duraron algo más de una década antes de convertirse en provincias, el último debió esperar varias décadas más. Por otro lado, la Guerra del Pacífico expandió el territorio chileno hacia el norte, por lo que se sumaron las nuevas divisiones de Tacna (1884), Tarapacá (1884) y Antofagasta (1888). En 1891, se promulgaron la Ley de Comuna Autónoma y el Decreto de Creación de Municipalidades de Chile, los que permitieron profundizar la descentralización y mejorar la administración local. Hacia el fin del , el país estaba dividido en 23 provincias, además del territorio de Magallanes.
La Constitución de 1925 no cambió la estructura administrativa del país. En 1928, sin embargo, un conjunto de decretos modificaron la distribución de los territorios, suprimiendo varias provincias y comunas-subdelegaciones. Como resultado, Chile estuvo dividido en 16 provincias y dos territorios de colonización (Aysén y Magallanes), que se convertirían en provincias en 1929. Ese mismo año, se resolvió la Cuestión de Tacna y Arica, disolviéndose la provincia de Tacna y quedando únicamente el departamento de Arica más parte de la parte del sur de la provincia de Tacna, en territorio chileno. Pese a que los decretos de 1928 intentaron reducir el número de provincias y departamentos, rápidamente estos fueron recreados y en una década se alcanzaron las 25 provincias, esquema que se mantendría con algunas variaciones hasta 1974.
La regionalización thumb|right|Mapa de las tres áreas en que se divide el territorio chileno:En azul: Chile continental.En rojo: Chile insular.En verde: Chile antártico. thumb|Las dieciséis regiones que conforman actualmente Chile, con el número romano utilizado históricamente para designarlas. La Región Metropolitana nunca tuvo asignado un número, siendo abreviada «RM».
A mediados del , diversas instituciones pensaron ideas para reformar la división administrativa, de forma tal de hacerla más simple y eficiente. En 1950, la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) propuso seis macrorregiones, siguiendo criterios geográficos: el Norte Grande, el Norte Chico, el Núcleo Central, Concepción y La Frontera, la Región de Los Lagos y la Región de Los Canales. Esta propuesta pretendía potenciar el desarrollo económico, al unificar territorios con cierta homogeneidad en recursos naturales, población y vocación económica.
En 1964, el presidente Eduardo Frei Montalva propuso una reforma constitucional que impulsara la redistribución del ordenamiento político-administrativo del país, agrupando provincias en zonas o regiones, siguiendo criterios geoeconómicos y demográficos. La reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero no logró ser despachada de la comisión del Senado en que entró. En 1969, la Oficina de Planificación Nacional (Odeplan) continuó con esta iniciativa y generó una propuesta de 12 regiones, que agrupaban a las provincias existentes en esa época, dejando un área metropolitana especial para la provincia de Santiago. El objetivo era generar polos de desarrollo económico y social. La propuesta de la Odeplan fue aprobada en el Decreto Supremo 1104, pero nunca fue aplicado sistemáticamente por otras instituciones gubernamentales.
Tras el golpe de Estado de 1973, la Junta Militar de Gobierno definió como una de sus prioridades el establecimiento de una “nueva institucionalidad”, en el marco de la cual se puso prioridad desde un comienzo a una reforma administrativa del Estado. Para liderar ese proceso, fue instaurada la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa (CONARA) el 17 de diciembre de 1973. Las bases del proceso de regionalización promovían “una nueva división político-administrativa del territorio nacional con el objeto de posibilitar la planificación del desarrollo”, y para ello se estableció una estructura conformada por regiones y provincias para el gobierno y administración interiores del Estado, mientras las provincias se dividirían en comunas para la administración local. La creación, modificación y supresión de estas regiones, provincias y comunas serían materia de ley, mientras que se permitía la creación de “áreas metropolitanas” con regímenes especiales de gobierno y administración.
La Junta Militar proclamó en julio de 1974 la nueva división del país, fusionando algunas de las antiguas provincias para dar origen a 12 regiones y un “Área Metropolitana de Santiago”. Cada una de las doce regiones fueron denominadas con ordinales escritos en números romanos, siguiendo el orden geográfico de norte a sur, desde la I Región a la XII Región, en el extremo austral. Entre noviembre de 1975 y enero de 1976, se estableció la división de las regiones en provincias y el área metropolitana se convirtió en la Región Metropolitana de Santiago. Las regiones agregaron un nombre propio recién a fines de 1978. En 1979, nuevos ajustes crearon cinco nuevas provincias, modificaron los límites regionales y provinciales, y además cambiaron la división comunal del país.
La nueva división del país en regiones, provincias y comunas, que comenzó a regir en 1976, dura hasta la actualidad. Desde 2005, la creación, supresión y denominación de regiones, provincias y comunas, la modificación de sus límites y la fijación de las capitales de las regiones y provincias son materia de ley orgánica constitucional. Si bien varias comunas han sido creadas luego de la regionalización, pocos cambios se han realizado a la estructura de regiones y provincias; la excepción fue en 2007, cuando nacieron las regiones de Arica y Parinacota y Los Ríos, creando además dos nuevas provincias.
El 30 de julio de 2007, se publicó la ley 20193, que reformó la Constitución de Chile, estableciendo a la isla de Pascua y al archipiélago de Juan Fernández como «territorios especiales», cuyo gobierno y administración deben ser determinados por un estatuto especial, contemplado en la ley orgánica constitucional respectiva, por dictarse. Mientras no entren en vigencia tales estatutos, dichos territorios continuarán rigiéndose por las normas comunes en materia de división político-administrativa y de gobierno y administración interior del Estado.
Estructura actual Regiones thumb|250px|Edificio del Gobierno Regional del Biobío, ubicado en la capital regional, Concepción.
La región es la máxima unidad administrativa en que se divide el país. Fue creada durante el proceso de regionalización llevado a cabo a mediados de los años 1970, reagrupando a las antiguas provincias. Doce regiones fueron ideadas originalmente, a las que se sumó la Región Metropolitana de Santiago en 1976, junto a la implementación de la reforma administrativa ese mismo año. En 2007 se crearon dos nuevas regiones (Arica y Parinacota y Los Ríos) a partir de la división de otras dos (Tarapacá y Los Lagos respectivamente), estableciéndose así 15 regiones en el país. En 2017, a partir de la división de la Región del Biobío, se crea la Región de Ñuble, la cual entró en vigencia en 2018 aumentando el total de regiones a 16.
El gobierno de la región reside en el Delegado presidencial regional de Chile, que nombra el propio Presidente de Chile, siendo de su exclusiva confianza. Los ministerios (salvo los de Interior, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Secretaría General de la Presidencia) están desconcentrados a nivel regional, siendo representados por secretarios regionales ministeriales (Seremis). Estos seremis integran el llamado “gabinete regional”, presidido por el Delegado presidencial regional de Chile
La administración de la región, en tanto, está radicada en el gobierno regional, constituido por el Gobernador regional de Chile, que desde 2021 se elige por voto popular es responsable del desarrollo social, cultural y económico de la región, y también tendrá atribuciones en los ámbitos de planificación, presupuesto, administración y territorio. y quien preside el consejo regional. Este consejo regional es el encargado de hacer efectiva la participación de la ciudadanía en la administración de la región. Hasta 2013, los consejeros que conforman este organismo fueron seleccionados por elección indirecta, a través de los concejales electos democráticamente por la ciudadanía. Una reforma constitucional cambió ello, y desde 2014 los consejeros regionales son electos directamente cada cuatro años. El número de consejeros varía por región según su número de habitantes, yendo desde los 14 hasta los 34 consejeros que tiene la región más poblada.
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