La huelga de hambre en la corte Penal Internacional inició el 31 de agosto de 2025 cuando los activistas venezolanos Mario José de Nigris León, Jhon Manuel Cáceres Morillo, Laura Angélica García y Víctor Guerrero Alcántara iniciaron una huelga de hambre frente a la sede de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, con el objetivo de presionar a la institución para que acelere las investigaciones sobre acusaciones de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, cometidos durante el régimen de Nicolás Maduro.
La huelga concluyó tras 12 días continuos el 12 de septiembre de 2025, cuando los fiscales de la CPI encargados en el caso de Venezuela, sostuvieron una reunión confidencial con los cuatro venezolanos, tras la conversación en las que sus exigencias y denuncias fueron escuchadas, los activistas anunciaron el fin de la huelga, aseguraron que el tribunal confirmó el avance de las investigaciones del caso Venezuela y prometió incorporar la voz de las víctimas en el proceso.
Cronología
31 de agosto - 1 de septiembre El trío de activistas venezolanos, conformado por Mario José de Nigris León, Jhon Manuel Cáceres Morillo y Laura Angélica García Contreras, pertenecientes a la Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU), se declararon en huelga de hambre en la CPI. Los manifestantes levantaron una tienda de campaña en las inmediaciones de las oficinas de la CPI en La Haya, rodeada de pancartas con mensajes que denuncian la «impunidad estructural en Venezuela». Protestaban por el estancamiento del tribunal internacional en el caso de Venezuela I, que ya acumula 8 años sin ningún avance significativo.
Prometieron que se negarían a comer hasta lograr sus objetivos, entre los que se encontraban: la agilización de las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde febrero de 2014, la formación de una comisión en Caracas que se reúna con las familias de presos políticos venezolanos, la orden de captura de Nicolás Maduro y de varios líderes de chavistas acusados de violar derechos humanos y obtener la atención de la comunidad internacional ante la falta de avances judiciales.
La protesta iniciada el 31 de agosto se da en momentos en que la CPI atraviesa una crisis de confianza en América Latina tras la separación definitiva de su fiscal jefe, Karim Khan de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, por un posible «conflicto de intereses».
3 de septiembre Un cuarto venezolano, Víctor Guerrero Alcántara, decidió unirse a la huelga de hambre, así lo anunció la ONG Stichting Venezolaanse Vluchtelingen. Víctor, quien afirma también ser ciudadano neerlandés, aseguró que su razón para sumarse a la huelga era el «aparente silencio de la CPI» y el retraso de varios años en el caso de Venezuela. Insistió en que no abandonaría el lugar hasta que él y los otros tres sean escuchados por la CPI.
En una carta difundida el 3 de septiembre a la 1:05 pm, se informó que el estado de salud de los tres huelguistas era «crítico», debido a que han mostrado «deterioro físico y una debilidad creciente» después de 207 horas sin comer. La ONG indicó que la CPI no ha respondido a la solicitud de los manifestantes y que la Cruz Roja Internacional «se negó a brindarles atención médica» tras cumplir tres días en huelga de hambre.
6 de septiembre Los cuatro activistas cumplieron seis días en huelga de hambre sin recibir respuesta por parte de la CPI, la ONG Fundación para los Refugiados de Venezuela aseguró que «han soportado lluvias, sol y fuertes vientos. Lo que hace aún mayor la urgencia de ser escuchados». Laura García, Jhon Cáceres y Mario de Nigris, cumplían así 210 horas desde que iniciaron la protesta frente a la CPI, mientras que Víctor Guerrero lleva más de 51 horas dentro de la protesta pacifica.
7 de septiembre Los activistas pidieron el apoyo y la fuerza de todos los venezolanos a través de oraciones. Dijeron que «después de siete días han tenido la capacidad de resistir y seguirán resistiendo». La juez penal y exmagistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Blanca Rosa Mármol criticó en sus redes sociales la falta de respuesta por parte de la CPI ante la protesta de los venezolanos.
8 de septiembre Los activistas, después de soportar más de 190 horas de hambre, reportaron mareos, dolores de cabeza y alteraciones en la presión sanguínea. Además de los efectos físicos, los venezolanos tuvieron que enfrentar intentos de hostigamiento por parte de funcionarios de seguridad de la CPI, quienes trataron de desalojarlos, aunque la policía neerlandesa lo impidió. También denunciaron que les han quitado la luz pública en la noche y limitado el acceso a servicios básicos. Personas que se identificaron como representantes de la Embajada de Venezuela en Países Bajos los fotografiaron y llamaron «apátridas». Asimismo, manifestaron que la Cruz Roja se «negó a brindarles atención médica, argumentando que no actúa en casos de huelga de hambre». La protesta transcurre en medio del otoño, con lluvias y vientos constantes que derribaron sus toldos. Pese a las dificultades, reiteraron que no abandonarán la protesta hasta ser escuchados por representantes del tribunal internacional.
10 de septiembre Los venezolanos acusaron a la CPI de responder a su huelga con «represión», denunciaron que el tribunal internacional les «cortó la electricidad y mandó a la policía en varias ocasiones para intentar desalojarlos»; en una entrevista publicada en YouTube, el huelguista Mario José de Nigris, dijo que la salud del grupo estaba muy mermada debido a la perdida de kilos, incluso, tenía problemas para poder hablar. Pero, «seguían firmes en sus exigencias», según declaraciones de Mario en la entrevista.
11 de septiembre La ONG Un Mundo Sin Mordaza hizo un llamado urgente a la CPI y a la Cruz Roja para que atendieran a los cuatro venezolanos apostados frente a la sede del tribunal. En una publicación en sus redes sociales, expresó su preocupación por la salud de los venezolanos que «arriesgan su vida exigiendo justicia por crímenes del régimen y libertad de presos políticos», escribió.
12 de septiembre Representantes de la CPI salieron de las oficinas del tribunal internacional para sostener una reunión de carácter confidencial con los activistas, en donde la mayoría de detalles se mantuvieron en secreto. Finalizada la reunión, la vocera del grupo anunció el fin de la huelga de hambre después de 12 días continuos. En un comunicado, los activistas revelaron que entregaron a los representantes de la CPI un documento en el cual exponían todas sus exigencias. David Cáceres, uno de los líderes del movimiento, aseguró que «la CPI reconoció la legitimidad de sus reclamos». Los representantes habrían prometido avances en el caso de Venezuela I y crear canales de comunicación entre la sociedad venezolana y la CPI, donde, junto con otros actores de la sociedad civil, serían incorporados para garantizar que las voces de las víctimas sean escuchadas en este proceso. A pesar de este logro, los activistas destacaron que la suspensión de la huelga no significa el fin de su causa.
Véase también
Referencias
Enlaces externos
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