La administración de Federico Gutiérrez en Medellín (2016-2019) fue el período de gobierno municipal que inició el 1 de enero de 2016 y finalizó el 31 de diciembre de 2019, tras la victoria electoral de Federico Gutiérrez Zuluaga en las elecciones locales de 2015, en las que se convirtió en el primer alcalde de la ciudad elegido por firmas ciudadanas y no por un partido político tradicional.

Al asumir el cargo, Gutiérrez se enfrentó a una ciudad con desafíos significativos en materia de seguridad, pobreza y movilidad. La tasa de homicidios en 2015 se situó en 20,13 por cada habitantes, la más baja en 40 años, aunque seguía siendo crítica. La incidencia de la pobreza multidimensional era del y la tasa de desempleo del .

Su administración se enmarcó en el Plan de Desarrollo Medellín cuenta con vos, estructurado en siete dimensiones estratégicas: cultura ciudadana, seguridad y convivencia, equidad social, educación y empleo, movilidad sostenible, intervención del territorio y medio ambiente; 25 retos, 97 programas y 406 proyectos, con una inversión total cercana a los 17 billones de pesos colombianos. El plan incorporó la medición del Índice de Felicidad Integral (IFI) como ejercicio alternativo de evaluación del desarrollo, aunque fue criticado por Medellín Cómo Vamos por considerar que «maximizar la felicidad no puede ser el objetivo de las políticas públicas».

La principal prioridad de inversión fue la educación, que concentró el del presupuesto, seguida del transporte () y la salud (). El sector educativo recibió más de 5 billones de pesos durante el cuatrienio, y la ciudad logró mejorar su calificación en la evaluación del Ministerio de Educación Nacional, pasando de 3,29 a 4,86. En movilidad, se ejecutaron grandes proyectos como el la línea T o Tranvía de Ayacucho del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá, la línea línea P del mismo o Metrocable Picacho y la línea O de Metroplús, aunque Medellín Cómo Vamos señaló que las metas de tiempo de desplazamiento y distribución modal eran de mantenimiento, cuestionando la efectividad de la inversión.

En materia de seguridad, Gutiérrez hizo de este tema su «bandera» de gobierno y desplegó una estrategia de «mano dura» que incluyó la implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia (PISC), la inversión en tecnología cámaras de vigilancia, drones y cámaras y el fortalecimiento de la inteligencia policial. Sin embargo, los resultados fueron mixtos: entre 2015 y 2016, el homicidio aumentó un , de 496 a 536 casos, y el hurto a personas creció un , de a casos. A octubre de 2018, la tasa de homicidios había aumentado a 24,71 por cada habitantes, muy por encima de la meta de 15 fijada en el Plan de Desarrollo.

La administración de Gutiérrez también estuvo marcada por varios escándalos y controversias. El más grave fue el caso del entonces secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, quien fue capturado en 2017 y condenado a 33 meses de prisión por vínculos con la banda criminal la «Oficina de Envigado», a la que entregaba información privilegiada a cambio de resultados de seguridad. Villegas fue declarado culpable de concierto para delinquir agravado, abuso de función pública y abuso de autoridad. El caso despertó serios interrogantes sobre la política de «mano dura» y los mecanismos de selección del gabinete de seguridad de Gutiérrez.

Otro episodio controversial fue el conocido como «La bodega de Fico», una investigación del periódico universitario De la Urbe de la Universidad de Antioquia que reveló la creación de una red de cuentas falsas en Twitter para defender la imagen del alcalde y atacar a sus opositores políticos, especialmente a Gustavo Petro. La investigación fue galardonada con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 2018.

En el ámbito de la planeación urbana, los macroproyectos de infraestructura generaron afectaciones a moradores en varios barrios de la ciudad. La construcción del Tranvía de Ayacucho, el Metrocable Picacho, el Puente de la Madre Laura Montoya y el Túnel de Occidente dejaron a más de personas afectadas, según un estudio de Kavilando (2018), que documentó irregularidades en los procesos de avalúo, expropiación y reasentamiento de familias en las comunas 8 Villa Hermosa, 9 Buenos Aires y 10 La Candelaria, así como en el corregimiento de San Cristóbal.

Al finalizar su mandato, Gutiérrez logró un alto nivel de aprobación ciudadana, con niveles de favorabilidad cercanos al según la encuesta de Gallup de julio de 2018. El Índice de Gobierno Abierto (IGA) se ubicó en 89,6 puntos, superando la meta de 88 puntos, y Medellín fue reconocida como una de las ciudades con mejores prácticas en transparencia a nivel nacional. Sin embargo, persisten desafíos en materia de seguridad, convivencia, movilidad sostenible y equidad social, como lo evidencian los análisis de Medellín Cómo Vamos y otros observatorios ciudadanos.

Situación previa

Contexto político

Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga asumió la Alcaldía de Medellín el 1 de enero de 2016, sucediendo a Aníbal Gaviria Correa, quien gobernó la ciudad entre 2012 y 2015. Gaviria, miembro del Partido Liberal Colombiano, llegó al cargo con el respaldo de una coalición de varios partidos.

Las elecciones locales de 2015 marcaron un hito en la política de Medellín. Por primera vez, un candidato avalado por firmas ciudadanas y no por un partido político tradicional resultó elegido alcalde. Gutiérrez, quien se presentó bajo el movimiento ciudadano Creemos Colombia, se impuso por un estrecho margen de votos, un de diferencia, sobre su principal contendiente, el candidato del Centro Democrático, Juan Carlos Vélez. Este resultado reflejó una ciudad dividida y se enmarcó en el contexto nacional de 2015, donde los movimientos ciudadanos ganaron en varias ciudades principales, mostrando un desgaste de los partidos tradicionales.

Indicadores socioeconómicos

Al iniciar el mandato de Gutiérrez Zuluaga, Medellín enfrentaba desafíos económicos significativos. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo en la ciudad para 2015 se ubicó en el , tras haber aumentado desde el en 2014. Aunque Medellín registraba una de las tasas más bajas de empleo informal del país, la economía informal seguía siendo un fenómeno estructural.

En cuanto a la pobreza, la incidencia de la pobreza multidimensional en Medellín para 2014 era del , una cifra que mostraba la persistencia de brechas sociales.

El producto interno bruto (PIB) de Antioquia, cuyo principal motor es Medellín, creció un en 2015 y alcanzó los 109,38 billones de pesos colombianos.

Orden público

Al iniciar el mandato en 2016, la situación de orden público en Medellín se caracterizaba por la presencia consolidada de estructuras criminales con control efectivo sobre el territorio. Según un informe de la Defensoría del Pueblo de 2020, cerca de 140 organizaciones armadas ejercían control sobre aproximadamente el del territorio de la ciudad. Estas organizaciones, muchas con más de cuatro décadas de existencia, contaban con un soporte de relevo generacional en familias que aportaban más de tres generaciones a la ilegalidad.

El principal actor criminal era la Oficina de Envigado, cuyo accionar continuaba siendo el principal factor de riesgo de vulneración de los derechos humanos en el municipio. La Alerta Temprana N° 032-2020 identificó un riesgo inminente en 66 barrios de 7 comunas y en tres corregimientos, donde se registraron doce conflictos violentos entre actores armados durante 2018 y 2019 en las comunas 5 Castilla, 7 Robledo, 8 Villa Hermosa, 10 La Candelaria, 12 La América, 13 San Javier y 16 Belén, así como en los corregimientos de Altavista, San Antonio de Prado y San Cristóbal.

Los principales grupos poblacionales afectados eran los niños, adolescentes y jóvenes la mitad de las víctimas de , líderes sociales y defensores de derechos humanos (amenazados), sectores productivos como el transporte y el comercio (extorsionados), mujeres (víctimas de feminicidios y violencia sexual) y la población migrante venezolana (víctima de amenazas y desplazamiento). La Alerta Temprana estimaba que personas se encontraban en situación de riesgo.

El occidente del Valle de Aburrá funcionaba como una ruta internacional del narcotráfico, mientras que el oriente era una ruta nacional hacia el centro del país. La geografía de la ciudad de su territorio es de ladera, con asentamientos informales proliferados desde la década de facilitaba el control territorial de los grupos armados y dificultaba el acceso institucional.

En 2015, la tasa de homicidios en Medellín se situó en 20,13 por cada habitantes, la más baja en 40 años, aunque seguía siendo un indicador crítico.

Transición

Empalme institucional

El proceso de empalme entre el alcalde saliente, Aníbal Gaviria, y el alcalde electo, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, inició formalmente el 3 de noviembre de 2015, con el acompañamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública. La primera reunión se describió como «muy positiva».

El proceso se extendió por veinte días continuos, durante los cuales las comisiones se reunieron en veintitrés ocasiones, acumulando 116 horas de trabajo. Se realizaron dos sesiones especiales para abordar la situación social y financiera de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y los retos del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial.

Posesión

Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga se posesionó como alcalde de Medellín el 1 de enero de 2016. Fue el primero de la ciudad elegido por firmas ciudadanas y no por un partido político tradicional. Durante su discurso de posesión, manifestó que Medellín debía pasar de la «esperanza a la confianza», que la ciudad debía dejar atrás «la herencia maldita del narcotráfico» y que «la seguridad no es de izquierda ni de derecha, es un derecho que debemos garantizar».

Primeras decisiones

Una de sus primeras acciones fue anunciar su intención de eliminar las vicealcaldías de Medellín, creadas en 2012 por la administración de Aníbal Gaviria. Gutiérrez calificó estas dependencias como «la mayor burocracia de Medellín» y aseguró que radicaría un proyecto de acuerdo en el Concejo para su abolición. La medida fue aprobada por el Concejo de Medellín en abril de 2016.

También se mostró inconforme por la adjudicación del segundo tramo de Parques del Río por 160 mil millones de pesos, realizada por su antecesor durante los últimos cuatro días de su mandato. Gutiérrez afirmó que, aunque Parques del Río no era «un mal proyecto», tampoco era «la gran prioridad», y cuestionó la vinculación de EPM en el mismo. Miembros de su bancada en el Concejo sugirieron que solo se ejecutaran los tramos 1A y 1B.

Su primer acto de gobierno fue encabezar un consejo de seguridad, el cual se realizó al día siguiente de su posesión, el 2 de enero de 2016. Durante su discurso de posesión, Gutiérrez había anunciado que la seguridad sería su prioridad y que este consejo sería su primera acción de gobierno, afirmando que «la seguridad no es de izquierda ni de derecha, es un derecho que se va a garantizar».

Organización administrativa

La administración de Gutiérrez se organizó sobre la estructura municipal definida por el Decreto 883 de 2015, que adecuó la organización de la Alcaldía de Medellín y las funciones de sus dependencias y entidades.

Despacho del alcalde

El despacho del alcalde concentró la dirección de la administración municipal. Gutiérrez eliminó las vicealcaldías, que habían sido creadas en 2012, y asumió la coordinación directa de las secretarías de despacho.

Secretarías de despacho

Las secretarías de despacho constituyeron el núcleo de la administración central. El gabinete de Gutiérrez para su primer mandato (2016-2019) estuvo integrado por los siguientes titulares: