Las acampadas por el derecho a la vivienda en España de 2026, también conocidas como 26-S,son una serie de acampadas protesta por el derecho a la vivienda emplazadas en varias ciudades españolas. Se iniciaron la noche del sábado 26 de septiembre de 2026 con la primera acampada en la Puerta del Sol en Madrid. Días después se replicaron en varios ciudades del país, como Barcelona, Las Palmas, Santander o Sevilla.
Numerosos analistas y medios de comunicación han trazado paralelismos entre estas acampadas y el movimiento 15-M, que también comenzó con un campamento en la Puerta del Sol. En algunos casos lo han denominado «el nuevo 15-M».
Antecedentes La acampada se engloba dentro de un movimiento de protesta más amplio. El 22 de septiembre, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid convocó una concentración con el objetivo de evitar el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años con un grado de discapacidad reconocido del 50%.Su expulsión de la vivienda de renta antigua situada en el distrito de Retiro, en la que habitaba desde 1956, estaba programada para el día siguiente. Los manifestantes no lograron evitar el desahucio,que se efectuó bajo actuación policial.
En virtud de la indignación por parte de la opinión pública y las peticiones de la propia afectada, se convocó de urgencia una nueva manifestación a las 19 horas. La protesta tuvo lugar en el Paseo del General Martínez Campos, donde se encuentra el ático de lujo que compró la Comunidad de Madrid y que diversas informaciones vinculan con su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.
Acampada en la Puerta del Sol La misma organización convocó otra manifestación el sábado 26 de septiembre entre la Puerta del Sol y el Congreso de los Diputados. En ella participaron 25 000 personas según la Delegación del Gobierno y 300 000 según la organización. Tras la lectura del manifiesto en la Plaza de las Cortes, los organizadores establecieron una acampada protesta frente a la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid situada en la Puerta del Sol.La acampada contó con una considerable afluencia de manifestantes. El Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno en Madrid cruzaron reproches, pero no desalojaron el campamento.
El 29 de septiembre la Comunidad de Madrid envió un requerimiento a la Delegación del Gobierno para desmantelar la acampada en 48 horas, plazo tras el cual iniciaría acciones legales. Según la versión de la Comunidad de Madrid, el campamento estaría causando «importantes perjuicios a los vecinos y comerciantes».
La acampada contaba con 500 tiendas de campaña y reunía a más de mil personas el 30 de septiembre.
Expansión a otras ciudades Durante el 28 de septiembre, otras ciudades españolas también iniciaron protestas por el derecho a la vivienda. Es el caso de Barcelona, Sevilla, Málaga, Santiago de Compostela, Murcia, Palma de Mallorca o Zamora.En estas ciudades se iniciaron acampadas en la Plaza de la Encarnación de Sevilla, la Plaza de la Constitución de Málaga, la Plaza de la Constitución de Córdoba, la Plaza del Palillero de Cádiz,la Plaza de España de Palma, la Estación Intermodal de Santiago, la Plaza Arriaga de Bilbao, la Plaza de la Glorieta de Murciay la Plaza Porticada de Santander. El 29 de septiembre se inició una acampada en la Plaza de Cataluña de Barcelona y en la Plaza de la Feria de Las Palmas de Gran Canaria.
Propuestas del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, principal promotor de las protestas y acampadas, ha propuesto cinco medidas principales dentro de lo que se ha llamado «Decreto Maricarmen»:
Ley «estructural» en contra de los desahucios, en la que se prohíba desahuciar a personas vulnerables sin alternativa habitacional. Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para que se limite el alquiler estacional y de habitaciones y se priorice el alquiler habitual. Congelación de precios de los alquileres como se hizo en Nueva York. Prórrogas generalizadas de los contratos de alquiler. Renovaciones automáticas de los contratos de alquiler con prohibición de expulsión sin causa como sucede en Londres. Tras conocerse que el Gobierno había aprobado dos decretos en lugar de uno, el sindicato calificó la decisión de «vergüenza». También anunció más movilizaciones y la continuación de las acampadas.No obstante, pidió a los partidos políticos el voto favorable para los dos decretos en el Congreso de los Diputados. El sindicato recalcó que estos decretos «no podrán revertir décadas de políticas que han convertido la vivienda en un negocio», pero consideró que se ha abierto una «ventana de oportunidad».
Reacciones políticas Tras las manifestaciones y el comienzo de la acampada en Madrid, el presidente Pedro Sánchez anunció que estaban trabajando «contra reloj» para presentar el decreto sobre vivienda el 29 de septiembre. Desde Sumar amenazaron al PSOE con plantarse si el día 29 se presentaba un decreto con «parches» y «medidas parciales descafeinadas» que no dieran solución a las demandas sociales. Finalmente, el día 29 se presentaron dos reales decretos, el primero de ellos con medidas como la protección frente a los desahucios, la prórroga de los contratos en vigor, la congelación de las subidas al alquiler, la prohibición a los fondos buitre comprar vivienda hasta 2028, la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones y la financiación al 0% de la entrada de la compra de la primera vivienda, entre otras medidas. El segundo decreto contenía la renovación automática de los alquileres.
El Partido Popular propuso un decálogo con medidas como la construcción de cuatro millones de viviendas en cuatro años. Alberto Núñez Feijóo planteó luchar contra la okupación y propuso rebajas fiscales del 60% para los jóvenes en materia de vivienda. También declaró que «Los que ahora quieren agitar las calles y decir que tienen soluciones para todos, son los mismos que han exprimido a los trabajadores».Desde la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento se dio un ultimátum para terminar con la acampada de la Puerta del Sol, que definieron de «ilegal», antes de iniciar acciones legales contra el delegado del Gobierno.
Junts per Catalunya estuvo de acuerdo en «parar los pies a los fondos buitre», pero advirtió que no apoyaría criminalizar a los pequeños propietarios. Por su parte, el PNV pidió un decreto con un «mínimo común denominador» y rechazó posturas «de máximos».
Enlaces externos
Directorio web de los colectivos implicados en la protesta.
Referencias
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