La Revolución de 1934 o huelga general revolucionaria en España de 1934 —también conocida como Revolución de octubre de 1934— fue un movimiento huelguístico revolucionario que se produjo entre los días 5 y 19 de octubre de 1934 durante el segundo bienio de la Segunda República Española. Este movimiento estuvo organizado por el PSOE y la UGT, con Largo Caballero e Indalecio Prieto como principales responsables.Prieto, contrabandista de Armas, por Francisco I. Taibo. Historia 16, nº 33, enero de 1979 Contó con la participación del minúsculo Partido Comunista de España (PCE) y, en Asturias, con la de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la Federación Anarquista Ibérica (FAI).
Los principales focos de la rebelión se produjeron en Cataluña y en Asturias, región en la que tuvieron lugar los sucesos más graves. También tuvo importancia en la ciudad industrial gallega de Ferrol (donde se registraron 4 muertos y un alto número de detenciones), en las cuencas mineras de Castilla la Vieja y de la Región de León y ciudades y villas de la provincia de Valladolid.
Según el historiador Julián Casanova, «nada sería igual después de octubre de 1934». Para Gabriele Ranzato con la Revolución de octubre de 1934 «la frágil democracia española sufrió un durísimo golpe. Y el aspecto más indicativo de su fragilidad es que quienes la agredieron, poniéndola en grave peligro, fueron en gran medida las mismas fuerzas políticas que habían contribuido a echar sus bases fundando la II República y dotándola de una Constitución que, a pesar de algunas limitaciones, podía representar una garantía de convivencia democrática», añadiendo que «[l]os principales protagonistas de aquel ataque a la democracia fueron los socialistas». Según Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, la Revolución de Octubre «envenenó» la vida política y empañó de incertidumbre al régimen de la Segunda República. Por su parte José Luis Martín Ramos ha advertido que «de no ser por el episodio de Asturias» la Revolución de Octubre de 1934 «habría pasado a la historia como un fiasco absoluto, semejante al de las repetidas insurrecciones anarquistas de años anteriores».
«Los acontecimientos que siguieron a la "revolución de octubre" privaron a posteriori de cualquier justificación, no solo los métodos a los que se había acudido para defender la República, sino también la exaltada convicción de que estaba en extremo peligro. Porque no solo la Constitución, sino también las instituciones y la praxis democrática quedaron esencialmente inalteradas. Hasta el punto de ofrecer, dentro de un plazo mucho más breve del que un régimen de excepción —más que posible en vista de lo ocurrido— habría permitido, la oportunidad a las fuerzas derrotadas en aquella circunstancia de volver al poder por la vía electoral».
Antecedentes
Tras la celebración de las elecciones generales de noviembre de 1933, que supusieron un descalabro para las izquierdas, el líder del Partido Republicano Radical Alejandro Lerroux (que contaba con 102 diputados) recibió el encargo del presidente de la República Alcalá-Zamora de formar un gobierno «puramente republicano», pero para conseguir la confianza de las Cortes necesitaba el apoyo parlamentario de la CEDA (115 diputados), que quedó fuera del gabinete (siguió sin hacer una declaración pública de adhesión a la República), y de otros partidos de centro-derecha (los agrarios, 30 diputados, y los liberal-demócratas, 9 diputados, que entraron en el gobierno con un ministro cada uno). Como ha señalado Santos Juliá, «respaldado por su triunfo electoral, José María Gil Robles [líder de la CEDA] se dispuso a llevar a la práctica la táctica de tres fases enunciada dos años antes: prestar su apoyo a un gobierno presidido por Lerroux y dar luego un paso adelante exigiendo la entrada en el gobierno para recibir más tarde el encargo de presidirlo» y, una vez obtenida la presidencia, dar un «giro autoritario» a la República construyendo un régimen similar a las dictaduras corporativistas que acababan de instaurarse en Portugal (1932) y en Austria (1933). Ya durante la campaña electoral Gil Robles lo había dejado claro: «la democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista de un Estado nuevo. Llegado el momento, el Parlamento o se somete o lo hacemos desaparecer»; «vamos a hacer un ensayo, quizá el último, de la democracia. No nos interesa. Vamos al Parlamento para defender nuestros ideales; pero si el día de mañana el Parlamento está en contra de nuestros ideales, iremos en contra del Parlamento». Tras su triunfo en las elecciones lanzó la siguiente amenaza: «Hoy, facilitaré la formación de gobiernos de centro; mañana, cuando llegue el momento, reclamaré el poder, realizando la reforma constitucional. Si no nos entregan el poder, y los hechos demuestran que no caben evoluciones derechistas dentro de la República, ella pagará las consecuencias». El 19 de diciembre de 1933, Alejandro Lerroux presentó su Gobierno. Comenzaba así lo que Lerroux llamó «una República para todos los españoles». thumb|left|Caricatura del periódico satírico La Traca sobre la presión a la que se vio sometido el gobierno de Ricardo Samper (a la izquierda bajándose los pantalones) por el líder de la CEDA José María Gil Robles (a la derecha con una pistola en la mano, ceñido con un cíngulo de monje y tocado con una mitra que lleva las siglas A.M.D.G., lema de los jesuitas, y A.P., siglas de Acción Popular). El texto dice: "Circo Español (LOS REYES DE LA RISA). (1) Intermedio cómico de gran éxito aunque muy visto ya. (1) Bueno, eso de cómico es un decir... ¿Eh?". Al fondo monarcas coronados riéndose. El apoyo de la CEDA al gobierno de Lerroux fue considerado por los monárquicos alfonsinos de Renovación Española y por los carlistas como una «traición», por lo que iniciaron los contactos con la Italia fascista de Mussolini para que les proporcionara dinero, armas y apoyo logístico para derribar a la República y restaurar la Monarquía. Por su parte, los republicanos de izquierda y los socialistas consideraron una «traición a la República» el pacto radical-cedista y los socialistas del PSOE y UGT acordaron que desencadenarían una revolución si la CEDA entraba en el gobierno, lo que era especialmente grave pues el PSOE era uno de los partidos que habían fundado la República y había gobernado durante el primer bienio. Así lo expresó en el mismo debate de investidura el portavoz del grupo parlamentario socialista Indalecio Prieto, tal como lo refleja el Diario de Sesiones del 20 de diciembre de 1933:
En este marco, el nuevo gobierno empezó a gobernar con el decidido propósito de «rectificar» el curso emprendido por la República bajo el gobierno de las izquierdas del bienio anterior. La pretensión del gobierno de Lerroux era «moderar» las reformas del primer bienio, no de anularlas, con el objetivo de incorporar a la República a la derecha «accidentalista» (que no se proclamaba abiertamente monárquica, aunque sus simpatías estuvieran con la Monarquía, ni tampoco republicana) representada por la CEDA y el Partido Agrario. Lerroux pensaba que sería suficiente con una «rectificación» parcial de las reformas del primer bienio, manteniendo la fidelidad a los principios básicos proclamados el 14 de abril, pero pronto surgieron las tensiones porque la CEDA y sus aliados pretendían ir más lejos en la «rectificación».
Diego Martínez Barrio fue el ministro del gobierno de Lerroux que primero criticó la colaboración con la CEDA hasta que esta no se declarara republicana, y denunció la presión que esta ejercía, que inclinaba al gobierno a realizar una política cada vez más derechista. A finales de febrero de 1934 abandonó el gobierno, lo que obligó a Lerroux a formar un segundo gobierno el 3 de marzo. Con la salida de Martínez Barrio del gobierno Lerroux tuvo que ceder cada vez más a la presión de la CEDA, como se pudo comprobar con la crisis que se desató en abril con motivo de la aprobación de una ley de amnistía, que suponía la excarcelación de todos los implicados en el golpe de Estado de agosto de 1932, incluido el general Sanjurjo, y que terminó provocando la caída del gobierno. La solución a la crisis fue encontrar un nuevo dirigente radical que presidiera el gobierno: fue el valenciano Ricardo Samper, quien formó el tercer gobierno radical el 28 de abril de 1934. Se mantuvo en el poder hasta que, a principios de octubre, la CEDA exigió la entrada de tres ministros suyos en el gabinete. Uno de los argumentos utilizados fue la supuesta falta de carácter del gobierno de Samper para resolver el conflicto con la Generalidad de Cataluña con motivo de la aprobación por el parlamento catalán de la Ley de Contratos de Cultivo y la posterior declaración de inconstitucionalidad por el Tribunal de Garantías Constitucionales
Las presiones de la CEDA al gobierno Samper no se habían hecho solo desde el parlamento, sino también mediante demostraciones de fuerza como las dos multitudinarias concentraciones que celebró en El Escorial y en Covadonga, en las que aparecieron signos propios de la parafernalia fascista, como la exaltación de su líder José María Gil Robles —que acababa de asistir al Congreso del partido nazi en Núremberg— con los gritos de «¡Jefe, jefe, jefe!». No obstante, Gil Robles se expresaba siempre públicamente asegurando que la reforma constitucional se haría llegado el momento conquistando la opinión pública y ratificándola en las urnas. Paralelamente, una porción creciente de los socialistas no escondía estar preparándose para pronunciarse con las armas ante la probable llegada de los «fascistas» al poder. En agosto de 1934, sin que hubiera algún motivo especial que lo provocase, medios socialistas como Renovación invocaban la «revolución armada para la conquista del poder».
Preparación del movimiento revolucionario thumb|right|Francisco Largo Caballero Los socialistas desde su expulsión del gobierno en septiembre de 1933 y la consiguiente ruptura con los republicanos, y especialmente tras el triunfo de las derechas en las elecciones de noviembre de 1933, abandonaron la “vía parlamentaria” para alcanzar el socialismo y optaron por la vía insurreccional. Para muchos socialistas la lucha legal, el reformismo y la República parlamentaria ya no servían, convirtiéndose la revolución social en su único objetivo. «El socialismo reformista está fracasado», afirmó Luis Araquistain, principal ideólogo del «socialismo revolucionario».
Ya durante la campaña electoral Francisco Largo Caballero, el líder socialista que encabezó el cambio de orientación, había advertido de que el reformismo democrático ya no servía a los socialistas:
En enero de 1934, tras la derrota electoral, Largo Caballero dijo:
Más explícito fue Largo Caballero en un discurso pronunciado en Madrid ese mismo mes de enero:
Pero para que la vía insurreccional fuera "legítima", según los socialistas, debía mediar una "provocación reaccionaria", que enseguida relacionaron con la entrada de la CEDA en el gobierno. Ya al día siguiente de las elecciones Indalecio Prieto había dicho que si la CEDA ingresaba en el gobierno, «públicamente [contraía] el Partido Socialista el compromiso de desencadenar... la revolución». Este cambio de orientación coincidió con el fracaso de la insurrección anarquista de diciembre de 1933 que cerró el ciclo insurreccional de la CNT durante la Segunda República. «Justo cuando los anarquistas agotaban la vía insurreccional y aparecían en el seno del movimiento las críticas de esas acciones de "minoría audaces", los socialistas anunciaban la revolución».