La represión en la zona republicana durante la guerra civil española fue una sucesión de acciones violentas cometidas en el territorio del bando republicano durante la guerra civil española.Esparza, José Javier, Op. cit.Beevor, Antony, Op. cit.
Dichas acciones eran cometidas por grupos de revolucionarios contra aquellos a los que percibían como sus enemigos de clase. En España, eso incluía tanto a empresarios, industriales, terratenientes y políticos de la derecha como a miembros y bienes de la Iglesia católica, a quien tradicionalmente las fuerzas de izquierda había visto siempre como alineada junto a las clases capitalistas y reaccionarias, y actuando como un factor necesario para la alienación del obrero.Thomas, Hugh, Op. cit.Payne, Stanley, Op. cit.Tuñón de Lara, M. Op. Cit. El número de religiosos católicos muertos, sin contabilizar los seglares, se ubicaría en torno a los 6000 y 6800.La cifra de más de 6800 religiosos católicos muertos fue justipreciada por Antonio Montero Moreno en su tesis de doctorado en la Universidad de Salamanca. El número y nombre de las víctimas incluyó a 4184 sacerdotes, 2365 frailes y 283 monjas. Ver: El orden de magnitud fue refrendado por otros historiadores, como el hispanista británico Paul Preston. Ver: .
El golpe de Estado de julio de 1936 y la revolución social que lo siguió en la zona que quedó en poder de la República provocaron el colapso del Estado y de sus aparatos coercitivos ―el ejército fue disuelto y los cuerpos policiales sufrieron una profunda mutación―. Ocuparon su lugar multitud de «micropoderes» ejercidos por comités y milicias obreras y también por restos de algunas unidades policiales y de organismos oficiales. Estos «micropoderes» ejercieron las funciones propias de los aparatos policiales y judiciales del Estado y protagonizaron la intensa violencia política que se desató especialmente en los primeros meses de la guerra contra los «derechistas» y «facciosos» de la retaguardia republicana ―un colectivo especialmente perseguido fueron los religiosos―.
Los centros de detención que usaron se denominaron generalmente «checas», (no confundirse con la checa originaria bolchevique). En las prisiones los encarcelados por motivos políticos ―los «derechistas»― fueron objeto de malos tratos, de vejaciones y de trabajos forzados, especialmente cuando los encargados de su custodia eran milicianos y no funcionarios.
La represión en la zona republicana en los primeros meses Después del golpe de Estado de 1936
thumb|Monolito alzado en el cementerio de Paracuellos de Jarama, en honor a las víctimas de las matanzas de Paracuellos enterradas en el mismo. thumb|Portal gótico de la iglesia parroquial de San Ginés, en Vilasar de Dalt (Barcelona), recuperado de las ruinas de la iglesia original, derruida y reconstruida en 1940. Los primeros días tras el golpe de Estado se unieron dos factores determinantes en el estallido de la represión indiscriminada en el territorio controlado por la República: con el fin de apagar los focos de rebelión se repartieron armas a los obreros integrados en milicias (o estos las consiguieron por su cuenta), controladas por los partidos políticos y sindicatos, no por el Gobierno; y la rendición de los militares sublevados en las plazas donde el golpe fracasó destapó la trama de conjuras alrededor de la planificación del mismo, exponiendo la intervención de grupos de ultraderecha y extendiendo la sospecha de «golpistas» sobre todas las organizaciones y clases sociales que en alguna ocasión habían apoyado políticamente a tales grupos, lo cual incluía a políticos de la derecha y la Iglesia católica.
La entrega de armas a contingentes fuera del control del Estado, unida a una identificación, cierta o no, de enemigos de la República, se unió a la oportunidad de realizar ajustes de cuentas personales. La represión empezó con la ejecución de golpistas tras rendirse en las zonas donde el alzamiento fracasó. De ahí, siguió con el arresto indiscriminado, seguido en ocasiones del asesinato, de sospechosos de haber apoyado el golpe: principalmente industriales, terratenientes, gente de ideología política claramente derechista, y religiosos.
El tema de hasta dónde llegaron las responsabilidades políticas en esta fase inicial de crímenes es objeto de cierta disputa. La línea más común en la historiografía afirma que la gran mayoría de casos se debieron principalmente a una explosión de ira en el bando republicano o a revanchismo individual amparado en la falta de control, y que como tal, se apagaron hasta desaparecer a inicios de 1937 cuando el gobierno finalmente logró tomar las riendas de los grupos de milicianos armados. Algunos autores "revisionistas", encabezados por Pío Moa y César Vidal, afirman que el Gobierno de la República y los principales partidos políticos que lo formaban eran perfectamente conscientes de lo ocurrido, y favorecían dichas acciones de manera abierta y constante. La afirmación de que la Guerra Civil no comenzó con el golpe de Estado en España de julio de 1936 sino con la Revolución de Asturias de 1934 forma parte de la línea argumental de estos autores en todas sus obras sobre la Guerra Civil y la dictadura franquista.
La represión se inició persiguiendo a golpistas hechos prisioneros (como Fanjul o Goded), y a aquellos percibidos como enemigos de clase: dirigentes, militantes o simpatizantes de la CEDA, de la Comunión Tradicionalista (como Víctor Pradera) o de Falange Española (como Primo de Rivera o Ledesma), pero también terratenientes y nobles (como De la Quadra Salcedo), empresarios e industriales, católicos reconocidos (como Rovira i Roure) e incluso políticos republicanos contrarios a la revolución social (como Melquíades Álvarez). Se formaron patrullas de milicianos armados con el objetivo de arrestar y juzgar sumariamente a los «enemigos del pueblo». Aunque una minoría de los asesinados eran supuestamente culpables de delitos de sangre,Thomas y Payne refieren los casos del fusilamiento de expistoleros de la patronal como Ramón Sales e Inocencio Faced, considerados responsables de los asesinatos de Layret, Boal y Seguí el vacío de poder causado por el golpe, rellenado de facto por los recientemente armados grupos de las milicias obreras sin supervisión, dio pie a la posibilidad de ajustar cuentas personales sin temor a castigo, situación que se dio con relativa frecuencia.Thomas nuevamente refiere, entre otros, casos de labradores en Andalucíaque fueron denunciados como fascistas (y posteriormente ejecutados) por personas que les debían dinero, un médico que se salvó por los pelos de la denuncia de un paciente insatisfecho, o un juez asesinado en su casa frente a su familia por un exconvicto al que había condenado meses antes. Del mismo modo, el calor del combate en los primeros días provocó varios incidentes de asesinatos masivos de prisioneros cuando los milicianos lograban reducir un núcleo golpista después de una defensa armada intensa, como sucedió en el cuartel de Simancas y el cuartel de la Montaña.
En las grandes ciudades se instituyeron las checas con el fin de actuar como policía política, aunque algunas (como la dirigida por Agapito García Atadell) eran simples bandas criminales con afán de lucro personal, que se amparaban bajo la cobertura de los partidos y sindicatos para alcanzar sus objetivos personales. Los presos eran muchas veces objeto de «paseos» (eran trasladados a las afueras, donde se les ejecutaba y se abandonaba el cadáver). En ocasiones estos asesinatos se realizaban de forma masiva, en las llamadas sacas de presos, como ocurrió durante la matanza de la Cárcel Modelo; en éstas se reunía a presos de distintas checas o cárceles (como las de Porlier o la Modelo de Madrid), muchas veces con el pretexto de un traslado, cuando realmente su destino era una ejecución extrajudicial y una fosa común. Las más famosas de ellas fueron las posteriormente bautizadas como matanzas de Paracuellos.
Todas las grandes ciudades en la zona republicana dispusieron de sus checas, como Valencia, en la que destacaron por su importancia las checas de Santa Úrsula, de Trinitarios o del Seminario, de Carniceros, de las Torres de Quart o de la calle Sorní, por la que pasaron miles de valencianos. En ellas no sólo se privaba de libertad sino que se llevaban a cabo torturas y ejecuciones.
En Cataluña se constituyeron unas fuerzas de seguridad paralelas a las gubernamentales, como fueron las Patrullas de Control, adscritas al Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, que actuaron de forma represiva violenta por toda la geografía catalana y participaron activamente en la persecución a los maristas en Barcelona en 1936, en la que murieron 172 personas.
Las violaciones y demás vejaciones a las mujeres (como en el caso de las llamadas enfermeras mártires de Somiedo) fueron proporcionalmente muy infrecuentes.En lo que se refiere al clero, la proporción de monjas asesinadas fue muy inferior a la de hombres (282 en total). En la Causa General se refiere un único caso de violación a una monja, que fue posteriormente desmentido.
El caso del País Vasco La actual comunidad autónoma del País Vasco permaneció prácticamente ajena a la violencia religiosa, aunque los actos de represión política por parte de las milicias se dieron igual que en el resto de España.Azcona, José Manuel, Op. cit.Albertí, J., Op. cit. La población del territorio vasco era en aquella época (y venía siendo) muy religiosa; allí la Iglesia se mantuvo siempre muy unida a la tierra, las parroquias eran el punto de reunión natural en las zonas rurales, y el nivel de católicos practicantes, que en el conjunto de España no alcanzaba el 30 %, era en el País Vasco de más del 50 %. De hecho el Partido Nacionalista Vasco, principal fuerza nacionalista vasca, tuvo desde sus orígenes una importante tradición religiosa católica, anticipándose al surgimiento de los modernos partidos democristianos. La Iglesia vasca, por su parte, siempre había dado amplio apoyo al movimiento nacionalista vasco.
Esta situación de la Iglesia, diametralmente opuesta a la del resto del territorio español, hizo que tras la toma del País Vasco por parte de las tropas sublevadas los sacerdotes identificados como nacionalistas vascos fueran también blanco de la represión. Un total de 16 sacerdotes fueron fusilados por las tropas franquistas en 1936 por sus ideas nacionalistas. La jerarquía católica española minusvaloró el hecho, excepto el obispo de Vitoria que fue expulsado de España por las autoridades franquistas por manifestar sus protestas. El Vaticano protestó por los fusilamientos, aunque dicha protesta no se hizo pública en su día, y estos fueron ignorados por la propaganda franquista.
Por otra parte, y aunque la proporción fuera muy inferior a la del resto de España, también fueron asesinados 39 miembros del clero en el País Vasco, principalmente en las «sacas» de presos ocurridas en los buques prisión Cabo Quilates y Altuna-Mendi, así como en las prisiones de Larrinaga y Ángeles Custodios, entre agosto de 1936 y enero de 1937. Estas «sacas» se produjeron como represalias a los bombardeos de la aviación del bando sublevado.