El Comité de No Intervención, también conocido como Comité de Londres, fue una organización creada en 1936 a propuesta de Francia y apoyada por Reino Unido con el objetivo de verificar el grado de cumplimiento del Pacto de No Intervención, suscrito a finales de agosto de 1936, con el que se buscaba evitar la internacionalización de la guerra civil española en un momento de máxima tensión entre democracias y dictaduras en Europa. A pesar de las sucesivas adhesiones de varios países, los compromisos adquiridos no fueron respetados ni por la Alemania nazi ni por la Italia fascista ni por el Portugal salazarista que apoyaron desde el inicio de la contienda el 17 de julio de 1936 al bando sublevado. Constatada la «farsa deshonesta de la no intervención», como la calificó el embajador de Estados Unidos Claude G. Bowers, sólo la Unión Soviética se prestó a ayudar a la República Española a partir de octubre.
Como ha señalado Xabier Irujo, el propósito del Comité «no fue la no intervención, sino muy por el contrario gestionar y controlar la intervención alemana e italiana a fin de evitar una guerra mundial. Todas las administraciones estaban al tanto de que Alemania e Italia enviaban tropas y material de guerra al teatro de operaciones».
El «Pacto de No Intervención» thumb| Entrevista entre León Blum y Anthony Eden en Ginebra en 1936. Francia y Gran Bretaña veían que la «guerra de España» podía complicar aún más el difícil juego estratégico que se desarrollaba a escala europea. «Por ello, la primera orientación de la diplomacia de esas potencias fue la de procurar el aislamiento del conflicto español. A esa táctica obedeció la primera de las grandes medidas internacionales: el acuerdo general sobre la No-Intervención al que se sumaron 27 países de Europa, que nunca se plasmó en un documento escrito, y el establecimiento como consecuencia de ello de un Comité de No Intervención con sede en Londres», ha señalado el historiador Julio Aróstegui.
La «no intervención» estuvo determinada por la política británica de "apaciguamiento" (appeasement policy) de la Alemania nazi, a la que se vio arrastrado el gobierno del Frente Popular de Francia, que sólo contaba con los británicos ante una posible agresión alemana. Además en Gran Bretaña las simpatías del gobierno conservador se fueron decantando hacia el bando sublevado, ante en el temor de que España cayera «en el caos de alguna forma de bolchevismo» (en palabras del cónsul británico en Barcelona), especialmente a partir de febrero de 1938 cuando Anthony Eden fue sustituido al frente del Foreign Office por Lord Halifax. Lo contrario sucedía con los laboristas y los sindicatos, además de muchos intelectuales, cuyas simpatías estaban con el bando republicano. La animadversión del gobierno conservador británico hacia el Frente Popular español había comenzado antes del inicio de la guerra debido en gran medida a los «distorsionados» informes, despachos y telegramas que envió a Londres el nuevo embajador en Madrid Henry Chilton (que en septiembre de 1935 había sustituido a sir George Grahame, quien al no haberse dejado arrastrar por los prejuicios ideológicos había elaborado unos informes mucho más ponderados y que partían de un mayor conocimiento de la realidad española). Estos informes negativos del embajador Chilton, que coincidían en lo sustancial con los del Servicio de Inteligencia Naval (NIS), se sumaron a los artículos alarmistas que publicaba sobre España la prensa conservadora británica.
Francia, por su parte, que al principio intentó tímidamente ayudar a la República, a la que cobró unos 150 millones de dólares en ayuda militar (aviones, pilotos, etc.), tuvo que someterse a las directrices del Reino Unido y suspender la ayuda. Aademás, Francia y Gran Bretaña intentaron desalentar la participación de sus ciudadanos en apoyo de la causa republicana aunque muchos franceses y británicos fueron a España como voluntarios, entre los que destacaron Malraux y Orwell, integrados o no en las Brigadas Internacionales.
La idea de que los principales países europeos firmaran un «Acuerdo de No Intervención en España» partió del gobierno francés de León Blum, dos días después de descubrir el 30 de julio que los fascistas italianos estaban ayudando a los sublevados cuando dos de los aviones enviados por Mussolini al general Franco aterrizaron por error en la colonia francesa de Argelia. La idea del gobierno francés era que ya que no podían ayudar a la República (porque ello supondría abrir un gran conflicto interno en la sociedad francesa y además enturbiaría las relaciones con su aliado «vital», Gran Bretaña), al menos podrían impedir la ayuda a los sublevados (como primera prueba de su determinación en la defensa de la «no-intervención» el gobierno francés cerró la frontera con España el 13 de agosto). El gobierno británico se sumó enseguida al proyecto, aunque el mismo, como ha señalado Julián Casanova «ponía en el mismo plano a un Gobierno legal y a un grupo de militares rebeldes». El propio Blum, tras denegar posteriormente a los negociadores de Largo Caballero el paso del armamento adquirido por la República Española a través de territorio francés, llegó a exclamar: «¡Es un crimen el que todos estamos cometiendo con España!».
A finales de agosto de 1936 los 27 estados europeos (todos menos Andorra, Liechtenstein, Mónaco, Suiza, y la Ciudad del Vaticano) que suscribieron el «Acuerdo de No Intervención en España», que nunca fue formalizado por escrito, decidieron «abstenerse rigurosamente de toda injerencia, directa o indirecta, en los asuntos internos de ese país» y prohibían «la exportación... reexportación y el tránsito a España, posesiones españolas o zona española de Marruecos, de toda clase de armas, municiones y material de guerra». Para el cumplimiento del acuerdo se creó en Londres el 9 de septiembre un Comité de No Intervención bajo la presidencia del conservador Ivor Windsor-Clive, 2.º Earl de Plymouth, en el que estaban representados todas las principales potencias europeas, incluidas Alemania, Italia y la Unión Soviética. En el caso de Estados Unidos, la influencia del cardenal Mundelain —arzobispo de Chicago preocupado por el avance del nazismo— hizo que la Administración Roosevelt contemplase la posibilidad de eludir el pacto y levantar el embargo a la República española, pero, finalmente, la férrea oposición mostrada a ambos lados del Atlántico por la jerarquía eclesiástica católica, deseosa de una victoria franquista, frustró por completo esa iniciativa.
La actuación del Comité: la «farsa de la no intervención» En la práctica la política de «no intervención» se convirtió en una «farsa», como la calificaron algunos contemporáneos, como el embajador de Estados Unidos Claude G. Bowers quien escribió: «el Pacto de No Intervención demostró ser una farsa deshonesta. Las potencias fascistas luchaban abiertamente, desafiantes, con armas, mientras que la mayor parte de las democracias combatían con la misma eficacia, si bien inconscientemente, como colaboracionistas de las potencias fascistas bajo el manto burlesco de la "no intervención"». En efecto, Alemania, Italia y Portugal no suspendieron en absoluto sus envíos de armas y municiones a los sublevados y, de hecho, el 28 de agosto, casi el mismo día en que se alcanzaba el acuerdo de «no intervención», se reunían en Roma los jefes de los servicios secretos militares de Alemania, el almirante Wilhelm Canaris, y de Italia, el general Mario Roatta, para «proseguir (a pesar del embargo de armas) los suministros de material bélico y las entregas de municiones, según las peticiones del general Franco». El ministro de asuntos exteriores nazi Joachim von Ribbentrop escribió en sus memorias: «Un mejor nombre para el comité habría sido Comité de Intervención». Por su parte el ministro belga Émile Vandervelde afirmó: «el Comité de No Intervención tiene ojos para no ver y oídos para hacerse el sordo».
Las infructuosas denuncias del gobierno de la República española thumb|Julio Álvarez del Vayo (primero por la derecha) junto al presidente de la República Manuel Azaña (centro) y al presidente del Gobierno Francisco Largo Caballero (primero por la izquierda) en septiembre de 1936. El gobierno republicano, a través de Julio Álvarez del Vayo, ministro de Estado, después de haberse quejado en varias ocasiones de los incumplimientos del Pacto de No Intervención por parte de Italia y de Alemania que suministraban material bélico y ayuda militar al bando sublevado, buscó la protección internacional y el 27 de septiembre de 1936,y de nuevo el 27 de noviembre, solicitó el amparo de la Sociedad de Naciones, pero el organismo internacional se desentendió e hizo caso omiso de las quejas del Gobierno de la República alegando que la intervención alemana e italiana no estaba debidamente «verificada», a pesar de que Álvarez del Vayo había aportado fotografías y pruebas documentales. El ministro de Estado de la República volvería a intentarlo el 13 de marzo de 1937 presentando un folleto de cuarenta y seis páginas titulado La agresión italiana. Documentos ocupados a las unidades italianas en la acción de Guadalajara acompañado de cientos de fotografías de tropas italianas en prisiones republicanas, armamento y munición —de hecho en esas fechas ya habían sido capturados más de un centenar de pilotos alemanes e italianos— pero la Sociedad de Naciones volvió a evitar tomar resolución alguna.
Y lo cierto era que el gobierno británico, el principal valedor de la «no intervención», estaba perfectamente informado porque, según Xabier Irujo, «tenía "pinchadas" las comunicaciones internas de la administración italiana, de modo que tenía información específica, pormenorizada y exhaustiva de todos y cada uno de los envíos de tripas y material que Mussolini ordenó destinar a la guerra». Tras el bombardeo de Guernica del 26 de abril de 1937 el cónsul británico en Bilbao envió un informe a Londres, fechado el 4 de mayo, en el que decía que al día siguiente del bombardeo se había desplazado a Guernica y allí había comprobado que la localidad había sido destruida por unos cincuenta aviones lanzando bombas explosivas e incendiarias durante tres horas y media y que los civiles habían sido ametrallados por aviones de combate. Poco después entregaba su informe Robert Mackinnon Wood, jefe del Departamento de Investigaciones Aerodinámicas de la Royal Navy que había estado en Vizcaya entre el 23 y el 28 de mayo investigando la nacionalidad y los tipos de aviones que habían participado en el bombardeo (enseñó fotografías de aviones alemanes a los supervivientes, llegó a entrevistar a un piloto alemán que había conducido uno de los aparatos que había bombardeado Guernica y además pudo identificarlos personalmente durante la batalla de Bilbao). Sin embargo, Anthony Eden afirmó ante la Cámara de los Comunes que el gobierno británico no tenía datos concluyentes sobre lo sucedido. Asimismo le pidió al embajador alemán Joachim von Ribbentrop que hiciera una declaración «adecuada» a la prensa británica, negando la participación alemana en el bombardeo.