miniaturadeimagen|325x325px|Casa de Santiago de Liniers en su estancia en Córdoba. La contrarrevolución de Córdoba fue el intento fallido promovido en Córdoba por las autoridades de la intendencia de Córdoba del Tucumán y el exvirrey del Río de la Plata, Santiago de Liniers, quienes se opusieron a la Revolución de Mayo de Buenos Aires y se dedicaron a organizar un ejército para rechazar la expedición auxiliadora militar enviada por la Junta Provisional Gubernativa para hacer reconocer su autoridad en las provincias del interior del virreinato del Río de la Plata y que culminó con el fusilamiento de sus cabecillas y el completo control político y militar de la intendencia de Córdoba del Tucumán.
La elite cordobesa y las reformas borbónicas
El reformismo borbónico comenzó en España en la primera mitad del siglo XVIII. Se trató de transformaciones de orden burocrático, cambios en la composición de la Corte y aparición de nuevos actores sociales en los principales puestos del gobierno. Esto se trasladó a mediados de siglo a las colonias americanas donde las instituciones eclesiásticas y civiles fueron ocupadas con funcionarios de origen vasco-navarro, riojano, etc. Como parte de este proceso llegaron a América, a partir de la Paz de Aquisgrán (1748), inmigrantes de este origen con importantes vinculaciones sociales y económicas con su lugar de partida.
El periodo más importante de esta nueva política de reformas se produjo durante el reinado de Carlos III (1759-1788) y Carlos IV (1788-1808) cuando se establecieron medidas para mejorar la explotación de las riquezas coloniales y su transferencia a la metrópoli. Para lograrlo, la corona emprendió una tarea de centralización y organización administrativa avanzando sobre el poder de las elites tradicionales americanas enquistadas dentro del aparato del estado. Uno de los instrumentos utilizados fue suprimir los cargos venales, es decir, la posibilidad de comprar los cargos para obtener beneficios económicos y sociales, método que las elites locales habían utilizado como recurso para unir sus intereses económicos con sus intereses políticos. En su reemplazo aparecieron funcionarios provenientes de la península, sin vínculos con los intereses locales, afines a los nuevos proyectos de la corona y con formación generalmente militar.
En Córdoba, las elites conformadas mediante alianzas de “casas” o “familias”, se dividían en: a) Las que se decían provenir de los conquistadores, entre las cuales estaban los Funes, Juan Antonio de la Bárcena y, b) Las nuevas familias que se habían constituido con los inmigrantes de comienzos del siglo XVIII: los Allende, Mendiolaza, Ascasubi. Con la llegada del gobernador Juan Manuel Fernández Campero (1764-1769) y su claro mandato de reorganizar, ordenar y centralizar el ejercicio del poder, se alteró la importancia relativa que había entre estos dos grupos hasta ese momento y se produjo un cambio en los vínculos de un sector de la elite con el gobierno. La expulsión de los jesuitas en 1767, que se produjo durante ese mandato, provocó una crisis política, económica, social y simbólica dada la vinculación de siglos que éstos tenían con las elites cordobesas de donde provenían muchos de sus miembros. Otro punto de conflicto con el nuevo gobernador Campero fue el control de la recaudación de la sisa, el ámbito de su aplicación y el destino de los fondos recolectados. Justamente el cabildo cordobés había eximido del cobro a las mulas y vacas, importantes rubros del comercio de las elites cordobesas y había derivado su uso a otros destinos ajenos a la protección de las fronteras que era para la cual fue creada. El gobernador se alió con los Allende, Mendiolaza, Arrascaeta, Guerrero y sus parientes, socios, allegados y clientela que de esta manera ocuparon los cargos más importantes y obtuvieron privilegios económicos y judiciales. Los Allende fueron acusados a posteriori de corrupción en la administración y remate de los bienes incautados a los jesuitas. Esta alianza profundizó la división existente entre la elite tradicional o “patricios” como se autodenominaban y los recién llegados a quienes aquellos calificaron de “pelucones”.
El Virreinato del Rio de la Plata fue creado en 1776, y en 1783, Córdoba fue convertida en cabecera de la Gobernación Intendencia de Córdoba del Tucumán. Adquirió así mayor relevancia y los contactos con diversas Intendencias permitió que las redes de la élite cordobesa se extendieran a otros espacios geográficos. Debe recordarse también que a la Universidad de Córdoba concurrían los hijos de la elite de distintos lugares del virreinato.
El proceso, por el cual este nuevo sector de la elite buscó consolidar el total reconocimiento social y controlar la administración local, continuó con su alianza con Rafael de Sobremonte, el nuevo gobernador intendente que ocupó el cargo durante trece años, de 1784 a 1807. En 1782, el comerciante Ambrosio Funes, descendiente de una antigua familia cordobesa y hermano del Deán Gregorio Funes, fue nombrado alcalde de segundo voto por su vinculación con la “casa” de los Allende pues estaba casado con la hija del finado general Tomás de Allende y Losa. Junto con él, integraban el cabildo de aquel año, como regidores propietarios, José y Santiago Allende, tíos de su esposa y como alcalde de primer voto, Francisco Antonio Díaz, que era consuegro de otro tío de su señora. Estos vínculos se quebraron ese mismo año cuando Funes encontró culpable del aberrante triple crimen del Corral de Barranco al alcalde provincial Domingo Garay fuertemente ligado a los Allende y que, al ponerlo en prisión, desató contra los Funes una ola de rumores por toda la ciudad, entre otros, de que los Funes eran descendientes de mulatos. Esta conducta de la elite cordobesa muestra el amplio margen de ilegalidad que podían ejercer y el accionar corporativo contra los que quisieran salirse de la línea trazada por las “casas”. Debido al temor de Ambrosio Funes, su hermano Gregorio se dirigió al virrey poniendo en su conocimiento la persecución de la que eran víctimas.
Desde ese año y hasta 1797, un año antes de que Sobremonte abandonara el gobierno de Córdoba, Ambrosio Funes no volvió a ocupar cargos concejiles o administrativos de importancia ya que el cargo de juez del Consulado de Buenos Aires le fue otorgado por el virrey. Recién a partir de 1798 comenzó su resistencia a las medidas centralizadoras borbónicas y su primera acción se orientó hacia las finanzas y la enseñanza del colegio Monserrat y la Universidad que estaban a cargo de los frailes franciscanos que suplantaron a los jesuitas y eran partidarios de los Allende. Funes solicitó que esas dos instituciones se pasaran al obispado secular. En general, sus propuestas eran que los cargos estuvieran en manos de criollos y que el cabildo recuperara los derechos y/o privilegios que antes había tenido menguados por la aplicación de la Real Ordenanza de Intendentes.
A partir de 1804, esta lucha puramente local, entre los gobernadores intendentes y sus aliados contra aquellos que después la historiografía llamó “funecistas”, se extendió a otros lugares. El ahora virrey Sobremonte inició una campaña contra los integrantes del cabildo de Buenos Aires a quienes definió como “plebeyos ricos pero despojados de nobleza y amor por la Metrópoli”. Repitió lo que había hecho en Córdoba como gobernador intendente con la diferencia de que el cabildo de Buenos Aires tenía una importancia política y económica muy superior al de Córdoba y que el sector monopolista que encabezaba Martín de Álzaga estaba en su contra por motivos concretos: los permisos de importación extraordinarios que vulneraban el monopolio; las dificultades logísticas con Cádiz debido a la guerra y el débil control del contrabando que introducía en la plaza mercaderías a un precio difícil de competir. Esto facilitó la alianza de Ambrosio Funes con los sectores afines de Buenos Aires y Montevideo bajo la inobjetable bandera de ir contra Manuel Godoy y sus funcionarios en Amêrica pero no en contra de la monarquía. Francisco Antonio de Letamendi, que operaba dentro del grupo de Álzaga, propuso que ambos cabildos debían actuar juntos. En una carta del 27 de febrero de 1808 a Ambrosio Funes sostuvo que “[...] unido ese Cabildo [el de Córdoba], con el de aquí [Buenos Aires] puede derribar a Concha, don Victoriano[sic], Morenito, Allende y cuantos le estorben, no solo quitándoles los empleos, sino a las personas, a título de tranquilidad pública”.
Una de las consecuencias de las invasiones inglesas (1806-1807) fue la sustitución del virrey Sobremonte por Santiago de Liniers y la consiguiente declinación temporaria de los Allende y Rodríguez que no pudieron impedir el nombramiento de Ambrosio Funes como alcalde de primer voto en reemplazo de Victorino Rodríguez el 1 de enero de 1807. La composición del cabildo cordobés se dividió así en tres bloques, dos minoritarios (Funecistas y Sobremontistas) enfrentados en fijar la agenda y un tercer grupo, mayoritario, que oscilaba con alguna libertad hacia uno u otro lado. Esta estructura se mantuvo hasta agosto de 1810. Ambrosio Funes fue el autor del título de “Sobremontistas” que dio a estos funcionarios metropolitanos partidarios de las políticas centralistas y regalistas, más los sectores o familias aliadas a ellos y, en general, a todos aquellos que sacaban provecho de esa situación.
Recién en 1807, luego de una prolongada serie de acusaciones y ardua lucha judicial, el virrey Liniers puso el colegio Monserrat y la Universidad bajo el control del obispado cordobés, nombrando al Deán Gregorio Funes como rector de ambas instituciones. Sin embargo, siguiendo una política ambivalente, ratificó a Dalmasio Allende como regidor propietario por herencia de su padre José Antonio. A fines de 1807 asumió el gobernador Gutierrez de la Concha y en una nueva ofensiva contra el cabildo, asesorado por Victorino Rodríguez, le sacó al cabildo el control de las cuentas del colegio Monserrat. Su alianza con el sector “Sobremontista” permitió a éstos aumentar la presión sobre Ambrosio Funes hasta el punto de que sus amigos le advirtieron que corría peligro su vida por lo que pidió permiso para ausentarse a Buenos Aires a donde partió el 13 de abril de 1808 con el argumento de que lo hacía “por negocios”. La agenda del cabildo cordobés volvió a los temas de desagües, carreteras, luminarias y abastecimiento. El 28 de diciembre de 1808, Letamendi advirtió a Funes que escondiera los papeles comprometedores porque a “Concha, don Victorino, el coronel [Allende][…] le estarán haciendo cosquillas los papeles”. Enrique de Gandía señaló que estos personajes que aparecían en 1807 y 1808 como participantes de distintas tramoyas, serán los que fueron fusilados por la Junta Provisoria en 1810.
El fracaso de Álzaga, el 1 de enero de 1809, reforzó la posición del sector que apoyaba al gobernador Gutierrez de la Concha. Ambrosio Funes recién pudo retornar a Córdoba en octubre de 1809.
Liniers en Córdoba
Desde que asumió el virreinato en 1809, Baltasar Hidalgo de Cisneros había intentado enviar al exvirrey Santiago de Liniers a España por los problemas que a su gobierno podría producir el amor y odio que este había generado en su gestión. Para aliviar estas tensiones, Liniers propuso trasladarse a Mendoza y permanecer allí hasta tanto el gobierno central decidiera sobre su destino. La Audiencia y Cisneros autorizaron su traslado “directo” pero Liniers se detuvo en Córdoba, decisión que a posteriori comunicó confidencialmente al virrey. A fines de agosto de 1809, Cisneros lo recriminó en forma afectuosa pero resentida por esta actitud que afectaba su autoridad.