thumb|Caricatura del general Juan Picasso portando el Expediente, aparecida en diciembre de 1922 en el periódico La Libertad. El pie de la caricatura dice:«Lo que Diógenes queríaencontrar con su mechero,en Picasso, el justiciero,nuestro país poseía.Y así, al escuchar su nombre,orgullosa y placentera,dice al mundo España entera:"¡Es mi hombre!"» El Expediente Picasso es el nombre con el que se conoce al informe redactado por el general Juan Picasso, destinado en el Consejo Supremo de Guerra y Marina, máximo órgano de la jurisdicción militar, en relación con los hechos acontecidos en la Comandancia General de Melilla en los meses de julio y agosto de 1921, conocidos como el «Desastre de Annual».
Al año siguiente el general Picasso presentó sus conclusiones al Consejo Supremo de Guerra y Marina en un resumen de cuatrocientas páginas. El gobierno presidido por el conservador José Sánchez Guerra decidió entonces llevar el Expediente Picasso al Congreso de los Diputados, donde se formó en julio de 1922 una primera Comisión de Responsabilidades. Esta presentó su dictamen (en realidad fueron tres) a las Cortes en noviembre, dando lugar a un intenso debate. De hecho durante ese tiempo el Expediente se convirtió en el problema político más importante del país. En julio de 1923 se formó una segunda Comisión de Responsabilidades que no pudo emitir ningún dictamen porque se lo impidió el golpe de Estado de Primo de Rivera de septiembre de 1923. Primo de Rivera cerró las Cortes y dio carpetazo al Expediente.
La Segunda República Española, proclamada en abril de 1931, volvió a formar una nueva Comisión de Responsabilidades que se centró en la actuación del exrey Alfonso XIII, que fue condenado in absentia por «alta traición» en noviembre de 1931. Las nuevas Cortes surgidas de las elecciones de noviembre de 1933, con mayoría del centro y de la derecha, pasaron el asunto al Tribunal Supremo pero este dictaminó el 9 de julio de 1935 el archivo de la causa porque no se apreciaban más hechos punibles que los ya juzgados (la única sentencia dictada por el «Desastre de Annual» había sido el arresto militar de seis meses del general Dámaso Berenguer). Sobre las posibles responsabilidades políticas, el Supremo concluyó que las únicas que pudieran derivarse estarían sujetas «al juicio de la historia, y sólo exigibles por la opinión pública o por medio de sus órganos representativos». Aquí acabó el recorrido judicial (y político) del Expediente Picasso.
Antecedentes Entre finales de julio y principios de agosto de 1921 se produjo la mayor derrota del Ejército colonial español en el Protectorado de Marruecos. En el que sería conocido como el «Desastre de Annual», murieron más de 8 000 hombres —la mayor parte de ellos soldados de reemplazo— incluido el general Fernández Silvestre que comandaba las tropas y que durante varios años había sido miembro de la Casa Militar del rey Alfonso XIII. El territorio de control efectivo español en el Protectorado se vio reducido a las plazas de Ceuta y Melilla, y a Tetuán y Larache, con lo que se perdieron todos los avances conseguidos en la anterior campaña, la de 1912-1913. Los vencedores de Annual, la República del Rif liderada por Abd el-Krim, se apoderaron de 20 000 rifles y de 200 cañones e hicieron varios centenares de prisioneros españoles.
La conmoción que causó en España la tragedia fue enorme. El gobierno presidido por el conservador Manuel Allendesalazar intentó ocultar los hechos imponiendo la censura a la prensa, pero estos se acabaron conociendo y el 11 de agosto dimitió. Alfonso XIII le encargó formar gobierno al viejo líder conservador Antonio Maura que logró contar con el apoyo de los dos partidos del turno, de los catalanistas de Francesc Cambó, de los reformistas de Melquíades Álvarez e incluso de los republicanos de Alejandro Lerroux. Los socialistas no se pronunciaron. Maura apoyó la decisión que había tomado Allendesalazar antes de dimitir de nombrar al general Juan Picasso para que elaborara un informe sobre lo ocurrido en Marruecos.
Un ejemplo del impacto que causó el «desastre de Annual» fue la sonada intervención del diputado socialista Indalecio Prieto en las Cortes el 27 de octubre de 1921. Tras realizar un relato esperpéntico de lo que era la guerra de Marruecos (dijo, por ejemplo, que Melilla era «un lupanar y una ladronera»), lanzó acusaciones directas contra el rey Alfonso XIII, que provocaron continuas protestas de la mayoría de los diputados y la intervención del presidente de la Cámara en defensa de la persona «que, por su prerrogativa, está aquí fuera de toda crítica». Pero Prieto continuó: el Alto Comisario Dámaso Berenguer había sido nombrado por «su gran influencia sobre el ánimo de cierta personalidad»; el general Silvestre había actuado de la forma que lo hizo porque había sido autorizado por el monarca... Y acabó con una frase que provocó un gran tumulto: «Aquellos campos de dominio [de Marruecos] son hoy campos de muerte: ocho mil cadáveres parece que se agrupan en torno de las gradas del trono en demanda de justicia». En un discurso posterior pronunciado fuera del Parlamento Prieto dijo: «una catástrofe como la de Annual en los pueblos que tienen vitalidad se liquida con una revolución que derriba al causante de la misma». Por todo ello Prieto fue procesado judicialmente.
Historia La instrucción del expediente Tras el derrumbamiento militar, el Alto Comisario de España en Marruecos, el general Dámaso Berenguer, solicitó al ministro de la Guerra que un oficial general, nombrado por aquel, investigase los hechos y depurase las responsabilidades a que hubiera lugar. Mediante la Real Orden de 4 de agosto de 1921, Luis de Marichalar y Monreal, vizconde de Eza, ministro de la Guerra, nombró al general Juan Picasso para que investigara en la propia plaza de Melilla los hechos ocurridos, con la ayuda del auditor de brigada Juan Martínez de la Vega y Zegrí. Sin embargo, el desastre se reveló de tal envergadura que el gobierno de Allendesalazar se vio obligado a dimitir. En agosto de 1921, el rey Alfonso XIII encarga formar Gobierno a Antonio Maura, que nombró a Juan de la Cierva como ministro de la Guerra.
Picasso ya había comenzado sus investigaciones en Melilla, y el 15 de agosto envió al general Berenguer un escrito solicitando los planes de operaciones que habían guiado la actuación del general Silvestre y sus tropas. El general Berenguer, trasladó el escrito al ministro de la Guerra el 20 de agosto, solicitando instrucciones al respecto y manifestando así mismo que no se consideraba autorizado a proporcionar tal información por ser materia reservada. Presionado el ministro, se dictó una nueva Real Orden el 24 de agosto, aclarando al general Picasso que los acuerdos, planes o disposiciones del Alto Comisario quedaban fuera de sus investigaciones, y que debía limitarse a los hechos realizados por los jefes, oficiales y tropa para deducir responsabilidades en los casos en los que no se hubieran cumplido las obligaciones militares.
El 31 de agosto el general manifestó en carta al ministro su desacuerdo con la Real Orden, alegando que se debía investigar sin exceptuar a nadie, incluidas las más altas instancias del mando, ya que no se podían reducir las responsabilidades a «sucesos incidentales, consecuencia natural y obligada de los errores y desaciertos del mando». Ofrecía asimismo la posibilidad de que se le relevase de la comisión encargada para continuar su trabajo como representante militar español ante la Sociedad de las Naciones. La respuesta fue positiva. Una orden de 1 de septiembre le autorizaba a examinar a todo el personal militar pues en ella se precisaba que la investigación «se contraería a los hechos realizados […], sin excepción alguna».
En Melilla el general Picasso tomó declaración a setenta y nueve personas, sólo en relación con Annual. Uno a uno, escribió «Muerto», «Desaparecido», «Presente» o «Plaza» junto a los nombres de los soldados y oficiales que se vieron envueltos en el Desastre. El 23 de enero de 1922, tras seis meses de trabajo, el general regresa a Madrid con un abultado expediente de 2433 folios. El 18 de abril de 1922 el general entregó el expediente (y un resumen final redactado por él mismo) al Ministerio de la Guerra.Ficha del Expediente Picasso en el Archivo Histórico Nacional http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/6831854
Mientras el general Picasso instruía el expediente fue creciendo la idea entre ciertos sectores del país de que la causa contra los responsables del "desastre de Annual" no llevaría a ninguna parte. Así lo atestiguan estas coplillas de Luis de Tapia publicadas en el periódico La Libertad el 6 de septiembre de 1921 con el título Ni caso, y en el que se hace una alusión a la posible responsabilidad del rey:
Los socialistas también mostraron su desconfianza sobre el informe que pudiera elaborar el general Picasso y sobre su virtualidad política y judicial. Así lo manifestó el diputado socialista Indalecio Prieto: «Quien quiera enterarse de lo ocurrido en la zona de Melilla, por esta información […], no se enterará de nada […]. Veinte generaciones de ratones harán sus nidos en esta montaña de papel. He aquí en qué parará toda la depuración de responsabilidades a través de las investigaciones oficiales». En mayo de 1922 Prieto volvió a insistir: «Al cabo de los meses transcurridos, no hay ante el país ni la sombra de la existencia de una responsabilidad, ni siquiera un propósito evidenciado de que en busca de la responsabilidad se camine con paso firme y seguro. Picasso no existe; Picasso ya, en labios de los españoles, es una ficción, una entelequia, en lenguaje vulgar, señor ministro de la Guerra, un camelo». También se mostró escéptico el escritor Miguel de Unamuno, furibundo antialfonsino («la primera persona del Estado es quien tiene la culpa de todo lo bochornoso e ilegal que ocurre en nuestra Patria», había dicho públicamente sobre Alfonso XIII). En una intervención en el Ateneo de Madrid en marzo de 1922 dijo en referencia al Expediente Picasso que «ya se disolverá eso con cualquier pretexto; yo, sin embargo, me alegraría que se discutiera [pues] tengo ganas de ver en qué queda eso que yo llamo la "santiagada"».
El Expediente Picasso en el Consejo Supremo de Guerra y Marina Por Real Orden comunicada el 21 de abril de 1922, el Consejo Supremo de Guerra y Marina recibió el expediente, pasándolo el 24 de abril al fiscal militar, José García Moreno, que el 26 de junio lo devolvió al Consejo Supremo, pronunciándose por «pasar lo actuado al reunido, en Sala de Justicia, por haber hallado indicios de responsabilidades penales, solicitando ratificar todos los testimonios y subsanar las deficiencias halladas; abrir expediente para detallar méritos y recompensas; y comunicar lo actuado al Ministerio de la Guerra». Dos días más tarde, el 28 de junio, el fiscal togado, Ángel Romanos, remitió un escrito al Consejo identificándose con el informe del fiscal militar.
Lo que presentó el general Picasso fue un resumen de unas cuatrocientas páginas, en el que imputaba al Mando en primer lugar, ya que «con inconsciencia, con incapacidad, con aturdimiento o temeridad ha provocado el derrumbamiento de la artificiosa construcción del territorio». «El expediente revelaba hechos dramáticos y acciones, algunas heroicas, otras cobardes, y subrayaba la desorganización, la incompetencia y los errores estratégicos del mando».