miniatura|José I de España Se denominó afrancesados o josefinos a los españoles que habían colaborado con el rey José I Bonaparte durante la guerra de la Independencia española. Los «patriotas» y defensores de los derechos de Fernando VII, «cautivo» en Francia, le daban un sentido peyorativo, negaban la legitimidad establecida en el estatuto de Bayona como «rey de España e Indias» y le llamaban el «rey intruso». La inmensa mayoría de los «afrancesados» salieron de España en 1813 tras el fin de la Monarquía josefina, formando el primer exilio de la historia contemporánea de España, pero retornaron durante la década ominosa formando parte del absolutismo restaurado.
Como ha subrayado Manuel Moreno Alonso, en su obra "Traidores ante el Pueblo", en definitiva se trataría de hacer una historia equivalente a la de “buenos” y “malos”, ya que afirma que «con la excepción de los moros y los judíos de otras épocas, nadie en verdad fue injuriado con tanta saña como ellos los afrancesados. No se quiso admitir su idea de que, aceptando al nuevo rey, se evitaba tanto la anarquía como la guerra, a la vez que podía mejorarse el buen gobierno de la nación». El «patriota» Antonio de Capmany los calificó de «fastidiosa turba de sabihondos, ideólogos, filósofos, humanistas y politécnicos».
Según Manuel Moreno Alonso, el uso del término «afrancesado» para referirse peyorativamente a los partidarios del rey José I es relativamente tardío pues no empezó a difundirse hasta 1811. Antes de esa fecha se habían utilizado expresiones como «traidores», «infieles» o «juramentados» (este último término, una resonancia del francés assermenté, calificativo utilizado para designar a los sacerdotes que habían jurado la Constitución civil del clero).
Definición El término «afrancesado» en sentido amplio se ha aplicado a aquellas personas influidas —de forma «exagerada», según el DRAE— por las ideas y las costumbres de origen francés. En sentido estricto, el historiador Miguel Artola ha identificado el «afrancesamiento» político y material ―que diferencia del ideológico e intelectual propio, según él, de los liberales de las Cortes de Cádiz― con el colaboracionismo, un fenómeno «eterno». Si los «colaboracionistas» son «las gentes que por diversos motivos consideran un deber unirse al invasor para ver salvar lo que se pueda de la nación, e incluso en algunos casos para medrar personalmente», «en España se llaman afrancesados a las gentes que, cuando la dominación francesa, ocuparon cargos, juraron fidelidad al intruso [José I Bonaparte] o colaboraron con los ocupantes con fines diversos».
Para precisar aún más el concepto de «afrancesado» en sentido estricto, Artola propone distinguir entre los «afrancesados» propiamente dichos, que «por íntima y libre determinación» se sumaron al proyecto reformista que representaba José I ―«no intentan una revolución, únicamente quieren una evolución progresiva, que les permita aplicar al Gobierno las teorías del Aufklärung, que la muerte de Carlos III truncara»―, y los simples «juramentados», «que cumplieron las órdenes que recibieron sin discutir su origen ni legalidad», y esto por dos motivos: «el miedo a la represión y la inexcusable necesidad de sobrevivir a la prueba». «Hubo muchos juramentados y muy pocos afrancesados», añade Artola. Sobre los «juramentados» emite un duro juicio: «no representan nada, son totalmente amorfos».
Juan López Tabar ha considerado acertada la distinción propuesta por Artola entre afrancesados y simples juramentados. Estos últimos constituyeron, como también señaló Artola, la inmensa mayoría de los que «por pura necesidad optaron por prestar juramento al nuevo monarca como un mal menor, especialmente cuando su existencia económica dependía del Estado, caso del aparato burocrático, que mayoritariamente, optó por esta fórmula». «Su colaboración no pasó en la mayor parte de los casos de un acatamiento resignado de la nueva situación, formando tan sólo ese fondo anónimo, neutro, del cuadro de la España josefina». En cambio los afrancesados, apenas unos miles, «no sólo juraron al nuevo monarca, sino que de manera consciente y por su propia voluntad, ocuparon cargos o colaboraron de alguna manera con los ocupantes, bien con objeto de apoyar la política del rey José, en quien veían un continuador del reformismo ilustrado, o, en el menor de los casos, por mero afán de medro». López Tabar ha realizado un censo de los afrancesados y ha conseguido identificar a 4172, de los cuales 2416 provienen de la administración (constituyendo el 57,9 % del total), 979 son militares, 252 eclesiásticos, 99 nobles y el resto, 426, particulares o de una categoría que no se ha podido determinar.
Con posterioridad a la Guerra de la Independencia, para hablar del partidario de Francia o de lo francés (por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial) se usó más bien el término francófilo, desprovisto de las connotaciones negativas de las que el término afrancesado no se había desprendido todavía.
Historia thumb|Retrato de Juan Meléndez Valdés por Francisco de Goya (1797). El poeta y jurista Menéndez Valdés fue nombrado por José I Bonaparte miembro del Consejo de Estado. Murió en el exilio en 1817. Las raíces de los afrancesados se encuentran en el despotismo ilustrado de Carlos III, según Miguel Artola, hasta el punto que afirma que «el ilustrado de tiempos de Carlos III fue el afrancesado de 1808… Para los afrancesados, Bayona no es más que un cambio de dinastía».
El 7 de julio de 1808 José I Bonaparte, rey de España «por la gracia de Dios y por la Constitución del Estado», prestó solemne juramento en el Ayuntamiento de Bayona (en francés), según lo prescrito en la «Constitución de Bayona», aprobada el 30 de junio por la «Asamblea de Notables» convocada por Napoleón Bonaparte y a la que habían acudido 91 de los 150 diputados previstos. Después del juramento de José I, estos juraron a su vez fidelidad al nuevo monarca y algunos de ellos le aseguraron que «España entera acogería con entusiasmo al nuevo soberano» Pero lo cierto era, como ha destacado Rafael Abella, que se abría un profundísimo «cisma en el cuerpo social hispano». «Frente a los que se llamaban a sí mismos “patriotas” [que no reconocían la legitimidad de José I y defendían los derechos de Fernando VII], empezó a nombrarse despectivamente de “afrancesados” o “josefinos” a los que se dispusieron a colaborar con el régimen encarnado por José I».
La mayoría de los españoles rechazó al «rey intruso», pero como ha señalado Manuel Moreno Alonso, «no todo el pueblo estuvo en contra de José, porque hubo componentes fundamentales de éste, gente perteneciente a la clase media, que desde el primer momento en que se produjo el levantamiento [que iniciaría la Guerra de la Independencia española] advirtió que la resistencia estaba marcada por el fuego de la revolución social, “desde los pueblos ―dirá un comerciante de Burgos―, desconociendo su verdadero interés, prefirieron la insurrección y la anarquía a la tranquilidad y buen orden”. Fue el temor a estos “patriotas” lo que decidió a gente del pueblo a colaborar finalmente con el Intruso». Así pues, los partidarios de la monarquía josefina «no eran muchos, pero constituían la élite: la oligarquía económica, buena parte del aparato burocrático ilustrado ―funcionarios, oficiales del ejército, amplio sector del alto clero― y la minoría ilustrada». Sin embargo, Moreno Alonso matiza que no todas las personas notables apoyaron a José Napoleón I. «Cientos de familias se marcharon de la Corte desde antes incluso de llegar Madrid, una vez que se produjeron los sucesos de mayo».
Josep Fontana coincide con Moreno Alonso cuando afirma que el «carácter popular de la resistencia» al cambio de dinastía fue lo que les confirmó en su decisión de apoyarla. Fue el caso, por ejemplo, de los ministros josefinos Miguel José de Azanza y Gonzalo O'Farrill, para quienes las sublevaciones populares «dieron indicios de la horrorosa anarquía que amenazaba al reino, y este fue un nuevo motivo para que la gente sensata se inclinase a abrazar un gobierno capaz de comprimir con su fuerza al pueblo». Lo que sucedía, según ellos, no era más que una serie de «asonadas y tumultos populares» en los que «el vulgo desenfrenado» se encarnizaba contra las autoridades.
Los motivos de los afrancesados
Según Miguel Artola, los motivos que movieron a los afrancesados a defender la monarquía de José I fueron de tres tipos: políticos, históricos y nacionales. Entre los motivos políticos Artola señala tres, que responden a los «principios doctrinales de los afrancesados»: el monarquismo, que se sitúa por encima de la fidelidad a una u otra dinastía («Nos unimos al soberano que se nos mandaba servir y le fuimos fieles hasta el último momento», afirmó el afrancesado Francisco Amorós); la oposición a la revolución, a la «hidra de la anarquía», «el mayor azote que Dios envía a los pueblos», según Miguel José de Azanza, y que sólo el gobierno de José I podía detener; y la «necesidad de reformas políticas y sociales», «que reclaman las luchas del siglo, que arreglan la administración pública a los sistemas conocidos por mejores, consolidan el poder de un Estado y aseguran su libertad positiva y su gloria verdadera», como dirá Amorós.
Entre los «motivos de tipo histórico» Artola señala que los afrancesados representaban la «tradicional orientación» de la política española de «lograr la alianza de Francia para defenderse frente a Inglaterra» («¿Qué hicieron pues, los vocales de la Junta de Bayona firmando una Constitución, y los demás españoles la aceptaron, sino procurar sacar todas las ventajas posibles a favor de la independencia y libertad de la nación, apoyados en razones de conveniencia política, que la experiencia reciente, y aun la de un siglo entero, había hecho conocer como la más provechosa y necesaria entre dos naciones a quienes su posición geográfica les dicta la necesidad de vivir unidas?», escribieron los afrancesados Gonzalo O'Farrill y Miguel José de Azanza). A lo que se añadía la necesidad de preservar el Imperio español en América. thumb|Miguel José de Azanza, fue ministro del gobierno de José I. Murió en el exilio en 1826. Por último, entre los «motivos de conveniencia nacional» Artola apunta dos: «el afán natural de evitar una guerra, de la que acertadamente pensaban había de salir maltrecho el país, pugna que, por otra parte, consideraban innecesaria» («La justicia de una causa no basta por sí sola para que una guerra sea conveniente, y como tal deba abrazarse, y que las razones de su inconveniencia pueden presentarse tan probables y poderosas que, lejos de ser un crimen, se haga un servicio a la nación en evitarla», escribieron O’Farrill y Azanza) y «la ventaja que se obtenía de poseer una administración española, con lo que se evitaba que España se transformase en una dependencia francesa, totalmente gobernada por funcionarios extranjeros» («Si no hubiésemos desempeñado nosotros los empleos, se hubieran dado a los extranjeros, polacos, alemanes, italianos y franceses, pues de todo hubo en los ejércitos que hicieron la conquista, ¿y se cree que en tal caso hubieran sido más felices los españoles?. Respondan por mí los pueblos y hágase el paralelo de los países que fueron gobernados militarmente con aquellos donde pudo el rey conservar algún influjo y se verá la enorme diferencia», escribió el afrancesado Juan Antonio Llorente). De ellos dijo el mariscal Suchet: «Conscientes de la situación del país, aceptaron la honrosa misión de interponer la moderación y la justicia entre los habitantes y los soldados, y protegieron los intereses de sus compatriotas con una perseverancia jamás desmentida».