thumb|250px|Las calles aledañas a la Estación Normal del Metro de la Ciudad de México fueron escenario de El Halconazo, nombre con el que se conoce la Matanza del Jueves de Corpus de 1971 en el Distrito Federal.
La Matanza del Jueves de Corpus (también, la masacre de Corpus Christi o El Halconazo) es el conjunto de hechos ocurridos en la Ciudad de México el 10 de junio de 1971 —día de la festividad de Corpus Christi, de donde tiene origen el nombre coloquial de la matanza—, cuando, por órdenes del gobierno de México, una manifestación en apoyo a los estudiantes de Monterrey y en oposición al gobierno de Luis Echeverría Álvarez que se dirigía de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el Casco de Santo Tomás al Monumento a la Revolución, fue reprimida violentamente por un estimado de 1 000 integrantes del grupo paramilitar al servicio del Estado llamado Los Halcones, apoyados por servidores públicos del Departamento del Distrito Federal (DDF), la Policía de la Ciudad de México, su Agrupamiento de Granaderos, así como agentes de la Dirección Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal de Caminos y soldados del Estado Mayor Presidencial (EMP) del Ejército Mexicano en la Calzada México-Tacuba al cruce con la avenida de los Maestros, en la colonia Tlaxpana de la hoy alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
Antes y durante los hechos, los perpetradores cometieron, además de los asesinatos, delitos como detenciones ilegales, maltratos, torturas, persecuciones, desapariciones forzadas, espionaje, criminalización, homicidios y ejecuciones extrajudiciales; el Estado coercionó la libertad de expresión y sostuvo a través de los medios masivos de comunicación controlados por el gobierno una campaña de desprestigio y descrédito a la oposición del gobierno echeverristaFEMOSPP. Informe Histórico presentado a la sociedad mexicana: Fiscalía especial FEMOSPP. Serie: México: Genocidio y delitos de lesa humanidad. Documentos fundamentales 1968-2008. Tomo IX. México, Comité 68, 2008, 890 páginas. y la pretensión de la colocación de la versión oficial en la sociedad que ponía, en oposición, al gobierno como una víctima de los hechos.
En la matanza fueron asesinadas a tiros y a golpes más de 225 personas, en su mayoría jóvenes estudiantes manifestantes de entre 14 y 22 años contando participantes del Movimiento de 1968,Alarcón, G. Editor. Trágico saldo de la manifestación estudiantil en el DF. Centro Cultural Universitario Tlatelolco, UNAM. Disponible en https://m68.mx/coleccion/7758 así como testigos de los hechos. Los perpetradores dejaron, además, un número indeterminado de heridos incluyendo a periodistas y fotógrafos de México y otros países —con el fin de que los hechos no fueran conocidos o registrados— y participantes de la marcha que fueron salvados de la muerte por vecinos de las colonias aledañas Un Hogar Para Nosotros, Santo Tomás, Agricultura, Plutarco Elías Calles, Tlaxpana, Santa Julia, Atlampa, Tlatilco, San Rafael y Santa María la Ribera, colonias hasta donde se extendió la persecución y los hechos de violencia la noche del 10 de junio. Otros heridos identificados como participantes de la marcha fueron asesinados («rematados») o secuestrados por Halcones y miembros de la DFS mientras se encontraban en atención en hospitales cercanos como el Rubén Leñero.
Veinte años después, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) atribuyó la responsabilidad intelectual de la matanza al entonces presidente del país, Luis Echeverría Álvarez —quien buscaba dar con la matanza un «escarmiento» a sus opositores de izquierda— e involucró a su círculo cercano como el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, el secretario de la Defensa Hermenegildo Cuenca Díaz y el director del EMP, Alfonso Corona del Rosal así como el entonces regente de la Ciudad de México, Alfonso Martínez Domínguez y el Jefe de la Policía, el también militar Rogelio Flores Curiel.FEMOSPP. Informe Histórico presentado a la sociedad mexicana: Fiscalía especial FEMOSPP. Serie: México: Genocidio y delitos de lesa humanidad. Documentos fundamentales 1968-2008. Tomo IX. México, Comité 68, 2008, 890 páginas. Fue activa la asesoría del gobierno de los Estados Unidos en el entrenamiento de oficiales de primer orden a cargo del grupo paramilitar y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), quien tuvo conocimiento permanente de los hechos; igualmente el gobierno realizó un registro documental de la matanza a través de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales de la Secretaría de Gobernación.
Pese a la labor de censura gubernamental, algunas fotografías de la masacre fueron salvadas de la destrucción y publicadas por medios de comunicación, indignados por el ataque de los Halcones a sus empleados y colegas; igualmente, agencias internacionales fuera del control oficial mexicano mostraron las fotografías y reportaron el contubernio entre los paramilitares y la policía en el ataque. Echeverría negó públicamente la autoría de los hechos y ordenó en consecuencia la renuncia a sus cargos de Alfonso Martínez Domínguez —apodado popularmente desde entonces como Halconso— y Flores Curiel sin ser procesados ni juzgados ningunos otros responsables de los hechos pese a que el gobierno ordenó una investigación que no tuvo conclusiones, en una labor de Estado de negación del acceso a la justicia a los familiares de las víctimas. Como consecuencia de la matanza, algunos grupos de izquierda participantes de la organización de la marcha abandonaron la vía pacífica de lucha social y optaron por la clandestinidad y la opción armada, formando grupos guerrilleros.
Por la matanza fueron acusados de genocidio en 2002 Luis Echeverría Álvarez, Mario Augusto José Moya y Palencia, Luis de la Barrera Moreno, Miguel Nazar Haro, José Antonio González Aleo, Manuel Díaz Escobar Figueroa, alias «el Maestro» o «El comandante», Rafael Delgado Reyes, «el Raffles», Sergio San Martín Arrieta, «el Guatusi», Alejandro Eleazar Barrón Rivera, Sergio Mario Romero Ramírez «el Fish», y Víctor Manuel Flores Reyes, «el Coreano»; acusaciones que quedaron establecidas en la causa PGR/FEMOSPP/011/2002.
El 2 de julio de 2002 Echeverría se convirtió en el primer expresidente mexicano citado a declarar ante la justicia mexicana por este y otros casos, falleciendo en libertad con reservas de ley en su domicilio con las causas penales en su contra.
Contexto El Estado Mexicano, controlado por los gobiernos sucesivos del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), a la postre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) convertido en un partido hegemónico desde 1929, hizo uso del terrorismo de Estado como una de las formas de represión a los grupos disidentes y opositores y de consolidación de su propio poder. Entre las principales estrategias de este terrorismo se encontró la comisión de delitos como masacres, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, encarcelamientos sin debido proceso, persecución y espionaje, entre otros.
Es así que el propio ascenso del militar Manuel Ávila Camacho en 1940 se vio marcado por violencia donde pistoleros asesinaron a un estimado de 40 simpatizantes de Juan Andreu Almazán, ex revolucionario y candidato de extrema derecha, el 7 de julio de ese año. El 2 de enero de 1946 elementos del Ejército Mexicano cometieron la masacre de León, en donde fueron asesinados cerca de 40 simpatizantes de la Unión Cívica Leonesa, un partido de derecha opositor al PRM que apoyó al candidato Carlos A. Obregón. El 4 de marzo de 1942, ante un intento de privatizar la educación y reducir el gasto educativo por Ávila Camacho, policías y bomberos reprimieron protestas en el centro de la Ciudad de México en donde murieron cuatro estudiantes.
Líderes obreros de izquierda opositores al PRI que encabezaron movimientos democratizadores como Valentín Campa y Demetrio Vallejo, fueron encarcelados injustamente y sus simpatizantes asesinados y perseguidos, en 1946 y 1958, respectivamente. En 1952 nuevamente el PRI repite la fórmula de la represión a Andreu Almazán ante una jornada electoral, y reprime violentamente una manifestación en la Alameda Central en pro del candidato opositor Miguel Henríquez Guzmán el 7 de julio de ese año. En 1956 una huelga estudiantil en el IPN fue reprimida por la Operación P a cargo del Ejército Mexicano, el 23 de septiembre de 1956 provocando una oleada represiva de encarcelamientos injustos a los huelguistas. Hacia 1958 el gobierno del entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines enfrenta la mayor crisis sectorial suscitada a un gobierno del PRI, que involucró a grupos de izquierda disidentes de sindicatos como los ferrocarriles, los telégrafos, la electricidad, el petróleo y el sector estudiantil, mismas que fueron reprimidas con violencia. El 2 de septiembre de 1958 el gobierno disuelve violentamente el movimiento magisterial y encarcela injustamente a Othón Salazar. En 1959 ya con Adolfo López Mateos en el poder, el Estado reprime autoritariamente el movimiento democratizador de Demetrio Vallejo, a quien encarcela; en 1962 el líder campesino morelense Rubén Jaramillo y su familia fueron asesinados sumariamente por soldados del Ejército Mexicano.
Con este historial represivo y autoritario, a partir de los años 60 con López Mateos y Díaz Ordaz se consolida el terrorismo de Estado virando hacia un nivel de violencia que directamente buscaba la aniquilación y separación de la vida política y social a los grupos disidentes y opositores. Previo a ordenar el exterminio del movimiento de 1968 en el centro del país, Díaz Ordaz ordenó la represión del movimiento médico de 1965, así como de huelgas y paros estudiantiles en Michoacán y Nuevo León en 1966, en Tamaulipas, Sonora y Chihuahua el siguiente año y en Tabasco, también en 68.
Antecedentes Tras el Movimiento de 1968 y su desenlace fatal el 2 de octubre de 1968 en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el movimiento social de oposición a los gobiernos del PRI —integrado por estudiantes, obreros, sindicatos y otros colectivos sociales de izquierda— es debilitado pero no extinto. Tanto los principales líderes como decenas de participantes en los hechos de Tlatelolco que no fueron asesinados o heridos, fueron acusados de delitos como daño en propiedad ajena, ataques a las vías de comunicación, asociación delictuosa, robo, despojo, acopio de armas, homicidio, lesiones contra agentes de la autoridad, falsificación de documentos, sedición e incitación a la rebelión.; todo ello en una estrategia ideada desde el Estado Mexicano para ocultar los hechos de Tlatelolco y obstruir el acceso a la justicia a las víctimas.
Desde sus primeros días de gobierno, el presidente Luis Echeverría Álvarez anunció reformas de apertura democrática en el país. Inmediatamente permitió el regreso de algunos líderes del movimiento estudiantil de 1968 exiliados en Chile y la excarcelación de muchos otros presos desde hacía dos años (en abril de 1971, la prensa habló de próximas reformas educativas y pronto resurgieron en el ámbito político personajes como José Revueltas y Heberto Castillo, encarcelados dos años y medio atrás).
Los estudiantes estaban entusiasmados y creyeron que habría oportunidades para regresar a las calles a manifestarse en contra del gobierno. El conflicto en la Universidad Autónoma de Nuevo León les dio una razón más para hacerlo: a finales de 1970, profesores y estudiantes de la universidad presentaron una ley orgánica que proponía un gobierno paritario, y el 20 de febrero de 1971 llegó Héctor Ulises Leal Flores a la rectoría bajo esta nueva ley.