Las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar en Chile son aquellos crímenes contra la humanidad que tuvieron lugar durante la dictadura militar liderada por el general Augusto Pinochet, la cual se extendió entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

Durante este período, efectivos de las tres ramas de las FF.AA. bajo el mando de Gustavo Leigh, funcionarios de Carabineros y agentes de civil miembros de las policías secretas de la dictadura militar (la DINA y la CNI) efectuaron una política de genocidio sistemático, prolongado, masificado y de persecución, encarcelamiento, secuestro, tortura, asesinato, desaparición forzada y en última instancia el exterminio de opositores políticos a la dictadura. Con el fin de ocultar o desligarse de la responsabilidad de dichos crímenes, el régimen recurrió sistemáticamente a estrategias como la creación de falsos enfrentamientos, la censura y la desinformación.

De acuerdo a los informes de la Comisión de Verdad y Reconciliación (conocido como «Informe Rettig»), la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura («Informe Valech)», la cifra oficial de víctimas directas ascendería a 31 686 personas, de las cuales 28 459 casos fueron víctimas de tortura y 3227 casos fueron víctimas ejecutadas o desaparecidas (2125 muertos y 1102 desaparecidos).

Además, unas 200 000 personas habrían sufrido el exilio y un número indeterminado habría pasado por centros clandestinos de detención y tortura. Las cifras varían mucho y siguen siendo solo un punto de referencia cuestionable. Bajo los informes de las comisiones, no es posible aclarar si los casos de víctimas de detenidos desaparecidos corresponden efectivamente a casos de víctimas con resultado de muerte, porque en la mayoría de estos casos, no es posible encontrar los cuerpos para comprobar este hecho.

Contexto histórico

thumb|Bombardeo del Palacio de La Moneda durante el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. El 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado al mando de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas terminó con el gobierno constitucional del presidente Salvador Allende, el que enfrentaba una grave crisis económica y política. Unidades blindadas y de infantería del Ejército atacaron diversos edificios gubernamentales, incluyendo el Palacio de La Moneda, sede del Poder Ejecutivo, el cual fue bombardeado por aviones de la Fuerza Aérea (FACh). Tras el bombardeo de la sede presidencial y la inminente victoria de las unidades golpistas, Allende se suicidó y la resistencia en el Palacio fue neutralizada.

thumb|Buque Escuela Esmeralda, utilizado como centro de detención y torturas en 1973. Ministros de gobierno y colaboradores cercanos al Presidente fueron detenidos y llevados a centros ilegales de detención. Inmediatamente al Golpe de Estado se declaró el toque de queda en todo el territorio nacional a partir de las 15:00 del 11 de septiembre de 1973. Se silenciaron todos los medios de comunicación favorables al gobierno de Allende, incluyendo las radios Portales, Magallanes y Corporación, y los diarios El Clarín, El Siglo, Puro Chile; varios de estos medios fueron allanados y sus prensas destruidas. En las zonas rurales se detuvo a muchos dirigentes de la Reforma Agraria, muchos de los cuales fueron ejecutados en el lugar de detención.

El 12 de septiembre, por medio del bando militar N.° 5, las Fuerzas Armadas y de Orden declararon unilateralmente un «estado de guerra interna» en Chile. Se declararon ilegales y proscritos los partidos Comunista, Socialista y las demás organizaciones de izquierda, mientras partidos de centro y derecha como los partidos Nacional, Demócrata Cristiano y Radical fueron suspendidos cuando se disolvió el Congreso Nacional. También fue disuelto el Tribunal Constitucional, los registros electorales fueron quemados y se ordenó el cese de funciones de alcaldes, regidores y rectores de las universidades públicas. Los militares llamaron a la población a denunciar a los líderes y adherentes de la Unidad Popular como «traidores a la Patria».

Se llamó a aquellos que tuvieran cargos y representatividades de grupos sociales a entregarse a las comisarías para regularizar su situación. Se detuvieron a miles de personas, muchas de las cuales fueron conducidas a diversos puntos como el Estadio Chile, el Estadio Nacional y el buque escuela Esmeralda, donde fueron detenidos y, en algunos casos, ejecutados, como fue el caso del cantautor Víctor Jara y del Director General de Prisiones Littré Quiroga. Poblaciones como La Legua, La Victoria y La Bandera fueron allanadas y sus pobladores detenidos en masa.

Miles de personas fueron detenidas a lo largo de todo el país durante los primeros días de la dictadura, sin importar clase social, género, ocupación, estado civil o edad. El general Alberto Bachelet fue detenido, torturado y posteriormente asesinado a manos de sus propios compañeros de armas, entre los que se encontraba Fernando Matthei, aunque la viuda del general Bachelet, Ángela Jeria negó que Matthei hubiera formado parte en las torturas contra su marido. Otra de las personalidades en ser detenidas apenas iniciada la dictadura fue el exministro de Allende, José Tohá, quien fue llevado prisionero a Isla Dawson y después trasladado al Hospital de la Fuerza Aérea, sufriendo, en ambos sitios, constantes torturas. Su muerte se atribuyó a un suicidio, aunque posteriores investigaciones judiciales han dado indicios claros de homicidio por estrangulamiento. A finales de septiembre de ese año sería asesinado, durante su exilio en Argentina, el general Carlos Prats con un coche bomba, atentado en el cual también murió su esposa Sofía Cuthbert. Unos meses después moriría en extrañas circunstancias el también general Augusto Lutz, quien se había distanciado de Pinochet. Según datos de Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a diciembre de 1973, por motivos políticos, habían sido detenidas cerca de 250 000 personas, es decir, el 2,7 % de la población chilena.

Ante la gran cantidad de denuncias y la inexistencia de instancias formales, en octubre de 1973 se crea el Comité de Cooperación para la Paz en Chile con la participación de las iglesias católica, luterana, ortodoxa y evangélica y la comunidad judía, para realizar una acción ecuménica de ayuda a las personas y familias afectadas.

En junio de 1974 la Junta Militar de Gobierno creó oficialmente la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), a cargo del coronel Manuel Contreras. El proyecto fue aprobado por la comunidad de inteligencia, con el voto en contra del jefe de Inteligencia de Carabineros de la época, general Germán Campos Vásquez, quien desaprobó el proyecto porque creaba una entidad ajena a todo control institucional, a las órdenes y mando directo del general Augusto Pinochet.

Violaciones de derechos humanos como política de Estado Las violaciones de los derechos humanos fueron una práctica sistemática durante la dictadura militar, la cual fue posible dada la concentración de distintos poderes del Estado en manos de la Junta Militar de Gobierno, la renuncia del poder judicial a algunas de sus funciones, a la creación de organismos de inteligencia (DINA y CNI) y a la ausencia de libertad de prensa.Comisión Valech Síntesis Informe. Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, págs.11-12. De acuerdo a la Comisión Valech:

Organismos represivos Dirección de Inteligencia Nacional (DINA)

thumb|Manuel Contreras, director de la DINA

La DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) fue la policía secreta durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet entre 1974 y 1977. Fue creada a través del Decreto Ley 521 del 14 de junio de 1974, aunque ya funcionaba de facto desde octubre de 1973. Dirigida por el coronel Manuel Contreras, y tal como se indica en el artículo 1° del Decreto Ley 521, fue creada como: «(Un) organismo militar de carácter técnico profesional, dependiente directamente de la Junta de Gobierno y cuya misión será la de reunir toda la información a nivel nacional, proveniente de los diferentes campos de acción, con el propósito de producir la inteligencia que se requiera para la formulación de políticas, planificación y para la adopción de medidas que procuren el resguardo de la seguridad nacional y el desarrollo del país»; aunque para efectos prácticos, el objetivo del organismo fue la persecución, represión, detención, tortura, asesinato y desaparición forzada de disidentes políticos a la dictadura. A esta organización pertenecieron autores de la represión, tortura y muerte de personas calificadas como «subversivas», así como asesinos de figuras notables de la oposición a la dictadura en el exilio. La DINA fueron responsables de la mayor parte de los casos de asesinatos, tortura, secuestro y desaparición forzada de personas realizados durante la dictadura militar. Fue reemplazada en agosto de 1977 por la CNI (Central Nacional de Informaciones).

El Informe Hinchey señala que entre 1974 y 1977, la CIA mantuvo contacto regular pagado con el entonces director de la DINA.«Contreras cuenta sus relaciones con la CIA y con el mundo que lo rodea en Punta Peuco», artículo de Lilian Olivares en el diario La Segunda, del 29 de septiembre de 2000.Informe Hinchey incluye otros antecedentes: 1.- La CIA tenía como agente permanente a sueldo al director de la DINA, Manuel Contreras, y de hecho le efectuó un pago en 1975. 2.- El general Sergio Arellano Stark ordenó la ejecución de 21 presos políticos en octubre de 1973, en el recorrido criminal de la Caravana de la Muerte. El gobierno de los Estados Unidos aprobó esta relación mercenaria con Contreras puesto que «dada su posición como jefe de la principal organización de inteligencia en Chile, era necesario para cumplir la misión de la CIA, a pesar de las preocupaciones de que esta relación pudiera exponer a la CIA a acusaciones de estar colaborando en la represión política interna».

Comando Conjunto

El Comando Conjunto fue una organización clandestina que operó entre 1975 y 1976, periodo en el cual secuestró, torturó e hizo desaparecer a decenas de personas, casi todas ellas dirigentes del Partido Comunista. Funcionó de facto —sin una formalización institucional como sí lo hizo la DINA— bajo el alero de la Dirección de Inteligencia (DIFA) de la FACh, pero también tuvo en sus filas a integrantes del Ejército, la Armada, Carabineros y civiles que habían pertenecido al grupo paramilitar de extrema derecha Patria y Libertad. Durante el tiempo que operó «compitió» con la DINA en el exterminio de la cúpula del PC.

Fue disuelto en enero de 1977 como consecuencia de un fallido operativo ocurrido el 3 de noviembre del año anterior que terminó con el militante comunista Carlos Contreras Maluje detenido por agentes del Comando Conjunto en el centro de Santiago ante decenas de testigos, ya que la notoria detención permitió descubrir en las semanas siguientes la participación de la DIFA en el secuestro. La existencia del Comando Conjunto recién se conocería públicamente en 1984, gracias a la confesión de Andrés Valenzuela Morales, suboficial de la FACh y exagente de la organización.

Central Nacional de Informaciones (CNI)