El reinado de Fernando VII (1808–1833) fue una etapa de profunda crisis del Estado español, marcada por la invasión napoleónica, el conflicto político entre absolutismo y liberalismo español y los procesos de independencia en América. Este periodo se inscribe en la historia contemporánea de España y en el surgimiento de los Estados hispanoamericanos y, por tanto, afectó tanto a la Península ibérica como a los reinos de Indias —las denominadas Españas de ambos hemisferios—, en el contexto de la descomposición del Imperio español.
Fernando VII de España subió al trono el 19 de marzo de 1808, con el Motín de Aranjuez, inmediatamente después de la abdicación de su padre, Carlos IV; y su reinado concluyó con su fallecimiento el 29 de septiembre de 1833. La monarquía llamada Reino de España e Indias desde el siglo pasó a denominarse Reino de las Españas durante el liberalismo español.
Fernando VII, proclamado rey nominal desde Aranjuez el 19 de marzo de 1808, permaneció cautivo tras las abdicaciones de Bayona. No obstante, fue reconocido como monarca legítimo durante la guerra de Independencia por las juntas patrióticas, la Junta Suprema Central, la Regencia y también por las juntas americanas en sus respectivos territorios, hasta la secesión de estas respecto del Estado nación establecido en las Cortes de Cádiz.
Desde la proclamación de José I Bonaparte, el 25 de julio de 1808, hasta el retorno del cautivo Fernando VII, no hubo rey efectivo en España. Después de la derrota definitiva de José I Bonaparte, quien abandona Madrid el 27 de mayo de 1813, Napoleón reconoció a Fernando VII como rey de España e Indias, mediante el Tratado de Valençay.
Tras su liberación, Fernando VII regresó a España el 22 de marzo de 1814 por la frontera de Figueras, y prometió restaurar las cortes tradicionales y gobernar sin despotismo.
En general, recibió el apoyo general de la población y el respaldo de 69 diputados de las Cortes, mediante el llamado Manifiesto de los Persas, que fue presentado al rey el 16 de abril en Valencia. Con este apoyo encabezó el golpe de Estado de mayo de 1814, se proclamó rey absoluto, decretó ilegales las Cortes de Cádiz y toda su obra, así como todas las Juntas rebeldes surgidas en América.
En los años siguientes, tras una sucesión de pronunciamientos liberales en la península ibérica, finalmente en 1820, se provocó la sublevación del ejército de Ultramar por Rafael Riego y Antonio Quiroga, que consiguió reinstalar las Cortes durante el llamado Trienio Liberal.
En 1823, se produjo la reacción realista y la invasión del ejército francés conocido como los Cien Mil Hijos de San Luis, que restauró a Fernando VII en el trono absoluto, hasta su muerte en 1833.
El reinado de Fernando VII, tras recuperar sus derechos al trono con la firma del Tratado de Valençay, se divide convencionalmente en tres períodos: Sexenio Absolutista, Trienio Liberal y Década Ominosa.
El efímero primer reinado (marzo-mayo de 1808)
thumb|left|Retrato alegórico de Fernando VII realizado por Vicente Capilla en 1810, cuando hacía dos años que en Bayona, presionado por Napoleón, le había cedido a este sus derechos a la Corona española. Pero las abdicaciones de Bayona no fueron reconocidas por los españoles «patriotas» que siguieron considerando como su rey a Fernando VII (confinado en el Castillo de Valençay bajo la custodia de Napoleón). El 19 de marzo de 1808 Carlos IV abdicó en su hijo Fernando, príncipe de Asturias, como consecuencia de la presión a que se vio sometido durante el motín de Aranjuez, instigado por el partido aristocrático o fernandino y que provocó la caída del «favorito» Manuel Godoy.
El emperador francés Napoleón, cuyas tropas se instalaron en España para invadir Portugal en virtud del Tratado de Fontainebleau, pero cuya intención de someter a la monarquía española era cada vez más evidente ―las tropas del mariscal Joaquim Murat habían entrado en Madrid el 23 de marzo―, decidió intervenir en la crisis dinástica española y consiguió que Carlos IV y su hijo, proclamado como Fernando VII, junto con el resto de miembros de la familia real, acudieran a Bayona.
Fernando VII llegó el 20 de abril y, el 30, Carlos IV y su esposa, María Luisa de Parma. La noticia de la partida del resto de familia real hacia Bayona provocó un levantamiento antifrancés en Madrid el 2 de mayo, que sería secundado en otros muchos lugares, donde se formaron Juntas que asumieron el poder, dando inicio así a la que sería conocida como la Guerra de la Independencia española.
En Bayona, Carlos IV y Fernando VII, fueron obligados a ceder sus derechos a la Corona española a Napoleón, que a su vez los delegó a su hermano José Bonaparte. Fernando VII, su hermano Carlos y su tío Antonio, quedaron confinados en el «Château» de Valençay.
Desde su cautiverio, Fernando VII mostrarí «la satisfacción de ver instalado» a José I Bonaparte en el trono de España, «prometiendo la lealtad que le debo al Rey de España», y escribió cartas muy afectuosas a Napoleón, felicitándole por sus victorias en España y expresando su deseo de convertirse en «hijo adoptivo suyo».
Por su parte, Carlos IV, su esposa María Luisa de Parma y su hijo pequeño Francisco de Paula de Borbón fueron conducidos desde Bayona al Palacio de Compiègne y más tarde marcharon a Marsella y finalmente a Roma (donde fallecería Carlos IV, en 1819 ).
El «rey ausente» y las Cortes de Cádiz
Las abdicaciones de Bayona no fueron reconocidas por las Juntas «patriotas», que mantuvieron su fidelidad a Fernando VII; mientras que una minoría ―los «afrancesados»― apoyó a José I, instalado en el Palacio Real de Madrid, tras haberse aprobado el Estatuto de Bayona que regiría la «monarquía josefina».
Las Juntas «patriotas» recibieron la ayuda británica, y constituyeron una Junta Suprema Central que, en alianza con el Reino Unido, mantuvo el esfuerzo de la guerra hasta ser derrotada y sustituida por una Regencia que asumía las majestad del «rey ausente» Fernando VII, con el mandato de convocar unas Cortes extraordinarias en un marco distinto al liberalismo gaditano.
Finalmente, en el marco del liberalismo español, se instalaron las Cortes que se reunieron en Cádiz el 24 de septiembre de 1810, y ante el avance de las tropas francesas, el mismo día en que iniciaron sus sesiones, acordaron que «reconocen, proclaman y juran de nuevo por su único y legítimo Rey al Señor D. Fernando VII de Borbón y declaran nula, de ningún valor ni efecto la cesión de la corona que se dice hecha a favor de Napoleón, no solo por la violencia que intervino en aquellos actos injustos e ilegales, sino principalmente por faltarle el consentimiento de la Nación», y a continuación proclamaron que en ellas residía la «soberanía nacional», arrogándose la majestad soberana de Fernando VII.
Partiendo de la declaración del 24 de septiembre de 1810, las Cortes de Cádiz elaboraron y aprobaron una Constitución estableciendo una nueva forma de organización política, el Estado nación ―con la oposición de los diputados «serviles», que era como llamaban los «liberales» a los defensores del Antiguo Régimen― que fue promulgada el 19 de marzo de 1812 —, que reconocía a Fernando VII en su artículo 179: «El Rey de las Españas es el Sr. D. Fernando VII de Borbón, que actualmente reina»—. De esta manera se instauró una monarquía constitucional y, junto con los decretos aprobados por las Cortes, se puso fin al Antiguo Régimen. Con las Cortes de Cádiz comenzó «el largo ciclo de la Revolución liberal española».
Las juntas de gobierno ejercieron su propia soberanía en nombre del ausente Fernando VII, asumiendo el rol de autoridades legítimas en respuesta al vacío de poder generado por la ocupación napoleónica. Estas juntas actuaron tanto en la península ibérica, como en todo el Imperio español a través de la Junta Central Suprema.
En España, tras la experiencia de desorden de las Juntas de 1808, se impuso el modelo de la mayoría de los diputados peninsulares, o monarquía unitaria; frente al modelo federalista de los diputados americanos.
En América, las juntas de gobierno locales rechazaron someterse a esta nueva organización política establecida por las Cortes de Cádiz, por lo que se declararon en rebeldía. Paralelamente, las Cortes de Cádiz aprobaron el envío de tropas, lo que marcó el inicio del conflicto abierto entre el gobierno peninsular y los americanos. En este contexto surgieron las primeras declaraciones de independencia, dando comienzo a las Guerras de Independencia Hispanoamericanas. Al mismo tiempo, en España se creó la Comisión de Reemplazos de Cádiz, encargada de organizar las expediciones militares destinadas a sofocar las rebeliones americanas.
El sexenio absolutista
thumb|250px|left|«Que se rompe la cuerda», estampa n.º 77 de la sección «Caprichos enfáticos» de Los desastres de la guerra, alusiva a la restauración fernandina. Según indica BozalValeriano Bozal, Francisco Goya, vida y obra, (2 vols.) Madrid, Tf., 2005, vol. 2, pág. 127. ISBN 84-96209-39-3. en este grabado se representa haciendo equilibrio a un alto representante eclesiástico que, en el dibujo preparatorio del Museo del Prado, representaba al Papa.
Tras la firma del Tratado de Valençay en diciembre de 1813 Fernando VII pudo retornar a España y al año siguiente encabezó el golpe de Estado de mayo de 1814 que restableció el absolutismo, poniendo fin al régimen constitucional instaurado por las Cortes de Cádiz. Los liberales fueron encarcelados, desterrados o se exiliaron.
Durante los seis años siguientes (1814-1820) el rey y sus ministros no consiguieron resolver la crisis del Antiguo Régimen iniciada en 1808 y que la que sería conocida como la Guerra de la Independencia (1808-1814) había agravado notablemente. El conflicto había destruido los resortes principales de la economía y el comercio con América había caído como consecuencia del proceso de emancipación de las colonias iniciado en 1810. El resultado fue una brutal depresión económica que se manifestó en una caída de los precios (deflación). Como consecuencia de todo ello la Hacienda de la Monarquía quebró: los caudales de América ya no llegaban en las cantidades anteriores a 1808 (con la consiguiente caída, además, de los ingresos de aduanas) y no se podía recurrir a la emisión de más vales reales, pues éstos estaban completamente depreciados al haberse acumulado muchas demoras en los pagos de los intereses anuales. Hubo un intento de reforma de la Hacienda, llevado a cabo por Martín de Garay, pero no prosperó por la oposición de los dos estamentos privilegiados, nobleza y clero, y también del campesinado (que rechazó el impuesto porque suponía un aumento de las cargas que ya soportaba en un momento en que «los precios de los productos agrícolas comenzaban a desmoronarse»).
Ante la incapacidad de los ministros de Fernando VII de resolver la crisis, los liberales (muchos de ellos integrados en la masonería para actuar en la clandestinidad) intentaron restablecer la Monarquía Constitucional mediante el recurso a los pronunciamientos. Se trataba de buscar apoyos entre los militares "constitucionalistas" (o simplemente descontentos con la situación) para que éstos alzaran en armas a algún regimiento cuyo levantamiento provocara la sublevación de otras unidades militares y obligar así al rey a reconocer y jurar la Constitución de 1812.
thumb|Ilustración de La segunda casaca de Benito Pérez Galdós (1884), en la que aparece al fondo el fusilamiento en el castillo de Bellver del general Luis Lacy. En primer plano los medallones conmemorativos de Lacy y del general Juan Díaz Porlier, también ajusticiado (en este caso ahorcado) por haberse «pronunciado» en contra del absolutismo de Fernando VII.