El informe Abril fue un análisis en el que se juzgaba y evaluaba el sistema sanitario público español, con una serie de recomendaciones para su planificación posterior. Redactado en 1991 por una comisión presidida por Fernando Abril Martorell, apellido del que tomó su denominación. El informe estuvo terminado y presentado al ministro el 25 de julio de 1991 y fue presentado en el Congreso de los Diputados por Abril Martorell el 25 de septiembre, siendo presidente del Gobierno Felipe González Márquez. En él se consideraba que existía "un cierto agotamiento del sistema sanitario". Este informe fue muy criticado en su momento y quedó relegado aparentemente en el olvido. En marzo de ese mismo año se había producido el relevo en el ministro de Sanidad de Julián García Vargas, impulsor del informe, que fue sustituido por Julián García Valverde. Sin embargo muchas de las recomendaciones del mismo se han ido adoptando en la primera década del por el Estado y las comunidades autónomas.Informe Abril Martorell: la reforma sanitaria que llegó doce años después. 22 de noviembre de 2003.
Miembros de la Comisión Presidente: Fernando Abril Martorell. Vicepresidente y coordinador: Enrique Costas Lombardía. Secretario: Joan Josep Artells Herrero. Vocales: Rafael Alonso Pedreira, Lluis Bohigas Santasusagna, Antonio García de Blas, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Martínez Borrego y José María Segovia de Arana. Colaborador técnico: Rafael Bengoa Rentería.
Resumen del Informe Abril Seguidamente se realiza un resumen amplio del mismo: Introducción El origen de la Comisión se debió a los profundos cambios sociales y sanitarios que, en todo el mundo, perturbaban los sistemas de asistencia médica. La adaptación la habían realizado otras naciones europeas con anterioridad como Países Bajos, Reino Unido, Suecia, etc., y de otros continentes. Las variaciones demográficas, los nuevos comportamientos sociales, la presión incesante del acelerado progreso técnico médico, producían crecientes tensiones económicas. Reconocimiento de los logros. Se constata que el Sistema Nacional de Salud (SNS) contribuyó a la mejora de la salud de la población y a la corrección de las desigualdades sociales. Su dispositivo público era de los más extensos del mundo y cubría a toda la población española con un esfuerzo económico y calidad técnica y profesional equiparables a los países del entorno. Dificultades y carencias. El Sistema sufría tensiones por el aumento de la demanda social, por el envejecimiento y la mejora del nivel de vida y con el desarrollo de los servicios y la tecnología disponible, con recursos cada vez más limitados. Esto llevó a consecuencias negativas en eficacia, equidad y calidad de los servicios sanitarios. Según una encuesta internacional, encargada por la Comisión, el nivel de satisfacción de los servicios sanitarios se situaba en el noveno lugar de once países consultados, y en la que los ciudadanos reclamaban reformas en el Sistema.
Se constata que las autoridades sanitarias, profesionales e industrias relacionadas con el SNS, existía un consenso de las deficiencias, destacando: La Atención Primaria, que le correspondía ser la "puerta de entrada" al sistema, continuaba un lento proceso de transformación a formas más eficaces. Considerando que en muchas ocasiones consumen en exceso medios diagnósticos y terapéuticos y sobrecargas en la atención especializada. El porcentaje del gasto sanitario se incrementa en la Asistencia Especializada, al mismo tiempo que desciende el de la Atención Primaria. La Medicina Preventiva y Salud Pública no tenía el relieve que le corresponde. El Sistema público no tenía visión global y empresarial y mantenía relaciones despersonalizadas en la información y coartaba la libertad de elección, todo ello tanto con pacientes, como con familiares. Desmotivación de los profesionales en relación con el marco laboral. Ausencia de mecanismos de información, evaluación y análisis tanto en sector público como en el privado que dificulta la gestión y el establecimiento de programas de salud. Rigidez del Sistema que impedía decidir a los equipos directivos. El SNC se orientaba al cumplimiento de los procedimientos formales de la función pública, antes que el conseguir altos resultado por el óptimo empleo de los recursos. Los instrumentos de gestión y financiación son los que peor se adaptaron, fundamentalmente por el monopolio estatal de la financiación y provisión de servicios y la política inestable y restrictiva en el sector privado. En las comunidades autónomas donde ya se había transferido las competencias sanitarias, estas tendencias de centralismo y burocratización se mantuvieron. Propósitos de la reforma. La Comisión quiso resaltar que las mejoras que se proponen y las que se pudieran producir en el futuro, nunca deben afectar al núcleo básico de equidad y solidaridad que constituye la médula del Sistema.
Los propósitos generales eran: Promover la responsabilidad a los gestores, para lograr una mayor eficiencia de los recursos. Crear bases para que el Sistema funciones con mayor satisfacción subjetiva de los usuarios y con mayor libertad de elección. Promover conciencia de coste en el profesional y en el usuario. Suscitar la creación de estructuras más flexibles y autónomas en su gasto.
Bases para la reforma Aspectos de organización Los objetivos de orientación del servicio al usuario y la consolidación y regeneración de los aspectos angulares del SNS, mediante el estímulo de comportamientos responsables y eficientes en los principales actores, unidades de decisión y proveedores, requieren un importante conjunto de ajustes y cambios graduales de tipo organizativo.
Como principal efecto a conseguir es la combinación e una mayor descentralización, aplicar instrumentos de gestión empresarial y delimitar medios y responsabilidades de los gestores periféricos. El Consejo Interterritorial. Con la consecutiva puesta en marcha de los distintos servicios regionales de salud de las comunidades autónomas tendrá importancia decisiva el establecimiento de una "Dirección Estratégica de Política de Salud" para el conjunto del sistema, que precisa la potenciación de las funciones del Consejo Interterritorial.
La previsión de transferencias del sistema exigirían cambios organizativos entre los aspectos de autoridad sanitaria y los de asistencia. Estructuras de gestión. Para mejorar la efectividad y eficiencia del conjunto será preciso separar las competencias de financiación y "compra" de servicios sanitarios y las funciones de gestión y provisión. Las reformas en los países con sistemas semejantes al español (Gran Bretaña y Suecia) van en esa dirección.
La Administración Central y Gobiernos Autónomos serían financiadores principales; las Áreas de Salud, "compradores"; hospitales, centros de salud y farmacias, proveedores; y los usuarios, clientes. La administración sanitaria establecería las normas reguladoras y los recursos financieros. De esta forma se crearía un "mercado interno" con un estímulo competitivo entre las unidades de provisión de servicios que suscitarían mejoras en calidad y en coste. Al usuario le daría un mayor margen de elección. Los "compradores" de forma progresiva podrían responsabiliza a los proveedores de su rendimiento.
Los hospitales complejos, con servicios muy especializados mantendrían una relación singular, compatibilizando el servicio de su área de salud con el dado a otras áreas.
Con el desarrollo de esta nueva organización, más empresarial, permitirá realizar análisis de eficiencia y progresar en la técnica contractual. Como ilustración, las farmacias y las clínicas de concierto ya desempeñaban el papel de proveedores.
Un dato a observar es que loa unidad básica de gestión de "compra" del área de salud que parece describir la ley General de Sanidad no coincidía con lo propugnaba esta Comisión, ni en los cambios dados en otros países. La Comisión no creía que a efectos legales existieran obstáculos insalvables para que las áreas de salud realizaran con responsabilidad la función de "comprador". En su definición legal, las áreas de salud se han fundado en la población asistida. Se aconsejan áreas de mayor tamaño, dentro de un límite provincial, dada la complejidad de servicios y la gestión.
En aquel momento en el Insalud (central y autonómico) concurren la responsabilidad de financiación, de "compra" y de provisión de servicios (salvo farmacéuticos). Esto impide delegar responsabilidades y los defectos de la gestión se transfiere a la cúpula y de ahí al estamento político, que le hacen "chivo expiatorio" de los errores de unos, exigencias de otros y de las disfunciones. Los principios son los de Derecho Público, que podría servir en financiación y "compra", pero que no pueden impulsar el dinamismo y agilidad necesaria para la gestión.
La culminación de este esquema precisa tiempo, cambios estructurales profundos, modificaciones normativas, en la asignación de recursos y en la regulación laboral. Estos cambios se deberán basar en experiencias piloto o simulaciones amplias, acompañadas de un esfuerzo de comunicación que estimule, motive a la vez que serene. Requieren también importantes inversiones en formación humana. Colaboración con el sector privado. El nuevo esquema con separación entre compra y financiación de servicios permitirá profundizar en la complementariedad que la Ley General de Sanidad señala para el aprovechamiento eficiente de todos los recursos. El sector privado que vinculase su actividad a las reglas de juego podría competir con seguridad jurídica con la pública, promoviendo una competencia leal que estimule la eficiencia en los proveedores públicos. Cambios en el régimen jurídico. El carácter de servicio público no está determinado por la forma jurídica en que se organiza, sino por su función, por el origen público de los recursos y por la igualdad de los ciudadanos en el acceso a la asistencia. La Comisión entiende que el SNS tendría que adoptar la forma jurídica más adecuada para promover la responsabilidad y poder rendir cuentas de sus resultados. Flexibilización en el régimen de personal. Para promover la responsabilidad, motivar y estimular la productividad en los centros asistenciales es necesaria una mayor flexibilidad de la vinculación del personal, que salvaguarde los derechos básicos adquiridos y en un cambio gradual, con diferencias del personal ya adscrito con el de nuevo ingreso.
Aspectos de gestión El análisis de la Comisión confirma de modo absoluto que las formas administrativas son inadecuadas para la asistencia sanitaria. Aunque le SNS no pretende un beneficio económico debe utilizar las modernas técnicas de gestión empresarial con agilización de trámites, definición de responsabilidades y delegación de autoridad. La utilización de importantes recursos que no producen los rendimientos deseados abrigan buenas expectativas a los beneficios a conseguir con una gestión más exigente. Información. Se constata la pobreza de los sistemas de información homogéneos para la gestión de la actividad realizada en relación con su coste, que impide realizar evaluaciones técnicas. La comparación de la facturación de los servicios con los costes producidos en análisis internos precisaran las disfunciones en la gestión. Esto implica la información por pacientes y por procesos, sistemas de contabilidad general y analítica. Sólo con la información se puede implicar al personal operativo en la elaboración y cumplimiento de objetivos, toma de decisiones y evaluación de resultados. Facturación.