La Empresa Eléctrica del Ecuador Inc. o EMELEC fue una empresa eléctrica constituida en Maine, Estados Unidos, en 1925, que se dedicaba a la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.
Un grupo de empleados de la empresa eléctrica EMELEC fundó en 1929 al Club Sport Emelec, uno de los equipos de fútbol más populares del Ecuador.
Antecedentes En 1896, Manuel de Jesús Alvarado Cueva, pudiente y emprendedor capitalista lojano, inauguró la primera planta de alumbrado eléctrico en Guayaquil. Años después se asoció con Ulpiano Bejarano Aguirre y formaron la empresa “Alvarado y Bejarano”, que en 1905 vendió la concesión a la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica, ELFE, fundada en 1904 y adquirida en 1925 por el conglomerado estadounidense Electric Bond & Share Co., Ebasco, precursor de General Electric Commercial Finance.
Como la ELFE, desde 1906, tenía permiso para operar tranvías eléctricos, Ebasco separó la operación tranviaria en la nueva Compañía de Tranvías de Guayaquil,http://www.tramz.com/ec/g/gs.html dejando las otras operaciones a la también flamante Emelec.
La Electric Bond and Share Company La Electric Bond and Share Company surge en 1905 como subsidiaria de la General Electric, resultado de la fusión realizada en 1892 de las compañías Edison Electric Company y de su competidora Thomson Houston International Company, que resuelve crear concesionarias de luz eléctrica para que utilicen sus equipos y artefactos eléctricos de su producción, aunque esta condición no se imponga oficialmente. Pero en la práctica las cosas sucedían como debían: las compras de la Electric Bond and Share siempre, en su gran mayoría, provenían de la General Electric, de quien se separa formalmente en 1925.
Esta compañía adquirió un considerable poderío en América Latina, conforme demuestran los siguientes datos: "La Bond and Share y la Light and Power disponen de la producción de energía eléctrica en la mayoría de los países latinoamericanos: el 90 por ciento en Brasil, el 68 por ciento en México, y del 50 al 100 por ciento en Chile, Venezuela, Guatemala, Costa Rica y Panamá. La American and Foreign Power Co., subsidiaria de la Bond and Share, abastece la electricidad a 1.190 ciudades del continente, y a muchas de ellas también de agua, gas, teléfonos y transportes".Rubén Iscaro (1967)
La Electric Bond and Share Company fue acusada constantemente en los países donde tenía presencia por actuar con prepotencia, rapacidad y abuso. Así en Brasil, durante el gobierno de Goulart, por ejemplo, una de sus subsidiarias, la AMFORP, “ante la inminencia de la expropiación o incluso de la venta de sus instalaciones, actuó como empresario, extrayendo la máxima ganancia, utilizando las instalaciones por encima de la capacidad nominal, sin gastar un solo cruzeiro en mantenimiento”. Uno de sus directores, cuando se le pregunta por qué la compañía abandona el país, contesta cínicamente que eso es necesario, porque la empresa, al saber que “sería comprada o expropiada, dejó que todo su sistema de generación y distribución se deteriorara y ahora está al borde del colapso total”.La dictadura de los carteles de Kurt Rudolf Mirow
Algo similar sucede en Panamá. Allí estuvo presente desde 1917 por medio de la Compañía Panameña de Luz y Fuerza, que logra un contrato leonino sin ninguna regulación y sin señalar término para su finalización. Para poner fin a esa situación, en 1968, el gobierno de Omar Torrijos inicia negociaciones para la nacionalización de la empresa, que, aunque parezca imposible, duran cuatro largos años por la serie de trabas que pone la corporación extranjera. Y durante este tiempo, mañosamente, se aprovecha para acumular crecidas deudas y para suspender toda clase de inversiones. Ante estos hechos, el gobierno ocupa las instalaciones de la compañía en mayo de 1972, y solo gracias a este acto de fuerza y a la firmeza del general Torrijos, se puede llegar a un convenio razonable. Entre los cuatro negociadores de la Compañía Panameña de Luz y Fuerza está John Scoppetta, futuro comprador de Emelec y especialista en transacciones turbias.Las compañías extranjeras en el Ecuador, Oswaldo Albornoz Peralta, 2001
Contrato de concesión en Guayaquil El 29 de octubre de 1925, frente al escribano Isaac Villalva,Revista Vistazo, julio de 1999 firmó con la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil un contrato de concesión para distribuir y comercializar energía eléctrica en Guayaquil por 60 años. A este contrato se adjunta otro nuevo denominado aclaratorio y adicional. Este último, donde se hacen adiciones y aclaraciones de poca monta, tiene por objeto disimular la serie de prebendas y exoneraciones contenidas en el primero, sin que la empresa extranjera adquiriera ninguna obligación. Por esto, en su artículo octavo se le impone un mínimo compromiso: instalar una pequeña planta eléctrica en Bucay y motores diésel en Guayaquil. Compromiso que nunca se cumplió.
Raúl Vallejo exministro de Educación del Ecuador, en su ensayo de 1988 Emelec: cuando la luz es muerte, califica este contrato como una concesión neocolonialista y añade "A cambio de los derechos y excensiones tributarias que el contrato le garantiza, EMELEC debía pagar al Concejo -durante la vigencia del contrato- el 2% sobre la suma que reciba como producto bruto de los suministros de energía eléctrica".
Oswaldo Albornoz Peralta, en su libro Las compañías extranjeras en el Ecuador recuerda: "Este contrato, totalmente lesivo para los intereses ecuatorianos, es aprobado por un Concejo Municipal integrado por una burguesía entreguista".
Decreto de 1966 Aduciendo que la ciudad había crecido demasiado y que el Estado debía tener un papel más decisivo en la economía nacional, pocos meses antes de entregar el poder, el 10 de marzo de 1966, la Junta Militar de Gobierno conformada por Ramón Castro Jijón, Marcos Gándara Enríquez y Luis Cabrera Sevilla, junto con Jaime Salvador Campuzano, Ministro de Finanzas, y Antonio Mata Martínez, Ministro de Industrias y Comercio, suscribieron el Decreto Ley 580, en el que en su artículo uno dice: "Se autoriza a los señores ministros de Finanzas y de Industrias y Comercio, a fin de que convengan, obligando al Gobierno de la República, con los personeros de la Empresa Eléctrica del Ecuador Inc. en la celebración de un contrato de conformidad...".
Esas cláusulas o estipulaciones eran similares a las del contrato original, excepto algunos puntos en que se otorgaban a Emelec ventajas increíbles sin pedir prácticamente nada a cambio. Una de las disposiciones era que las tarifas podían ser modificadas una vez al año para que rindan "un rendimiento neto garantizado de no menos del 9.5% y no mayor al 10% anual sobre su capital neto invertido en dólares". EMELEC entonces se convirtió así en el único negocio del país que por ley no podía perder. Además, según este documento, EMELEC quedaba autorizado a llevar su contabilidad en dólares. Estas, entre otras disposiciones, hacían a EMELEC una empresa claramente privilegiada.
El periodista Rafael Arízaga Vega en la revista La Liebre Ilustrada de octubre de 1988 diría que esto "nos muestra hasta dónde llegó la sumisión de ese nefasto gobierno a los intereses norteamericanos".
Sin embargo, hay un detalle sobre este decreto, pues nunca se elaboró el contrato propiamente dicho. Lo que hicieron las partes fue acudir a la Notaría Segunda del Cantón Quito y protocolizar el convenio el 26 de marzo de 1966. De ahí que comúnmente se refiriera a este documento como un "contrato derivado del decreto ley 580" o la "ley-contrato".
Venta a Scopar International Inc. La Electric Bond and Share Company, que para ese tiempo había cambiado su nombre a Boise Cascade Corporation, el 4 de enero de 1977 comunica al general René Vargas, ministro de Recursos Naturales y Energéticos, la venta de la empresa guayaquileña a la Scopar International Inc. de Estados Unidos, agregando que entre sus principales accionistas se halla el señor John Scopetta.
El Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha dice lo siguiente respecto a la compra por Scopetta: "…para el señor Scopetta, propietario actual de Emelec, el gran incentivo que con seguridad tuvo al adquirir la empresa, fue el “precio de oportunidad bajo”, que debió haber pagado por ella, las ventajas del contrato –ley del año 1966, autorizado por la Junta Militar de Gobierno garantizando una rentabilidad del 9 al 10%, con alzas indeterminadas de tarifas, el pago aparente y no efectivo del impuesto a la renta, la libertad en los gastos de explotación, y el precio que seguramente ha de haber aspirado por la venta de Emelec al gobierno ecuatoriano, basado en su amplia experiencia en negociaciones de este tipo al haber actuado como representante de la Boise Cascade Co. En 1972 para la venta de Chilectra en Chile y como representante de la Boise Cascade Co. en 1972 para la venta de la Compañía Panameña de Luz y Fuerza".Raúl Vallejo Corral, p. 47.
Ecuador decide terminar el contrato de concesión En octubre de 1982, el entonces ministro de Recursos Naturales, Gustavo Galindo, notificó a Emelec la voluntad del Gobierno de dar por terminado el contrato de concesión que fenecía el 29 de octubre de 1985. La empresa respondió pidiendo que, de acuerdo al contrato, se establezca el precio justo de sus activos. Entonces se pensó en conformar la Comisión Especial del Sistema Eléctrico de Guayaquil y el citado ministro nombró a los representantes del gobierno. En primera instancia, EMELEC accedió a la solicitud ministerial y designó también a sus representantes, pero luego se retractó argumentando que afectaba sus legítimos intereses, lo cual dejó al problema sin solución.
Emelec, entonces, amparada en una cláusula del contrato de 1925 que establece que en caso de no llegarse a un acuerdo satisfactorio para las partes contratantes, el contrato seguiría vigente sin alteración de ninguna clase, siguió operando, o según algunos, extorsionando en la ciudad de Guayaquil.
Arbitrajes y diferencias con el Estado ecuatoriano El 10 de abril de 1990 el Ministerio de Energía y EMELEC acuerdan recurrir a un arbitraje para zanjar las diferencias. Entonces el economista Alfredo Mancero Samán representó al Estado y el contador Ulises Rodríguez Bruñel a Emelec. Como no lograron ponerse de acuerdo, cada uno emitió un laudo diferente.
Entonces se decide pedir al BID que nombre una lista de tres posibles árbitros dirimentes. El escogido fue el ingeniero Jorge Dengo Obregón, exvicepresidente de Costa Rica y exdirectivo del BID. El fallo estuvo listo a mediados de 1991 y le daba la razón a Emelec en la mayoría de los reclamos. Sin embargo, en varios sectores del país lanzaron críticas al fallo emitido, según dijeron, violando la ley al haber actuado como juez un ciudadano extranjero. El Ministerio de Energía desconoció el fallo.
A pesar de las disputas legales que Emelec inició para que el Estado respete el laudo arbitral de Dengo, se llegó a un acuerdo en febrero de 1992 para que un tribunal arbitral nuevo decida sobre cuál era el "justo precio" que debía recibir Emelec por sus activos al momento de terminar definitivamente el contrato.
El tribunal estuvo integrado por el doctor Edmundo Durán Díaz en representación del Estado, el señor Carlos Gil Loor por Emelec y ambos seleccionaron de mutuo acuerdo al ingeniero Gustavo Galindo como tercer árbitro. El 21 de mayo de 1992 emitieron su fallo en que no solo se limitaron a determinar el "justo precio" de los activos por US $43 888 695, sino que también cuantificaron que el Estado le debía a Emelec $56 207 731. Omitieron, sin embargo, cuantificar la deuda de Emelec con Inecel y Petroecuador por compra de energía y combustible, liberándola de las millonarias deudas y asumiendo el Estado las mismas.