thumb|Parte pertinente de la Acta de Derechos inglesa de 1689.190px|thumb|Carta de Derechos de los Estados Unidos. La Octava Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos (Enmienda VIII) es parte de la Carta de Derechos de los Estados Unidos, que prohíbe que el gobierno federal imponga fianzas excesivas o castigos inusuales o crueles. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha determinado que la sección sobre los castigos inusuales y crueles sea aplicada a los estados. Las frases empleadas son originales del Acta de Derechos inglesa de 1689.
Texto
Antecedentes y aspectos generales
Antecedentes La Octava Enmienda fue adoptada, como parte de la Carta de Derechos, en 1791. Es casi idéntica a una disposición de la Declaración de Derechos inglesa de 1689, en la cual el Parlamento declaró: “como sus antepasados en casos similares han hecho usualmente... que no deben exigirse fianzas excesivas, ni imponerse multas excesivas, ni infligirse castigos crueles e inusuales”.
La disposición se inspiró en gran medida en el caso en Inglaterra de Titus Oates quien, tras la ascensión del rey Jacobo II en 1685, fue juzgado por múltiples actos de perjurio que habían llevado a la ejecución de muchas personas a las que Oates había acusado falsamente. Oates fue condenado a prisión, incluyendo una pena anual de ser expuesto durante dos días en la picota más un día de azotes mientras estaba atado a un carro en movimiento. El caso de Oates llegó posteriormente a convertirse en un tema de la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre la Octava Enmienda.Véase Harmelin v. Michigan, 501 U.S. 957 (1991); Ingraham v. Wright, 430 U.S. 651 (1977); Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972); and Weems v. United States, 217 U.S. 349 (1910)El castigo de Oates implicaba sanciones ordinarias impuestas de manera conjunta en una forma bárbara, excesiva y extraña.La razón por la cual a los jueces en el caso de perjurio de Oates no se les permitió imponer la pena de muerte (a diferencia de los casos de aquellos a quienes Oates había acusado falsamente) puede ser que tal castigo habría disuadido incluso a testigos honestos de declarar en casos posteriores.Chitty, Joseph. A Practical Treatise on the Criminal Law, pág. 293 (Edward Earle 1819). Un juez en el caso de Oates dijo: “Los delitos de esta naturaleza se dejan para ser castigados conforme a la discreción de este tribunal, siempre que la sentencia no se extienda a la vida o a la integridad física.” Véase Harmelin v Michigan 501 U.S. 957 (1991).
La declaración de Inglaterra contra los “castigos crueles e inusuales” fue aprobada por el Parlamento en febrero de 1689, y fue leída al rey Guillermo III y a su esposa la reina María II como la Declaración de Derechos al día siguiente.Claus, Laurence. "The Anti-Discrimination Eighth Amendment", Harvard Journal of Law and Public Policy, Vol. 28 (2004). Consultado el 21 de marzo de 2026.Posteriormente, en agosto de 1689, los miembros del Parlamento explicaron que “los Comunes tuvieron un especial cuidado… cuando dicha Declaración se hizo por primera vez” respecto a castigos como el que había sido impuesto por el King’s Bench contra Titus Oates.Luego, el Parlamento promulgó la Declaración de Derechos inglesa como ley en diciembre de 1689.Los miembros del Parlamento caracterizaron el castigo en el caso de Oates no solo como “bárbaro” e “inhumano”, sino también como “extravagante” y “exorbitante”.Stinneford, John F. (18 de febrero de 2011). "Rethinking Proportionality under the Cruel and Unusual Punishments Clause". Virginia Law Review. 97 (4): 899, 926–61.
Existe cierta controversia académica sobre a quién pretendía limitar la cláusula.Donelson, Raff. Who are the Punishers? UMKC Law Review 86(2): 259-294 (2017). Consultado el 21 de marzo de 2026.En Inglaterra, la cláusula de “castigos crueles e inusuales” pudo haber sido una limitación a la discreción de los jueces, exigiéndoles adherirse al precedente. Según el gran tratado de la década de 1760 de William Blackstone titulado Commentaries on the Laws of England:Sin embargo, por más ilimitado que pueda parecer el poder del tribunal, está lejos de ser completamente arbitrario; su discreción está regulada por la ley. Pues la Declaración de Derechos ha declarado expresamente que no deben imponerse multas excesivas, ni infligirse castigos crueles e inusuales (lo cual hacía referencia a ciertos procedimientos sin precedentes en el tribunal del King’s Bench, durante el reinado del rey Jacobo II)…Virginia adoptó esta disposición de la Declaración de Derechos inglesa en la Declaración de Derechos de Virginia de 1776, y la convención de Virginia que ratificó la Constitución de los Estados Unidos recomendó en 1788 que este lenguaje también se incluyera en la Constitución.Virginianos como George Mason y Patrick Henry querían asegurar que esta restricción también se aplicara como una limitación al Congreso. Mason advirtió que, de lo contrario, el Congreso podría “infligir castigos inusuales y severos”.Henry enfatizó que no debía permitirse al Congreso apartarse del precedente:¿Qué ha distinguido a nuestros antepasados?—Que no admitían las torturas ni los castigos crueles y bárbaros. Pero el Congreso puede introducir la práctica del derecho civil, en preferencia a la del common law. Puede introducir la práctica de Francia, España y Alemania —de torturar para obtener una confesión del delito—. Dirán que pueden tomar ejemplos de esos países tanto como de Gran Bretaña, y les dirán que existe tal necesidad de fortalecer el brazo del gobierno, que deben tener una equidad penal y obtener confesiones mediante tortura, para luego castigar con una severidad aún más implacable. Entonces estaremos perdidos y arruinados."The Founders' Constitution Volume 5, Amendment VIII, Document 13, Debate in Virginia Ratifying Convention (16 June 1788)". The University of Chicago Press. 16 de junio de 1788. Consultado el 21 de marzo de 2026.En última instancia, Henry y Mason prevalecieron, y la Octava Enmienda fue adoptada. James Madison cambió “ought” (debería) por “shall” (deberá) cuando propuso la enmienda al Congreso en 1789.
Aspectos generales En Coker v. Georgia (1977)Coker v. Georgia, 433 U.S. 584, 97 S. Ct. 2861, 53 L.Ed.2d 982 (1977)se decidió que “los juicios bajo la Octava Enmienda no deben ser, ni parecer, meramente las opiniones subjetivas de jueces individuales; el juicio debe estar informado por factores objetivos en la mayor medida posible”.En Timbs v. Indiana (2019)Timbs v. Indiana, 139 S. Ct. 682, 203 L. Ed. 2d 11, (2019)la Corte Suprema señaló que la Cláusula de Fianzas Excesivas, la Cláusula de Multas Excesivas y la Cláusula de Castigos Crueles e Inusuales, en conjunto, forman un escudo contra abusos derivados de la autoridad punitiva o de la aplicación del derecho penal por parte del gobierno."Timbs v. Indiana, 586 U.S. ___ (2019), Opinion of the Court, page 2" (PDF). United States Supreme Court. 20 de febrero de 2019. Consultado el 21 de marzo de 2026.
Fianza excesiva Artículo principal: Cláusula de Fianza Excesiva
En Inglaterra, los sheriffs originalmente determinaban si se concedía la libertad bajo fianza a los sospechosos de delitos. Dado que tendían a abusar de su poder, el Parlamento aprobó una ley en 1275 mediante la cual se definieron los delitos excarcelables y no excarcelables. Los jueces del rey a menudo eludían las disposiciones de la ley. Se sostuvo que una persona podía ser detenida sin fianza por orden del Soberano. Posteriormente, la Petición de Derechos de 1628 sostuvo que el rey no tenía tal autoridad. Más tarde, se explotaron tecnicismos legales para mantener a los acusados encarcelados sin fianza incluso cuando los delitos eran excarcelables; tales vacíos fueron en gran parte cerrados por la Ley del Habeas Corpus de 1679. A partir de entonces, los jueces fueron obligados a fijar fianza, pero con frecuencia exigían montos impracticables. Finalmente, la Declaración de Derechos inglesa (1689) estableció que “no deben exigirse fianzas excesivas”.
Sin embargo, la Declaración de Derechos inglesa no determinó la distinción entre delitos excarcelables y no excarcelables. Por lo tanto, la Octava Enmienda ha sido interpretada en el sentido de que la fianza puede ser denegada si los cargos son suficientemente graves.
La Corte Suprema también ha permitido la detención “preventiva” sin fianza. En United States v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987), la Corte Suprema sostuvo que la única limitación impuesta por la Cláusula de Fianza Excesiva es que “las condiciones de liberación o detención propuestas por el gobierno no sean ‘excesivas’ a la luz del mal que se pretende evitar”. En Stack v. Boyle, 342 U.S. 1 (1951),Stack v. Boyle, 342 U.S. 1, 72 S. Ct. 1, 96 L. Ed. 3 (1951)la Corte Suprema declaró que una fianza es “excesiva” bajo la Octava Enmienda si constituye “una cantidad mayor de la razonablemente calculada” para asegurar la comparecencia del acusado en el juicio.
El estatus de incorporación de la Cláusula de Fianza Excesiva no está claro. En Schilb v. Kuebel, 404 U.S. 357 (1971), la Corte señaló en obiter dictum: “La fianza, por supuesto, es fundamental para nuestro sistema jurídico, y se ha asumido que la prohibición de fianzas excesivas de la Octava Enmienda es aplicable a los estados a través de la Decimocuarta Enmienda”. En McDonald v. City of Chicago (2010), el derecho contra las fianzas excesivas fue incluido en una nota al pie que enumeraba los derechos incorporados.
Multas excesivas
Browning-Ferris v. Kelco En Browning-Ferris Industries of Vermont, Inc. v. Kelco Disposal, Inc., 492 U.S. 257 (1989), la Corte Suprema dictaminó que la Cláusula de Multa Excesiva no se aplica “cuando el gobierno ni ha iniciado la acción ni tiene derecho a recibir una parte de los daños concedidos”. Aunque los daños punitivos en casos civiles no están cubiertos por la Cláusula de Multa Excesiva, se determinó que dichos daños sí están cubiertos por la Cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda, en particular en State Farm Mutual Automobile Insurance Co. v. Campbell, 538 U.S. 408 (2003)."More on Large Civil Fines for Minor Violations". FindLaw. Consultado el 22 de marzo de 2026.
Austin v. United States En Austin v. United States, 509 U.S. 602 (1993),Austin v. United States, 509 U.S. 602, 113 S. Ct. 2801, 125 L. Ed. 2d 488 (1993)la Corte Suprema dictaminó que la Cláusula de Multa Excesiva sí se aplica a las acciones de decomiso civil de bienes llevadas a cabo por el gobierno federal, específicamente en el caso de la incautación por parte del gobierno de la casa móvil y el taller de carrocería del demandante, sobre la base de su actividad de narcotráfico en el lugar.
United States v. Bajakajian