La toma del Palacio de Justicia fue un asalto perpetrado en Bogotá, Colombia, los días miércoles 6 y jueves 7 de noviembre de 1985 por un comando de guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) al Palacio de Justicia, sede de la rama jurisdiccional de Colombia, ubicado en el costado norte de la plaza de Bolívar, frente al Capitolio Nacional (sede del Congreso) y a una cuadra de la Casa de Nariño, sede de la Presidencia de la República.
El M-19 retuvo en calidad de rehenes a cerca de 350 personas entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia. La incursión subversiva fue seguida por la reacción de la Policía Nacional y, posteriormente, del Ejército Nacional, los cuales llevaron a cabo la operación de recuperación de la edificación y rescate de prisioneros, la cual se extendió hasta las primeras horas de la tarde del jueves 7 de noviembre de 1985.
Los hechos empezaron a las 11:15 a. m. del 6 de noviembre y culminaron 28 horas después, dejando un saldo de 101 muertos, entre ellos 11 magistrados. Inicialmente, aproximadamente 11 personas fueron consideradas desaparecidas al no conocerse su paradero, número que se redujo a 7 después de que la Fiscalía General de la Nación anunció en 2000 que el cadáver de Ana Rosa Castiblanco, empleada de la cafetería, fue hallado en una fosa común; el 17 de octubre de 2015 el Instituto de Medicina Legal anunció la identificación de los restos de Cristina del Pilar Guarín Cortés, Lucy Amparo Oviedo y Luz Mary Portela. En 2017 se anunció que la Fiscalía General de la Nación identificó plenamente los restos del magistrado auxiliar Emiro Sandoval.
Autores como el entonces ministro de gobierno Jaime Castro la califican como el acto de terrorismo político más grave en la historia de Colombia. Las acciones de toma, recuperación de la edificación y rescate de los rehenes han sido calificadas como una masacre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De igual manera se ha catalogado como holocausto a los hechos ocurridos.
Como consecuencia de las investigaciones emprendidas por la Fiscalía General de la Nación desde 2005 sobre los civiles desaparecidos durante la recuperación del Palacio por parte del Ejército Nacional y que salieron con vida del hecho quedando en custodia de la Fuerza Pública, fueron procesados dos coroneles y el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega.
El coronel (r) Plazas Vega fue condenado en 2010 por la Fiscalía y liberado y declarado inocente el 16 de diciembre de 2015 por la Corte Suprema de Justicia. El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado a 35 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia de Colombia en 2019. El coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, el mayor (r) Óscar William Vásquez, y los capitanes (r) Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Ferney Ulmardín Causayá Peña fueron condenados a 40 años de prisión por el Tribunal Superior de Bogotá en 2021.
Antecedentes y planificación
Fin del cese al fuego y acontecimientos previos El M-19 denunciaba que el Ejército Nacional hacía unos meses había quebrantado el alto el fuego después de que, según ellos, el gobierno de Belisario Betancur incumpliera los Acuerdos de Corinto, Hobo y Medellín firmados el 24 de agosto de 1984. El presidente Betancur se había comprometido a lograr la paz con los grupos alzados en armas. En noviembre de 1983 se reunió en Madrid (España) con los comandantes del M-19, Iván Marino Ospina y Álvaro Fayad, la primera vez que un presidente colombiano en ejercicio se reunía con insurgentes guerrilleros.http://www.youtube.com/watch?v=ObMuKzY1Xqk&feature=channel Señal Institucional: HOLOCAUSTO PALACIO DE JUSTICIA 1985 El comandante del Ejército Nacional, general Miguel Vega Uribe y el ministro de Defensa, general Fernando Landazábal (destituido en enero de 1984), mostraron sus desacuerdos. El presidente de la comisión de diálogo, Otto Morales Benítez, habló de “enemigos agazapados de la paz”.
Entre diciembre de 1984 y enero de 1985 se presentó la batalla de Yarumales en el marco de la Operación Garfio del Ejército Nacional, la más prolongada que ha ocurrido en territorio colombiano (la batalla de Palonegro en la guerra de los Mil Días, entre liberales y conservadores, duró dos semanas), donde el M-19 resistió el ataque al Campamento de la Libertad, logró defender y mantener su posición en Corinto (Cauca), bajo la dirección de Carlos Pizarro.
En 1985 se presentó la Campaña de Pie Colombia por el M-19 ante el rompimiento de los acuerdos de Corinto. La campaña comprendió acciones urbanas y políticas en las principales ciudades. El 15 de marzo de 1985 se realizó la marcha de "Desagravio por la paz y la democracia" convocada por el M-19 en Bogotá; en abril se militarizan las ciudades con motivo del aniversario del M-19, en mayo se realiza un atentado contra Antonio Navarro, en junio se produce la toma guerrillera de Génova (Quindío), en agosto la muerte de Iván Marino Ospina en Cali, la masacre del Suroriente de Bogotá (por la cual en 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó el asesinato extrajudicial de 11 personas, 10 militantes del M-19 y 1 civil) por la Fuerza Pública el 30 de septiembre de 1985 tras el robo de un camión de leche, en octubre de 1985 se presentó el atentado al general Rafael Samudio Molina, el asalto al Batallón Cisneros en Armenia y se registran enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el M-19 en Bogotá, Quindío, Valle del Cauca y Cauca.
Esquema de seguridad del Palacio de Justicia El 20 de septiembre de 1985 se realizó una reunión entre funcionarios del gobierno y algunos magistrados de la Corte, entre los que asistió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, con el fin de analizar las medidas de seguridad que se iban a tomar para resguardar a los cuatro magistrados de la sala constitucional de la Corte, Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín Forero, Ricardo Medina Moyano y Alfonso Patiño Roselli. Los cuatro magistrados tenían a su cargo el tratado de extradición de colombianos por narcotráfico hacia Estados Unidos, y habían recibido amenazas de muerte por parte de miembros del cartel de Medellín y su cabecilla Pablo Escobar.
En este encuentro se determinó que la Policía Nacional hiciera un estudio de seguridad del Palacio, el cual se llevó a cabo entre el 28 de septiembre y el 15 de octubre de este año. Los resultados del mismo se presentaron en un consejo de gobierno el 17 de octubre. Dos días antes del asalto, la Policía Nacional retiró la vigilancia asignada al edificio, dejándola en manos de una empresa privada, aunque advirtió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado acerca de los planes del M-19. Un mensaje anónimo había anunciado la toma para el 17 de octubre de 1985, tal como quedará registrado en un documentoCaracol Noticias, Documento probó que FFMM sabían de toma al Palacio , 15 de junio de 2007 del comando de las Fuerzas Militares, por lo que se tomaron medidas especiales de seguridad, retiradas el 1 de noviembre por presunta petición de Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema. Por su parte, el coronel Pedro Herrera Miranda de la Policía dijo que había ordenado recortar la vigilancia del Palacio por orden del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, declaración que genera muchas dudas, primero porque el magistrado era de los más amenazados, y segundo porque no era función suya solicitar el retiro de la vigilancia del Palacio, pues los presidentes de las cortes son solo voceros, y para sugerir el retiro de la Fuerza Pública tenía que haberse reunido con su homólogo del Consejo de Estado. Sin embargo, según investigaciones judiciales posteriores, desde agosto de 1985 los organismos de inteligencia colombianos tenían conocimiento del plan del M-19 de atacar el Palacio de Justicia, el Palacio de Nariño (la residencia presidencial) o el Capitolio Nacional (sede del Congreso).Semana, ¿Crimen de Estado? , 21 de julio de 2007
Según la revista Semana, el M-19 había decidido realizar el ataque al Palacio de Justicia durante la visita del presidente francés François Mitterrand en el 17 de octubre de 1985 para granjearse notoriedad internacional. Dicho 17 de octubre fueron arrestados dos hombres en las inmediaciones del Palacio de Justicia haciendo planos del edificio. El Palacio de Justicia fue puesto bajo vigilancia militar hasta los primeros días de noviembre, cuando la vigilancia fue retirada y sustituida por vigilantes de una empresa privada de seguridad. Días antes de la toma, se almacenaron en la cafetería del Palacio Justicia unos 1500 pollos, hecho que después levantaría sospechas.
Conocimiento del Estado En la investigación adelantada por el Tribunal Especial de Instrucción creado por el decreto 3300 de 1985, se evidenció que los organismos de seguridad del Estado y medios de comunicación tenían conocimiento previo de las acciones que el grupo guerrillero M-19 planeaba contra las instalaciones donde funcionaban la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Se descubrió que días antes de la toma del Palacio de Justicia, el organismo de seguridad del Estado realizó la captura de algunos integrantes del movimiento subversivo que poseían documentos relacionados con los planes de la toma. Adicionalmente, se recibieron anónimos y advertencias sobre el peligro que estaba corriendo el poder judicial debido a la coyuntura política que vivía el país en 1985. Incluso, algunos medios de comunicación publicaron esta información antes que se produjera el ataque. Finalmente, se contaba con un sinnúmero de antecedentes de amenazas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, especialmente contra los miembros de la Sala de Casación Penal y de la Sala Constitucional.Amaya Villarreal, Álvaro Francisco y Cote Barco, Gustavo Emilio (2006). La toma del palacio de justicia: la reparación del daño en eventos de violación de derechos humanos. Vniversitas, (112), 317-349. [Fecha de Consulta 23 de Septiembre de 2021]. ISSN: 0041-9060. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82511211
Amenazas de Los Extraditables Los miembros del Cartel de Medellín al mando de Pablo Escobar y otros narcotraficantes se asociaron para evitar la aprobación del tratado de extradición a Estados Unidos, la cual estaba siendo evaluada por la Corte Suprema de Justicia. El grupo de narcotraficantes se hizo llamar «Los Extraditables».
Las amenazas se produjeron entre principios y mediados de septiembre de 1985 para coaccionar o intimidar a los magistrados y sus familiares, entre los que estaba Patiño, para tratar de cambiar sus tesis y sus votos. Además de Patiño, los magistrados Ricardo Medina Moyano y Manuel Gaona Cruz informaron a las autoridades de las amenazas el 30 de octubre de 1985. Patiño alcanzó a recibir por correo tres cartas y dos cintas de audio. Parte de su declaración detallaba:
Uno de los mensajes que recibió leía: