La crisis política en Paraguay de 2012 se desató a raíz del juicio político contra el entonces presidente Fernando Lugo por la Cámara de Diputados de Paraguay. Este órgano parlamentario acusó al gobernante electo en el 2008 por mal desempeño de funciones, acusándolo —entre otras cosas— de responsabilidad política por los enfrentamientos entre campesinos y policías ocurridos días antes en Curuguaty, departamento de Canindeyú, con un saldo de diecisiete muertos. Posteriormente, una mayoría de 115 parlamentarios de 5 partidos políticos diferentes, sobre un total de 125 congresistas, decidieron destituirlo de su cargo.
Mientras que los defensores del juicio político alegaron el cumplimiento formal de lo establecido por el artículo 225.º de la Constitución del Paraguay, sus críticos, fundamentándose en el derecho internacional y en el artículo 17.º de la misma Constitución, denunciaron serias violaciones al debido proceso, la falta de pruebas reales, la presentación de acusaciones falsas y la celeridad con la cual se había realizado el juicio, durando en total menos de 48 horas y dando dos horas a la defensa para la presentación oral de su descargo en el Senado, por lo que lo consideraron un «golpe de Estado parlamentario».
La comunidad internacional respondió de distintas maneras ante los sucesos, predominando los rechazos y/o condenas en América Latina. Con la complacencia del expresidente Fernando Lugo, los demás países miembros plenos del Mercosur (Argentina, Brasil y Uruguay), además de la mayoría de los países de la región (como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua), se manifestaron expresamente en contra de la destitución de Lugo, retirando, aquellos que tenían, a sus embajadores en Paraguay. Consecuentemente, Paraguay fue suspendido como miembro del Mercosur. Algunos países, Estados Unidos y Canadá entre ellos, señalaron una aceptación reservada de los hechos, llamando al respeto de la institucionalidad democrática. Por su parte, mientras la Santa Sede dio antes que ningún Estado su reconocimiento oficial al nuevo gobierno encabezado por el hasta ese momento vicepresidente paraguayo, Federico Franco,, artículo en la agencia AFP, del 23 de junio de 2012. la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos enviaron comitivas al Paraguay para recabar datos sobre la situación. A diferencia del golpe de Estado en Honduras de 2009 (evento también considerado como parte de un neogolpismo incipiente por sus críticos), el Consejo Permanente de la OEA, en su sesión del 22 de agosto de 2012, no pudo obtener un acuerdo sobre una sanción al Paraguay, medida respaldada por 8 países y rechazada por 26.
Ante la proximidad de las siguientes elecciones generales, fijadas para el 21 de abril de 2013, el principal interés manifiesto por organismos internacionales consistió en observar la constitucionalidad y transparencia del proceso preelectoral y electoral. Luego de celebrados los comicios, que fueron ganados por el colorado Horacio Cartes y que permitió la elección de Lugo como senador nacional (su alianza de partidos de izquierda acabó en tercer lugar),Última Hora Los presidenciales de ANR y PLRA tuvieron más votos que su partido. 11 de mayo de 2013. Consultado el 21 de mayo de 2013.Amambay 570 (ed.) . 10 de mayo de 2013. Consultado el 21 de mayo de 2013. los países de la región reconocieron al triunfador, ordenaron el retorno de embajadores (en algunos casos, todavía vacantes) y anularon la suspensión al país de participar en el Mercosur y en la Unasur. Cartes confirmó el retorno de Paraguay a la Unasur en agosto de 2013 y su intención de volver al Mercosur tras un arreglo diplomático sobre la situación del ingreso de Venezuela al bloque.Oviedo, Susana (24 de agosto de 2013) ABC de España (ed.) Tras un año de suspensión, Paraguay volverá a la Unasur, pero no al Mercosur. Consultado el 26 de agosto de 2013.
Antecedentes
Masacre de Curuguaty
En mayo de 2012, la finca Campos Morumbí de la localidad de Curuguaty, a 240 km al noreste de Asunción, en litigio entre Blas N. Riquelme (expresidente del Partido Colorado) y el Estado Paraguayo, fue ocupada por un centenar de campesinos para protestar por la escasez de tierras agrícolas en el departamento de Canindeyú.
Tras tres semanas de toma, el viernes 15 de junio de 2012 el Ministerio del Interior ordenó el desalojo de la propiedad, resultando en enfrentamientos violentos entre ocupantes y la fuerza policial. Desde el comienzo del gobierno de Lugo se llevaba a cabo un proceso de desalojo pacífico, consistente en una vanguardia delegada por los cuerpos policiales ―sin armas― que planteaba un desalojo con intención de que los campesinos ocuparan en otro lugar donde el Estado les asignaría tierras. En este caso, los policías mandatados en dicha tarea fueron aparentemente emboscados por una parte de los campesinos (sigue el proceso judicial para determinar que paso exactamente ese día) y acribillados en el lugar, a lo que el grupo de apoyo de la policía respondió con severidad. En el ataque murieron 17 personas (11 campesinos y 6 policías). Este suceso provocó fuertes críticas en el país, provocando la dimisión del ministro del Interior, Carlos Filizzola, y del comandante de la Policía, Paulino Rojas.
Fuentes policiales dijeron que los efectivos fueron emboscados cuando intentaban establecer las tratativas, sospechándose que miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo estaban infiltrados entre los campesinos. Otras fuentes consideran que este episodio fue en realidad un montaje que sirvió de pretexto para pedir la destitución de Lugo.
Lugo manifestó su «absoluto respaldo» a las fuerzas de seguridad en un breve comunicado y extendió sus pésames a los familiares de los policías fallecidos. Tras los incidentes el mandatario ordenó que las fuerzas armadas se sumen a la policía para respaldar el operativo que se desarrollaba. El sábado 16 de junio de 2012 designó a un nuevo ministro del Interior, el exfiscal General del Estado Rubén Candia Amarilla, quien ocupó el cargo dejado en la noche del viernes 15 de junio por Carlos Filizzola. El mandatario también reemplazó al comandante de la Policía Nacional, y anunció la creación de una comisión para investigar lo ocurrido en Curuguaty con el apoyo a la OEA (Organización de los Estados Americanos).
Los policías no tenían orden de desalojar a los campesinos, que habían ocupado el terreno para reclamar que formara parte de la reforma agraria, sino de realizar un cateo, para sustraer de manera pacífica las posibles armas que portaran. Según diferentes medios el predio tenía una ocupación absolutamente ilegal por parte de la familia Riquelme, vinculada con el Partido Colorado.
Juicio político y destitución de Lugo
thumb|Palacio Legislativo de Asunción, sede de ambas cámaras del Congreso del Paraguay
El miércoles 20 de junio de 2012, Luis Gneiting (diputado del opositor Partido Colorado), presentó una propuesta de someter a juicio al presidente de la República tras los sucesos de Curuguaty, sumándose a la moción las bancadas parlamentarias de los partidos Patria Querida, Unace, PDP e incluso del PLRA, partido miembro de la coalición política que llevó al poder en 2008 a Fernando Lugo y a su vicepresidente Federico Franco. La propuesta fue finalmente aprobada con 76 votos a favor, uno en contra y tres ausencias.
Tras apoyar el juicio político, el PLRA pidió a sus militantes con cargos en el gabinete de Lugo que renunciaran en masa, abandonando el gobierno los titulares de los ministerios de Justicia y Trabajo, Industria y Comercio, Deporte, Educación y Cultura, y Agricultura y Ganadería.
Los cinco hechos de los cuales se acusó al presidente, fueron:
Haber autorizado el uso de las dependencias del Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas de la Nación en el año 2009, para un acto considerado político partidario, durante el llamado Campamento Latinoamericano de Jóvenes por el Cambio. Ser el único responsable como instigador y facilitador de las recientes invasiones de tierras en la zona de Ñacundaí (departamento de Alto Paraná), utilizando a las fuerzas militares para generar un estado de pánico en la región. Haber sido absolutamente incapaz de desarrollar una política y programas que tiendan a disminuir la creciente inseguridad ciudadana. Apoyar el protocolo regional sobre el compromiso con la democracia en el Mercosur (conocido como Ushuaia II), el cual sería una violación a la soberanía. Significativamente, el pacto firmado indicaba que se excluiría de Mercosur a cualquier país miembro donde hubiera algún tipo de golpe de Estado. Los diputados acusadores esgrimieron que «a través de ese documento, los países vecinos podrían cortar el suministro de energía a la República del Paraguay». Falta de reacción frente a la muerte de 11 campesinos y 6 policías en el enfrentamiento de Curuguaty. Gobernar de manera «impropia, negligente e irresponsable», generando «la constante confrontación y lucha de clases sociales, que como resultado final trajo la masacre entre compatriotas.
Como fiscales acusadores fueron elegidos Carlos Liseras, José López Chávez, Jorge Ávalos Mariño, Óscar Tuma y Clemente Barrios. De acuerdo al artículo 225 de la Constitución del Paraguay de 1992, que establece el juicio político al jefe de Estado y a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, la acusación pasó al Senado, quien se encargó de reglamentar el juicio político contra el mandatario.
El presidente Fernando Lugo confirmó su sometimiento al juicio político, aclarando que no presentaría su dimisión anticipadamente. «Este presidente anuncia que no va a presentar renuncia al cargo y que se somete con absoluta obediencia a la Constitución y las leyes a enfrentar el juicio político con todas sus consecuencias», sostuvo Lugo en un mensaje a la nación, reconociendo que Paraguay atravesaba un «momento sensible para la vida democrática» debido, en parte, a que la «tensión» se ha convertido en un «elemento dominante».
El 21 de junio se presentó el libelo acusatorio en donde se argumentó:
Que en el año 2009, bajo autorización de Lugo, se realizó una concentración de jóvenes socialistas en el Comando de Ingeniería que fue financiada por instituciones del Estado, entre ellas la Entidad Binacional Yacyreta, reconociendo Lugo dicho financiamiento. En dicho encuentro, se izaron diversas banderas con consignas políticas y una de estas banderas se izó en reemplazo de la bandera paraguaya. Además, de que "varios importantes funcionarios del Gobierno participaron del evento pronunciando discursos instigando a la lucha de clases, como el pronunciado por el entonces Ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Camilo Soares". Que Lugo era el instigador y facilitador de las invasiones de tierras en la zona de Ñacunday. Se detalló que Lugo usó "las fuerzas militares para generar un verdadero estado de pánico en toda esa región, violando el derecho de propiedad e ingresando a inmuebles de colonos, so pretexto de realizar el trabajo de amojonamiento de la franja de exclusión fronteriza. Sin embargo, esos trabajos eran acompañados por dirigentes de la Asociación de Carperos, quienes abiertamente dirigían la labor de los técnicos y de los integrantes de las fuerzas militares". Se acusó que, la par de que sucedía dichos incidentes, Lugo "se mostraba siempre con puertas abiertas a los líderes de esas invasiones" y que Lugo había sometido a los militares a los carperos, "quienes han realizado todo tipo de abusos, agresiones y atracos a la propiedad privada" como el caso de la intendente María Victoria Salinas Sosa.