La violencia en la Macrozona Sur es un conflicto armado, social y político que comprende una serie de hechos de violencia política ocurridos en la región histórica de la Araucanía, en la Zona Sur de Chile, especialmente en la actual Región de La Araucanía y la Provincia de Arauco, desde 1997 hasta la fecha, con diversos grados de intensidad.

Los incidentes violentos van desde protestas y ocupaciones de predios particulares y edificios públicos hasta incendios intencionales o destrucción de iglesias, propiedades privadas, maquinarias y enfrentamientos que han dado lugar a homicidios. Varios de estos actos y conductas han sido calificados terrorismo y algunos de los sospechosos de cometerlos han sido enjuiciados como terroristas. La autoría es reivindicada frecuentemente por grupos organizados a nombre de causas indigenistas relacionadas con el pueblo mapuche, especialmente las demandas de tierras, mientras otros hechos no tienen autores conocidos. Sin embargo, y de forma más reciente, también se han visto involucradas bandas narcotraficantes y de robo de madera que operan en la región. Al mismo tiempo, ha ocurrido un alza de la reacción violenta de los grupos opositores, especialmente en los incidentes ocurridos desde mediados de 2020.

Los grupos afines a la causa indigenista reclaman, principalmente y entre otras medidas, la devolución de las tierras que fueron usurpadas por el Estado o empresas privadas tras la Ocupación de la Araucanía a fines del , la autonomía del pueblo mapuche o la creación de un ministerio indígena, mientras que otros grupos más radicalizados buscan la total erradicación del Estado chileno y la Iglesia Católica del territorio mapuche, ya que a su juicio dicha presencia sería una señal de colonialismo en la región. Entre los grupos opositores se encuentran organizaciones de autodefensa de agricultores, empresarios y habitantes de dichos sectores.

El primer atentado, que marca el inicio del período de violencia en la Macrozona Sur de Chile, ocurrió en diciembre de 1997 con la quema de tres camiones. Desde entonces, la violencia se ha acrecentado progresivamente y se ha expandido a las regiones aledañas del Biobío y Los Lagos.

El alza de violencia ha conllevado el aumento de la presencia de Carabineros en la región (que incluía hasta 2018 al denominado Comando Jungla, entrenado en Colombia para combatir el terrorismo), la cual fue duramente criticada por la oposición al segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Desarrollo

Antecedentes Aucán Huilcamán, líder del Consejo de Todas las Tierras, rechazó firmar el Acuerdo de Nueva Imperial en 1989 con el candidato presidencial Patricio Aylwin.

El consejo se caracterizó por sus demandas radicales, en especial de las consignas ligadas a "la recuperación de los territorios ancestrales" y "la autonomía territorial política del pueblo mapuche", además de la elaboración de la bandera Wenufoye en 1992. y el uso del término Wallmapu en su nombre en mapudungun, Aukiñ Wallmapu Ngulam.

El historiador chileno Cristóbal García Huidobro plantea que: "la terminología 'Wallmapu' no es una que sea relativamente antigua, sino que es más nueva. Surge, hasta donde se ha logrado entender, de un movimiento revisionista, a principios de la década de 1990 (...) hacen un reestudio y un revisionismo de la identidad, del lenguaje, así como también de los símbolos que representarían al pueblo mapuche (...) no es una cuestión histórica propiamente tal, no proviene de la cultura ancestral del pueblo mapuche que nunca percibió su territorio como un lugar particularmente definido".

El grupo inició una siembra ideológica en el sur de Chile que dio los sustentos para fortalecer la noción de autodeterminación. Paralelamente al Consejo, a fines 1989 varios grupos iniciaron tomas de tierra en Lumaco y otras zonas. Como consecuencia en los años 90, las ideas autonomistas entran en las cárceles de la región.

Mientras en las urbes se consolidaba la transición a la democracia, en los campos subalternos indígenas del sur se venía configurando un proyecto político que sus mismos dirigentes denominaron "la reconstrucción del Wallmapu", y que fue ignorado por la clase política chilena.

Muchos de los primeros líderes del "movimiento autonomista mapuche" tuvieron militancia en los partidos de izquierda durante los años 80.

En 1997 se realiza el "Congreso Nacional del Pueblo Mapuche" con participación de las organizaciones territoriales emergentes. Dicho encuentro incorporó el concepto de "territorialidad indígena" hasta entonces ausente, exigiendo su reconocimiento y protección. Además propuso que las Áreas de Desarrollo Indígena constituyan en "espacios de autogestión, de participación indígena, y de protección del territorio frente a proyectos que perjudican el medio ambiente". El mismo Congreso propuso la autonomía como "eje de articulación del nuevo diálogo que impulsa el pueblo mapuche en su relación con el Estado y la sociedad chilena..."

Se gestiono un entrenamiento de fuerzas lideradas por comuneros mapuches con fuerzas narcoterroristas de la FARC de Colombia por el partido comunista de Chile en una serie de correos entre Raúl Reyes y Manuel Olate Céspedes. En los correos se detalla la siguiente correspondencia "Existen unos compañeros del pueblo mapuche (...) tienen planes ambiciosos respecto de liberar una zona del sur de Chile, donde actualmente viven. A través de unos contactos se acercaron a nosotros para pedir apoyo en términos de instrucción (...) precise detalladamente con los compañeros mapuche, su interés de recibir la experiencia nuestra. Hay que hacerles ver las características de quienes harían la experiencia partiendo por la dureza del entrenamiento militar y de los riesgos a que se exponen por la diaria confrontación armada con las tropas enemigas (...)"

Inicio de los atentados miniaturadeimagen|izquierda|250px|Panorama en Lumaco, donde inició el conflicto. miniaturadeimagen|izquierda|Héctor Llaitul, líder de la CAM. El 1 de diciembre de 1997, en Lumaco, tres camiones fueron quemados por un grupo de mapuches desconocidos, motivados tras haber escuchado las transmisiones radiales internas de Carabineros de Chile en las cuales, supuestamente, se les refería peyorativamente. Este acto marca el inicio del conflicto en plena transición a la democracia.

La construcción de la central hidroeléctrica Ralco la cual ocupó cementerios de comunidades indígenas contribuyó a la radicalización del movimiento autonomista que en 1997 crea la Coordinadora Arauco-Malleco. El hecho marcó un punto de inflexión en el desarrollo del "Movimiento Político Autonomista Mapuche" el cual se mostró a favor del término de un estado subalterno mapuche, además del desarrollo de intelectuales mapuche.

Aunque la violencia había empezado en la zona un tiempo antes, no se esperaba que escalase de tal manera. El atentado fue recibido con repudio y el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle aplicó la Ley de Seguridad del Estado.

La CAM se define como anticapitalista y se declara en resistencia contra el "neoliberalismo" y utilizan la violencia como método de "Control Territorial" o también denominado por el grupo como "Recuperación de la tierra", lugares en donde buscar ejercer poder el cual ven como "eje para la autodeterminación y el desarrollo integral del militante indígena".

Los dirigentes de la CAM (Héctor Llaitul) son una generación posterior a la de los fundadores del Consejo de Todas las Tierras (Aucán Huilcamán), más radicalizada, separatista o "nacionalitaria" y dispuesta a ocupar los territorios de facto para edificar la "Nación Mapuche".

Es desde 2012 cuando los atentados comienzan a ser graves. Los conflictos más dolosos se iniciaron la mañana del 10 de enero de aquel año, momento en el que cinco encapuchados quemaron dos casas, dos galpones y se enfrentaron a balazos con la policía. Esto encendió las alertas en el gobierno, debido a la «reagrupación de grupos violentistas que no se hacían presentes hace mucho tiempo». Esto hizo que el gobierno se reuniera y se hablara de cómo solucionar el conflicto en la zona.

Caso Luchsinger-Mackay

Cerca de la una de la mañana del 4 de enero de 2013, en el quinto aniversario de la muerte de Matías Catrileo, un grupo de asaltantes (entre los cuales se encontraba el machi Celestino Córdova) ingresó a la granja Lumahue, en la comuna de Vilcún, y se enfrentó con los dueños, Werner Luchsinger y Vivianne Mackay (de 75 y 69 años respectivamente). Los asaltantes incendiaron la casa y la pareja murió calcinada. Posteriormente, el juicio de Celestino Córdova y su implicación en el atentado se volvieron tema de discusión nacional, y finalmente el machi fue condenado a 18 años de prisión, sin garantías, por el asesinato de la pareja.

Manifestaciones de camioneros en 2015 A raíz de los constantes ataques incendiarios registrados en la zona, en 2015 un grupo de transportistas se manifestó frente al Palacio de la Moneda en donde se generó conflicto con los detractores de la manifestación.

Atentados incendiarios contra iglesias y escalada de ataques

Entre marzo y abril de 2016 se suscitaron una seguidilla de atentados incendiarios a iglesias católicas y evangélicas, tanto en la Región de la Araucanía como también en la Provincia de Arauco.

El 4 de enero del 2017, la CAM se adjudicó el incendio de cuatro camiones en las afueras de Lumaco, en la Región de Bío Bío, además de mostrar solidaridad por los miembros de la Resistencia Ancestral Mapuche. Meses después, el 12 de marzo, se registró un ataque incendiario en contra de la empresa Trans–Cavalieri, que destruyó completamente 19 camiones, 9 ramplas y un galpón en la ruta que une Temuco con Lautaro. El grupo justifico el atentado «en el justo proceso de lucha por el territorio y la autonomía de nuestro Pueblo Nación», recibiendo gran atención mediática por ser uno de los atentados que más daños ha dejado. No fue hasta el 17 de julio cuando militantes de la CAM se adjudicaron los ataques que afectaron a Sigmund Wila y Viviana Parra, dueños de terrenos en la zona, que dejó seis caballos muertos, quema de maquinarias y daños estructurales, lamentando la muerte de los caballos. El segundo ataque que se adjudicó fue al rancho Cahual en Quilaco, que dejó un tractor incendiado y un segundo con daños importantes.

Operación Huracán

La Operación Huracán fue un operativo que tuvo lugar el 23 de septiembre del 2017, mediante operaciones simultáneas en dos regiones coordinadas por Carabineros y la Fiscalía de La Araucanía, en el cual se detuvo a ocho personas pertenecientes a distintos grupos sociales o armados por su supuesto rol en una serie de atentados.http://www.eldinamo.cl/nacional/2018/01/26/operacion-huracan-la-historia-y-las-claves-del-caso-que-genero-el-quiebre-entre-fiscalia-y-carabineros/

El mismo día y hora en que personal de inteligencia de Carabineros periciaba los celulares de los dirigentes mapuche detenidos el 23 de septiembre, el capitán Leonardo Osses envió por correo electrónico a Álex Smith, creador del software Antorcha, un archivo de texto con supuestas conversaciones entre Héctor Llaitul y otros implicados en la causa. Esos mismos diálogos que luego aparecieron en archivos .txt en los celulares de Llaitul. Tres peritajes indican que los archivos no eran de mensajería instantánea y que habrían sido puestos en los teléfonos tras la incautación por la policía.http://ciperchile.cl/2018/02/13/el-email-que-compromete-a-capitan-de-carabineros-y-al-creador-del-software-antorcha/http://ciperchile.cl/2018/02/14/operacion-huracan-la-trama-que-dinamito-los-puentes-entre-carabineros-y-la-fiscalia-de-temuco/

Agudización del conflicto (2018-presente)

miniaturadeimagen|200px|Manifestante pidiendo Justicia por Juan Barrios en una manifestación en apoyo al Paro Nacional de Camioneros de Chile, agosto 2020.