El golpe de Estado de Pavía, o simplemente golpe de Pavía, fue un golpe de Estado que se produjo en España el 3 de enero de 1874, durante la Primera República y que estuvo encabezado por el general Manuel Pavía, capitán general de Castilla la Nueva cuya jurisdicción incluía Madrid. Consistió en la ocupación del edificio del Congreso de los Diputados por guardias civiles y soldados que desalojaron del mismo a los diputados cuando se estaba procediendo a la votación de un nuevo presidente del poder ejecutivo de la República en sustitución de Emilio Castelar que acababa de perder la moción de censura presentada por Francisco Pi y Margall, Estanislao Figueras y Nicolás Salmerón, líderes del sector del Partido Republicano Federal opuesto a la política «fuera de la órbita republicana» del republicano federal derechista Castelar. Precisamente el objetivo del golpe era impedir que Castelar fuera desalojado del gobierno, aunque como este tras el golpe no aceptó seguir en el poder por medios antidemocráticos, el general Pavía tuvo que reunir a los partidos contrarios a la república federal que decidieron poner al frente del gobierno nacional que promovía Pavía al líder del conservador Partido Constitucional, el general Francisco Serrano. Así se inició la segunda etapa de la República que se suele denominar «República Unitaria» o «Dictadura de Serrano».
El general Pavía en una intervención parlamentaria del 13 de marzo de 1875, es decir, después de producirse la Restauración borbónica, explicó con detalle el «acto del 3 de enero», como él designó al golpe de Estado que había encabezado —explicación que en 1878 publicó en forma de folleto—.
Antecedentes: la proclamación de la República Federal y la rebelión cantonal
El 11 de febrero de 1873, al día siguiente de la abdicación de Amadeo I, el Congreso y el Senado, constituidos en Asamblea Nacional, proclamaron la República por 258 votos contra 32, pero sin definirla como unitaria o como federal, postergando la decisión a las futuras Cortes Constituyentes, y nombraron como presidente del Poder Ejecutivo al republicano federal Estanislao Figueras. thumb|250px| Caricatura de la revista satírica La Flaca del 3 de marzo de 1873 sobre la pugna entre los radicales, que defienden la república unitaria, y los republicanos federales que defienden la federal. Y también sobre la pugna entre los federales "transigentes" e "intransigentes".
En mayo se celebraron las elecciones a Cortes Constituyentes, que a causa del retraimiento del resto de los partidos supusieron una aplastante victoria para el Partido Republicano Federal. Pero esta situación era engañosa porque en realidad los diputados republicanos federales de las Constituyentes estaban divididos en tres o cuatro grupos según los autores (existía además un grupo integrado por unos 20 diputados monárquicos y republicanos unitarios que constituían la extrema derecha de la Cámara; entre ellos se encontraban Antonio de los Ríos Rosas, Francisco Romero Robledo y Manuel Becerra y Bermúdez): Los «intransigentes» («jacobino-socialistas», los llama Román Miguel González) con unos 50 o 60 diputados formaban la extrema izquierda de la Cámara ―y ese era el lugar físico donde se sentaban―. Propugnaban que las Cortes se declararan en Convención, asumiendo todos los poderes del Estado ―el legislativo, el ejecutivo y el judicial― para construir la República Federal de abajo arriba, desde el municipio a los cantones y desde éstos al poder federal. También defendían la introducción de reformas sociales que mejoraran las condiciones de vida del «cuarto estado». Este sector de los republicanos federales no tenía un líder claro, aunque reconocían como su «patriarca» a José María Orense, el viejo marqués de Albaida. Destacaban dentro de él Nicolás Estévanez, Francisco Díaz Quintero, los generales Juan Contreras y Blas Pierrad, o los escritores Roque Barcia y Manuel Fernández Herrero. Antes de las elecciones ya habían creado el Centro Revolucionario Federal que después pasó a llamarse Centro Republicano Federal Español. Su principal órgano de prensa era La Justicia Federal. Román Miguel González ha destacado que el liderazgo del grupo recayó «en personajes cada vez más demagogos: Casalduero, Barcia, el general Contreras…». Los «centristas» («demosocialistas», los llama Román Miguel González) con unos 60 diputados liderados por Francisco Pi y Margall (por lo que en ocasiones también eran llamados «pimargallianos»), que constituían el centro-izquierda de la Cámara, coincidían con los «intransigentes» (o «jacobino-socialistas») en que el objetivo era construir una república federal de abajo arriba pero que, dado que no se había alcanzado el poder mediante una revolución, había que hacerlo de arriba abajo, es decir, primero había que elaboran la Constitución federal y luego proceder a la formación de los cantones o Estados federados. Dentro de los «demosocialistas» existía un pequeño grupo situado más a la izquierda que intentaba acercar posiciones con los «intransigentes» (o «jacobino-socialistas) y que estaba encabezado por Ramón de Cala, Eduardo Benot y Francisco Díaz Quintero. Paralelamente existía otro grupo situado más a la derecha que proponía el acercamiento a los «demoliberales reformistas» de Nicolás Salmerón y que estaba encabezado por José Cristóbal Sorní y Juan Manuel Cabello de la Vega. Los «demoliberales reformistas» (según la categorización de Román Miguel González), integrados por unos 40 o 50 diputados liderados por el «demokrausista» Nicolás Salmerón (Jorge Vilches los encuadra dentro de los «moderados», la derecha de la Cámara, en los que también incluye al grupo de Emilio Castelar). Estos «demoliberales con tendencias reformistas» constituían el centro-derecha de la Cámara y en su seno destacaban los también «demokrausistas», como Salmerón, Manuel Pedregal y Cañedo, Eduardo Palanca y Eduardo Chao. Coincidían con los pimargallianos en que la prioridad de las Cortes era aprobar la nueva Constitución ―rechazando, al igual que ellos, convertirlas en una Convención como demandaban los «intransigentes»― y se diferenciaban de los «demoliberales individualistas» de Castelar en que en el nuevo régimen solo cabrían los republicanos «viejos». Los «demoliberales individualistas» (según Román Miguel González), integrados por unos 50 o 60 diputados y cuyo líder indiscutible era Emilio Castelar. Constituían la derecha de la Cámara y a veces recibían el apoyo de la extrema derecha (monárquica y republicana unitaria), entre otras razones porque los «demoliberales individualistas» eran partidarios de la conciliación con los radicales y con los constitucionales para incluirlos en el nuevo régimen. Junto a Castelar destacaban Eleuterio Maisonnave, Buenaventura Abárzuza Ferrer y Miguel Morayta y Sagrario.
A pesar de esta división no tuvieron problemas en proclamar el 8 de junio la República Federal, una semana después de que se abrieron las Cortes Constituyentes bajo la presidencia del veterano republicano "intransigente" José María Orense, por 218 votos contra dos:
thumb|Retrato de Francisco Pi y Margall, segundo presidente del Poder Ejecutivo de la República. Cuando el presidente Figueras, que sufría una fuerte depresión por la muerte de su mujer, tuvo conocimiento de que el general «intransigente» Juan Contreras preparaba un golpe de Estado para iniciar la República federal «desde abajo», al margen del Gobierno y de las Cortes, temió por su vida y el 10 de junio huyó a Francia. Le sustituyó el republicano federal «centrista» Francisco Pi y Margall, que estableció como prioridad derrotar a los carlistas que ya llevaban más de un año alzados en armas, en la llamada tercera guerra carlista, y la elaboración y aprobación de la nueva Constitución de la República Federal. Pero, enseguida, el gobierno de Pi y Margall se encontró con la oposición de los republicanos federales «intransigentes» porque en su programa no se habían incluido algunas de las reivindicaciones históricas de los federales como «la abolición del estanco del tabaco, de la lotería, de los aranceles judiciales y de los consumos repuestos en 1870 por ausencia de recursos». Pero sobre todo lo que reclamaban los «intransigentes» era que las Cortes, mientras se redactaba y aprobaba la nueva Constitución de la República democrática federal, se constituyeran en Convención de la cual emanaría una Junta de Salud Pública que detentaría el poder ejecutivo, propuesta que fue rechazada por Pi y Margall y por la mayoría de diputados «centristas» y «moderados» que apoyaban al gobierno.
La respuesta de los «intransigentes» a la política de «Orden y Progreso» de Pi y Margall fue abandonar las Cortes el 1 de julio, acusando al gobierno de haber contemporizado e incluso claudicado frente a los enemigos de la República Federal. A continuación los «intransigentes» exhortaron a la inmediata y directa formación de cantones, lo que iniciaría la rebelión cantonal, formándose en Madrid un Comité de Salud Pública para dirigirla, aunque «lo que prevaleció fue la iniciativa de los federales locales, que se hicieron dueños de la situación en sus respectivas ciudades». Aunque hubo casos como el de Málaga en que las autoridades locales fueron las que encabezaron la sublevación, en la mayoría se formaron juntas revolucionarias. thumb|200px|Nicolás Salmerón Alonso, tercer presidente del Poder Ejecutivo de la Primera República Española y uno de los líderes del sector "moderado" del Partido Republicano Federal.
Para acabar con la rebelión del cantón de Cartagena, proclamado el 12 de julio, Pi y Margall se negó a aplicar las medidas de excepción que le proponía el sector «moderado» de su partido, que incluían la suspensión de las sesiones de las Cortes, porque los sublevados no hacían más que seguir la doctrina federalista «pactista» que él había proclamado, aunque siguiendo la vía insurreccional y no la vía legal que era la que él defendía. Confiaba en que la rápida aprobación de la Constitución federal —lo que no sucedió— y la vía del diálogo —la «guerra telegráfica» que ya le funcionó cuando la Diputación de Barcelona intentó proclamar el Estado catalán— haría entrar en razón a los sublevados. No obstante no dudó en recurrir a la represión. Como la política de Pi y Margall de persuasión y represión no consiguió detener la rebelión cantonal, el sector «moderado» le retiró su apoyo el 17 de julio votando a favor de Nicolás Salmerón. Al día siguiente Pi y Margall dimitió, tras 37 días de mandato.
El lema del nuevo gobierno de Salmerón fue el «imperio de la ley», lo que suponía que para salvar la República y las instituciones liberales había que acabar con carlistas y cantonales. Para sofocar la rebelión cantonal tomó medidas duras como destituir a los gobernadores civiles, alcaldes y militares que habían apoyado de alguna forma a los cantonalistas y a continuación nombró a generales contrarios a la República Federal como Manuel Pavía o Arsenio Martínez Campos —lo que no le importó porque lo prioritario era restablecer el orden— para que mandaran las expediciones militares a Andalucía y a Valencia, respectivamente. «Además, movilizó a los reservistas, aumentó la Guardia Civil con 30 000 hombres, nombró delegados del Gobierno en las provincias con las mismas atribuciones que el Ejecutivo. Autorizó a las Diputaciones a imponer contribuciones de guerra y a organizar cuerpos armados provinciales, y decretó que los barcos en poder de los cartageneros se consideraran piratas —lo que suponía que cualquier embarcación podía abatirlos estuviera en aguas españolas o no»". Gracias a estas medidas fueron sometidos uno tras otro los distintos cantones, excepto el de Cartagena que resistiría hasta el 12 de enero de 1874.