thumb|225px|José María Aznar en 2000. Los gobiernos de José María Aznar (1996-2004) constituyen el tercer periodo del reinado de Juan Carlos I de España. Durante ocho años el Partido Popular (PP) ocupó el gobierno de España bajo la presidencia de José María Aznar. En su primer mandato (1996-2000), al no haber obtenido la mayoría absoluta, el PP tuvo que recurrir al apoyo de los nacionalistas catalanes de CiU para gobernar, pero en su segundo mandato (2000-2004) no tuvo necesidad de pactos al haber obtenido la mayoría absoluta en las elecciones generales de marzo de 2000.
En esta segunda etapa de gobierno el PP se encontró con una mayor oposición por parte del PSOE que tras la elección de un nuevo equipo dirigente encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero superó por fin la larga crisis que había vivido tras las derrotas sucesivas de las elecciones de 1996 y de 2000. Asimismo entre 2000 y 2004 el PP tuvo que hacer frente a una mayor movilización social en contra de algunas de sus políticas —como la educativa o el Plan Hidrológico Nacional que preveía el trasvase del Ebro hacia Valencia, Murcia y Almería— que alcanzó su punto culminante el 20 de junio de 2002 con la huelga general que convocaron los dos grandes sindicatos CC OO y UGT para mostrar su rechazo al «decretazo» que preveía recortes en el subsidio de desempleo y que finalmente fue retirado. La movilización callejera continuó a causa de la gestión del gobierno de la catástrofe ecológica del petrolero Prestige —que en noviembre de 2002 sufrió la ruptura de su casco frente a las costas de Galicia produciéndose el vertido al mar de una parte del fuel-oil que transportaba y que en pocos días contaminó la costa gallega con toneladas de chapapote— y sobre todo por el rechazo a la guerra de Irak, apoyada por el gobierno de Aznar. La «legislatura de la crispación» y el triunfo del Partido Popular en las elecciones de 1996
thumb|left|175px|José María Aznar en 1996. Sorprendentemente en las elecciones de junio de 1993 el PSOE volvió a ganar y el Partido Popular de José María Aznar, que estaba convencido de su victoria, fue derrotado. Sin embargo, los socialistas no renovaron la mayoría absoluta que tenían desde 1982 —se quedaron a 17 escaños—, por lo que para poder gobernar Felipe González tuvo que llegar a un acuerdo parlamentario con los nacionalistas catalanes y vascos.
Además de ocuparse de la crisis económica que se había iniciado en la segunda mitad de 1992, el gobierno socialista de Felipe González tuvo que hacer frente a la aparición de nuevos escándalos, que se tradujeron en un duro enfrentamiento con la oposición, tanto del Partido Popular como de Izquierda Unida, por lo que el cuarto mandato socialista sería conocido como la «legislatura de la crispación».
Entre los nuevos escándalos, el más espectacular y el de mayor impacto popular y mediático fue el «caso Roldán», llamado así por Luis Roldán, primer director no militar de la Guardia Civil de toda su historia, que fue detenido acusado de haber amasado una fortuna gracias al cobro de comisiones ilegales de los contratistas de obras de la Benemérita y a la apropiación de los fondos reservados del Ministerio del Interior y que, en abril de 1994, cuatro meses después de su detención, se dio a la fuga. Estos escándalos abrieron de nuevo una crisis de confianza en el gobierno socialista que se tradujo en la exigencia de la dimisión del presidente del gobierno por parte de José María Aznar, líder del Partido Popular, y de Julio Anguita, coordinador general de Izquierda Unida.
En este contexto se celebraron las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 1994, en las que el Partido Popular por primera vez sobrepasó al PSOE en número de votos —obtuvo el 40% de los sufragios frente al 30% de los socialistas—, lo que le llevó a exigir la celebración de elecciones generales, pero Felipe González se negó, una vez confirmado que seguía teniendo el apoyo de CiU. José María Aznar a partir de entonces en cada intervención parlamentaria utilizará la «machacona invectiva» de «Váyase, señor González» jaleada por los diputados del grupo parlamentario popular.
Un mes antes de celebrarse las elecciones europeas el juez Baltasar Garzón —que había dejado su escaño de diputado en el Congreso por el PSOE y el cargo de Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y había vuelto a su juzgado de la Audiencia Nacional— reabrió el caso GAL y concedió la libertad provisional a los policías José Amedo y Michel Domínguez que habían sido condenados en 1988 por su participación en varios atentados atribuidos al «Grupos Antiterroristas de Liberación» y que estaban dispuestos a contar todo lo que sabían una vez el gobierno no aprobó su indulto tal como se les había prometido. Las declaraciones de Amedo y Domínguez condujeron a la detención de varios altos cargos de la administración socialista por su presunta participación en el secuestro y asesinato frustrado del ciudadano francés Segundo Marey, confundido con un miembro de ETA por un comando de los GAL.
En marzo de 1995 se destapó otro gran escándalo relacionado con la «guerra sucia» contra ETA. En esa fecha se produjo la detención por orden del juez de la Audienda Nacional Javier Gómez de Liaño del general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo por su presunta implicación en el «caso Lasa y Zabala», el secuestro y posterior asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, presuntos miembros de ETA capturados en Francia por los GAL en 1983 y cuyos cadáveres, enterrados en cal viva, fueron encontrados en Busot (Alicante) dos años después.
Poco después estallaba un tercer escándalo relacionado con los GAL y que fue conocido como el de los papeles del CESID, que mostraría, según David Ruiz, las «cotas insólitas» que llegó a alcanzar «la estrategia de acoso al Gobierno presidido por Felipe González». Se trataba de la sustracción por parte del segundo jefe del servicio secreto, el coronel Juan Alberto Perote, de una serie de documentos que al parecer implicaban a más políticos socialistas en el «caso de los GAL» y que Perote, según informó el diario El País, había entregado a Mario Conde para que chantajeara a las altas instancias del Estado para que neutralizaran las acciones judiciales emprendidas contra él y contra Javier de la Rosa. Una parte de los documentos eran transcripciones de las escuchas telefónicas ilegales, por lo que el vicepresidente del gobierno Narcís Serra, ministro de Defensa cuando se realizaron las escuchas, y su sucesor en el cargo, Julián García Vargas, se vieron obligados a presentar la dimisión. thumb|280px|left|Resultado de las elecciones generales de España de 1996 por provincias. En mayo de 1995 se celebraron las elecciones municipales y autonómicas, en un clima marcado por el atentado perpetrado por ETA el 20 de abril y del que salió milagrosamente ileso el líder de la oposición, José María Aznar, y la detención y entrega en Laos del fugado Luis Roldán. La victoria fue de nuevo para el Partido Popular que aventajó en casi cinco puntos al PSOE —consiguió el 35,2% de los votos emitidos frente al 30,8% de los socialistas—. Casi todas las capitales de provincia y las ciudades de más habitantes pasaron a estar gobernadas por el PP.
Ante el cúmulo de escándalos el líder de CiU y presidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol, retiró el apoyo parlamentario de los diputados de CiU al gobierno, por lo que éste quedó en minoría en las Cortes. El presidente del gobierno Felipe González no tuvo más remedio que convocar elecciones generales para el 3 de marzo de 1996.
El Partido Popular ganó las elecciones pero no por el amplio margen que se esperaba pues sólo superó al PSOE en 300.000 votos —9,7 millones frente a 9,4 millones— y se quedó lejos de la mayoría absoluta —consiguió 156 diputados, 15 más que el PSOE—. De todas formas el PP logró su objetivo de desalojar a los socialistas del poder, «después de intentarlo con denuedo durante más de una década».
La gran decepción por el resultado electoral se la llevó Izquierda Unida que esperaba acercarse al PSOE, e incluso superarle, y se tuvo que conformar con 21 diputados.
La política económica y social
La modernización económica, la adopción del euro y la «burbuja inmobiliaria»
El programa económico que puso en práctica el Partido Popular se fijó como objetivos inmediatos mejorar la eficiencia y la competitividad de la economía con la liberalización de los mercados de determinados sectores y con la completa privatización de empresas públicas, como Telefónica o Repsol; reducir la inflación mediante el control del gasto público y la consiguiente disminución del déficit presupuestario —hasta alcanzar el déficit 0— y la «moderación salarial» que se pactaría con los sindicatos; y «flexibilizar» el mercado de trabajo, impulsando el «diálogo social» para reducir las indemnizaciones por despido e incentivar así las contrataciones indefinidas —el acuerdo entre la CEOE, UGT y CC OO y el gobierno fue firmado efectivamente en abril de 1997—.
La finalidad última de estas medidas era cumplir con los requisitos impuestos por la Unión Europea —inflación, déficit público, deuda pública, tipos de interés— para poder adoptar la nueva moneda común, el euro. Y en este campo el éxito fue completo porque la economía española experimentó un fuerte crecimiento, se redujo el paro y la inflación bajó a mínimos históricos, por lo que en mayo de 1998 España pudo formar parte del grupo de once países de la Unión Europea que adoptaron el euro, aunque hasta el 1 de enero de 2002 los billetes y monedas de euros no comenzaron físicamente a circular.
Una de las claves de este éxito fue la política de privatizaciones de las grandes empresas públicas (como Telefónica, Endesa, Aceralia, Argentaria, Tabacalera, Repsol y Gas Natural) que proporcionaron al Estado unos enormes ingresos extraordinarios que sirvieron para reducir la deuda pública y el déficit.
La otra cara del fuerte crecimiento económico de estos años fue la burbuja inmobiliaria que generó ya que el principal motor económico fue la construcción de viviendas y la demanda de las mismas se debía a que muchos ahorradores no las compraban para habitarlas sino como inversión para venderlas más adelante a un precio mayor, gracias al alza constante de su valor. Asimismo la adquisición de una vivienda se convirtió en uno de los problemas más acuciantes para muchas personas, especialmente para los jóvenes. La burbuja inmobiliaria continuaría creciendo hasta que explotó en 2007. Internacionalmente, por aquella época, se estaba inflando otra burbuja: la burbuja puntocom, que acabaría estallando en el año 2000 y afectó a algunas empresas tecnológicas españolas como Terra.Terra: veinte años del gran fiasco 'puntocom' español
El mantenimiento del estado del bienestar y el nuevo fenómeno de la inmigración La favorable coyuntura económica permitió hacer compatible el mantenimiento del gasto social (educación, sanidad, pensiones) con la reducción del déficit público y con la rebaja de los impuestos directos. Esto eliminó los temores que había suscitado entre ciertos sectores la llegada al poder del Partido Popular por la posible reducción de las prestaciones sociales.
En el tema de las pensiones, por ejemplo, el PP reafirmó la validez del llamado Pacto de Toledo, firmado en 1995, por el que se garantizaba el mantenimiento y la viabilidad del sistema público de pensiones basado en las cotizaciones de empresarios y trabajadores. Además, gracias al aumento espectacular del número de afiliados, la Seguridad Social consiguió superar el déficit que tenía en 1995. Eso es lo que indujo al gobierno a presentar en las Cortes un proyecto de ley —que fue aprobado en 1999— de revalorización automática de las pensiones —que sería igual a la inflación registrada cada año—.